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La fractura política argentina empaña los actos de condena de la dictadura

La oposición acusa a los Kirchner de hacer uso político de los derechos humanos

Soledad Gallego-Díaz

Los actos conmemorativos del 34º aniversario del golpe de Estado militar en Argentina adquirieron este año un tinte polémico, al vincularse con el llamado caso Noble, el proceso judicial para proceder a la identificación obligatoria de los dos hijos adoptados en aquellas fechas por Ernestina Herrera de Noble, propietaria de Clarín, el principal grupo de comunicación de Argentina. Se trata de dos jóvenes, Marcela y Felipe, que ahora tienen 33 años, y a los que las Abuelas de Mayo consideran "hijos de desaparecidos".

La celebración del Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia no ayudó a aliviar el enfrentamiento que vive la clase política argentina. Los actos se celebraron en la antigua Escuela Mecánica de la Armada, la odiada ESMA, donde desaparecieron 5.000 personas y se secuestró a decenas de bebés. Está previsto que la ESMA se convierta en un Museo de la Memoria, pero hoy sólo funciona un auditorio.

En el acto oficial, al igual que en la manifestación celebrada por la tarde en la plaza de Mayo, no estuvo presente la mayoría de los grupos políticos de oposición, que acusan a los Kirchner de haberse "apropiado" de la política de derechos humanos y de convertir este tipo de actos en ceremonias de afirmación oficialista.

La presidenta Cristina Fernández negó que eso fuera así: "Este no es un problema de derechas o de izquierdas". Cristina Fernández, que estaba acompañada por su esposo, el ex presidente Néstor Kirchner, arremetió contra la propuesta de Eduardo Duhalde, uno de los grandes barones del peronismo, que había sugerido, pocas horas antes, que en las elecciones presidenciales de 2011 se le pregunte también a los votantes si quieren que se siga "juzgando al pasado". "Aquí no vamos a juzgar al pasado, sino a personas concretas que cometieron delitos concretos", mantuvo la presidenta.

Cristina Fernández se quejó de la tardanza con que actúa la justicia argentina en las causas contra los torturadores. Sorprendentemente, se comprometió "a acompañar" a las Abuelas de la Plaza de Mayo a los tribunales internacionales, si la justicia nacional no es capaz de darles satisfacción. La presidenta acusó a "poderes mediáticos mafiosos y extorsivos" de frenar esos procesos y aseguró que no hay "Estado de derecho si no hay identidad", lo que fue interpretado como una alusión a Clarín y al mencionado caso Noble. La alusión se produce, además, en el contexto de una feroz batalla entre el grupo Clarín y los Kirchner, que tuvieron excelentes relaciones durante años.

El caso de Marcela y Felipe Noble fue puesto en marcha por las Abuelas de Mayo a instancias de dos familias que creen que los dos jóvenes pueden ser sus nietos. Ernestina Herrera de Noble, que tiene ahora 84 años, asegura que los dos niños fueron abandonados en la puerta de su casa. La batalla legal se desarrolla desde hace siete años, con una fuerte disputa sobre cómo practicar las pruebas de ADN. Hasta el año pasado, se consideraba que no se podía obligar a los dos jóvenes, que son adultos, a conocer su identidad si no querían hacerlo, pero el pasado noviembre, el Congreso aprobó una ley que obliga a los sospechosos de ser hijos de desaparecidos a ceder muestras de ADN para proceder a su identificación.

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La familia Noble asegura que las muestras obtenidas en diciembre de 2009 en el Cuerpo Médico Forense de Buenos Aires son correctas, mientras que las Abuelas de Mayo quieren que actúe como perito el Banco Nacional de Datos Genéticos, que puede confrontar el ADN de los dos jóvenes con los de los familiares de varios miles de desaparecidos. Además, exigen que la justicia actúe con más celeridad en este caso.

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