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Morales se rebela contra los resultados de las regionales

Se suceden las denuncias de líderes oficialistas bolivianos

El presidente de Bolivia, Evo Morales, parece haber prendido la mecha del descontento de los perdedores en las elecciones regionales y municipales del pasado domingo, tras su denuncia de fraude y su amenaza de llevar a juicio a vocales de las Cortes Electorales de Santa Cruz, Tarija y Beni, donde su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), perdió las gobernaciones, aunque no sus escaños en los legislativos regionales y municipales.

Morales señaló que las cortes incurrieron en delito, por lo que tomará "acciones penales contra estas autoridades que se juegan con la democracia", al terminar una evaluación de los resultados preliminares de las elecciones durante una sesión del Gabinete.

La declaración presidencial tuvo un inmediato eco en los movimientos sociales que le son afines. Sus dirigentes comenzaron a formular denuncias desde varios puntos del país sobre supuestos fraudes y a exigir una nueva votación, mientras los medios de comunicación mostraban urnas reselladas o papeletas de voto utilizadas en las elecciones en bolsas plásticas en depósitos particulares o basureros como una prueba del presunto fraude.

La legislación electoral da total validez a las cifras anotadas en el acta por los miembros de las mesas y los delegados de los partidos, que suscriben el documento antes de enviarlo a las cortes para el recuento final de votos.

Los enfrentamientos con piedras y palos dejaron un saldo indeterminado de heridos en Santa Cruz, Cobija y otras poblaciones pequeñas, aun cuando se percibe ya una fuerte tensión en todo el país. "No lloren, aprendan a perder", decían los seguidores de los opositores a los enojados militantes del MAS.

El presidente de la Corte Nacional Electoral, José Antonio Costas, expresó al diario El Deber de Santa Cruz su preocupación ante las declaraciones del presidente Morales sin contar "con la información suficiente". La misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) había informado el lunes sobre la transparencia de los comicios y la alta participación ciudadana en los mismos.

Costas lamentó que los candidatos no hayan aprendido a perder: "Mientras ganan no hay ninguna amenaza, pero inmediatamente que las cosas no resultan como están en su expectativa, empiezan las amenazas. Por eso digo claramente: dejen trabajar al órgano electoral. Si hay algún problema, si hay alguna infracción que se cometa... bueno, habrá que someterse, pero mientras tanto debe haber la libertad suficiente para que nosotros hagamos nuestro trabajo".

Los presidentes de las cortes de Santa Cruz, Beni, Tarija y Pando rechazaron las acusaciones del presidente Morales y pidieron pruebas del presunto delito del que se les acusa. Demandaron que se les permita concluir con su trabajo y el escrutinio de los votos, cuyo resultado final no se conocerá hasta el próximo 29 de abril.

El presidente boliviano pierde fuerza en zonas clave

El escrutinio en las cortes de cada departamento está confirmando el revés político sufrido por el partido de Morales en zonas en las que se daba por segura una gran mayoría de votos a su favor, especialmente en la región altiplánica de La Paz, donde plazas electorales emblemáticas como Achacachi, cuartel de las milicias de los Ponchos Rojos, le dieron la espalda como castigo a la decisión de su partido de no tomar en cuenta la selección de candidatos que estas comunidades hicieron llegar al MAS. En la alcaldía de Cochabamba, la diferencia entre el ganador oficialista y su inmediato rival fue de menos de 5.000 votos, mientras que en El Alto se registró una diferencia de siete puntos porcentuales entre el aspirante del MAS y la candidata de Unidad Nacional (UN) , cuando hace apenas cuatro meses los pobladores le dieron el 80% de los votos a Morales en los comicios presidenciales.

La reacción gubernamental ha sido interpretada por diputados de la oposición como un supuesto espíritu de revancha ante el triunfo logrado por los reelegidos gobernadores de Santa Cruz, Rubén Costas; de Tarija, Mario Cossío, y de Beni, Ernesto Suárez. Estos gobernadores se han convertido en adversarios del Gobierno por su lucha, en años pasados, en pro de una autonomía que ya está reconocida en la Constitución, donde se plantea, además, una estructura federal para su funcionamiento.

Pando se ha convertido en la manzana de la discordia por el peso político que representa -aunque es el menos poblado, pese a las nuevas colonias establecidas por Morales-, tanto para el oficialismo que busca consolidar su hegemonía y penetrar en el oriente boliviano por el eslabón más débil, como para la oposición, que vería menguada la fuerza de la llamada media luna, la zona de mayor producción agrícola, ganadera y petrolera del país.

El triunfo en las urnas de los adversarios tendrá, aparentemente, un sabor amargo debido a las iniciativas emprendidas por el Gobierno en diversos campos.

Los tres gobernadores reelegidos y los alcaldes de La Paz y Sucre, entre otros candidatos ganadores, tendrán que atender las demandas judiciales instauradas por el Ministerio de Transparencia antes de tomar posesión. En el caso de los gobernadores, los cargos se refieren al uso no autorizado de recursos económicos para los referendos autonómicos de mayo y junio de 2008. El alcalde de Sucre, Jaime Barrón, está bajo sospecha de haber recibido sueldos superiores al del presidente Morales, algo prohibido por el Gobierno.

El Ministerio Público de La Paz ha convocado al gobernador Rubén Costas a declarar en esa ciudad por presunta vinculación con un supuesto grupo de terroristas separatistas, abatido por la policía hace ya un año en un hotel de Santa Cruz, aun cuando la diputada de Convergencia Nacional, Norma Piérola, advirtió de que el fiscal Marcelo Sosa contaba ya con una orden de captura contra Costas; el dirigente regional exige declarar ante un juez en la jurisdicción del departamento oriental.