Morales emprende la reforma del poder judicial con 18 nombramientos

El poder judicial boliviano comenzó ayer un "proceso de descolonización" y una "etapa revolucionaria" con la designación presidencial de casi una veintena de magistrados interinos, encargados de la transformación de sus estructuras y cambios profundos en la administración de justicia.

En una ceremonia celebrada en Sucre, la capital constitucional del país, el presidente Evo Morales designó y tomó el juramento de rigor a 18 magistrados que asumen funciones en la Corte Suprema de Justicia, en el Tribunal Constitucional y en el Consejo de la Judicatura. El pasado fin de semana, la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó una ley transitoria que otorgó a Morales la facultad de nombrar a los magistrados de estas instituciones, que ejercerán hasta diciembre de este año, cuando los jueces titulares se elegirán por voto popular en las urnas. Antes de esta reforma, los miembros del poder judicial eran designados por el Congreso, donde debían obtener los votos de dos tercios de la cámara.

Con estas designaciones presidenciales, el poder judicial podrá reanudar sus funciones en plenitud, después de casi tres años de crisis por la renuncia o suspensión por juicios en el Congreso de un buen número de magistrados, tanto de la Corte Suprema de Justicia -cuyo presidente, Eddy Fernández, continúa suspendido mientras se resuelve un juicio político iniciado en la anterior legislatura-, como del Tribunal Constitucional -virtualmente paralizado por la suspensión de su presupuesto desde el Tesoro General-, y del Consejo de la Judicatura.

Morales comenzó su discurso expresando su nerviosismo al ver "tantas corbatas que son como un castigo" entre los asistentes al solemne acto de posesión de magistrados -en una de las ciudades más conservadoras y elegantes del país-, y recordó inmediatamente después algunas cifras que reflejan el gran problema de la justicia boliviana: los retrasos en todos los procesos, que dan paso a la corrupción.

"El reto es cómo descolonizar la justicia para nacionalizar el derecho", dijo Morales, quien pidió a los nuevos magistrados "acabar con ese manejo oscuro de la justicia, pues la justicia no es para quien paga, quien invierte; acabar con el trípode de la corrupción y aquí hablo de que no puede seguir eso de llamar al juez o al fiscal para arreglar un asunto a favor del defensor o el acusador".

Morales advirtió a los nuevos administradores de justicia que afrontan un gran desafío: apoyar la lucha contra el narcotráfico, tras criticar a aquellos jueces que en el pasado otorgaron la libertad a sospechosos detenidos por la policía.

Puso énfasis también en "la enorme responsabilidad de velar por la unidad de la patria", en clara alusión a varios líderes regionales de los departamentos que han exigido autonomía, a los que el Gobierno acusa de encabezar movimientos separatistas. "Quiero ver cómo se defiende a la patria cuando internamente se conspira contra su unidad, cómo actúa la justicia", dijo Morales.

El presidente pidió además una mayor coordinación, "que no es intromisión en ningún órgano del Estado", para profundizar la revolución en el área judicial con una redefinición de la ideología jurídica con el objetivo de servir al pueblo. "Ustedes tienen que sentar las bases de una gran revolución en el poder judicial", afirmó.

En representación de los nuevos magistrados, la abogada Ana María Forest Cors comprometió todos sus esfuerzos para que, en los 10 meses de gestión que quedan por delante, se acabe en lo posible con los retrasos en la justicia y se logre una administración imparcial, proba, justa y libre de corrupción hasta que el pueblo boliviano elija a un nuevo poder judicial, por primera vez en la historia del país.