Piñera y Frei se centran en los derechos humanos

El último debate previo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile del próximo domingo mostró las diferencias entre los candidatos. El empresario Sebastián Piñera, que representa a la derecha, y el senador Eduardo Frei, por la coalición gobernante de centro-izquierda, discreparon en temas de derechos humanos y economía, aunque fueron pocos los momentos de confrontación directa y descalificación mutua en las dos horas de programa retransmitidas por los canales de televisión abierta la noche del lunes.

Los observadores coincidieron ayer en la prensa chilena en que el resultado de esta contienda fue equilibrado, mientras que cada uno de los equipos de campaña creyeron haberse impuesto sobre el adversario o al menos haber logrado un empate. Precedido de gran expectativa en unas elecciones en que por primera vez la Concertación parte en desventaja frente a la derecha y se anticipa una elección reñida el próximo domingo según los sondeos, el debate sirvió probablemente más para reafirmar a los propios partidarios que para conquistar nuevos adherentes.

Frei, más relajado que en otros debates, se definió como el candidato "del progresismo", porque reúne tras de sí al centro-izquierda, los comunistas y la mayoría de los partidarios del independiente Marco Enríquez-Ominami, que resultó tercero en la primera vuelta. Asoció el progresismo con llevar a la práctica un sistema de protección social, aspirar a una reforma laboral y la defensa de la píldora del día después, entre otros temas.

A Piñera se le vio incómodo ante las insistentes preguntas sobre si incluirá en su Gobierno a ex autoridades de la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990). "No contemplo que ministros del Gobierno militar se repitan el plato", afirmó el empresario, y cuando le consultaron sobre otras figuras que sí estuvieron en cargos en la dictadura y hoy ocupan puestos en su equipo, replicó que no fueron ministros de Pinochet y que no es "pecado" haber trabajado honestamente en esa Administración.

Respecto a las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, Piñera afirmó que las ha condenado toda su vida y que fue ésa una de las principales razones por las que se situó como opositor al Gobierno militar, además de recordar que votó por el no en el plebiscito de 1988 (con el que Pinochet quiso prolongarse en el poder). Pero, admitió, una "parte de mi sector ha cometido errores en esta materia y lo han reconocido", aunque negó que la Concertación tenga "supremacía moral" en temas de derechos humanos.

Frei replicó recordando que, siendo senador en los años noventa, Piñera propuso una ley para amnistiar a los autores, cómplices o encubridores de delitos contra los derechos humanos en la dictadura que, de haberse concretado, habría impedido, por ejemplo, investigar el asesinato de su padre, en 1982, el ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Según indicó, él no tiene críticas respecto a Piñera en materia de derechos humanos, "pero sí con el sector que lo acompaña".

También hubo discrepancias sobre temas económicos y sociales. Piñera sostuvo que creará un millón de empleos en su Gobierno, mientras que Frei replicó que no es posible generar más de 800.000 puestos de trabajo, salvo en el caso de que el Estado intervenga.

Vestidos ambos candidatos con ternos oscuros y corbatas rojas, se acomodaron a un formato en que hubo poco diálogo entre ellos y más respuestas a preguntas de los periodistas, uno por cada canal de televisión.

Mientras Frei buscó acentuar que es el continuador de la presidenta Michelle Bachelet y de la obra de las dos décadas de Gobiernos de la Concertación, el candidato de la derecha, Piñera, enfatizó que él representa el cambio y la alternancia, y quiso disociarse del lastre del pasado de la dictadura que pesa en sus partidos.

Al comentar el debate tras inaugurar nuevos tramos del metro en la capital, Michelle Bachelet afirmó que ayer se pudo comprobar que ambos candidatos tienen distintas opciones. "Siempre he dicho que no da lo mismo quien gobierne (...) para asegurar la protección social, para que haya una educación pública de calidad y para que se pueda defender a los ciudadanos contra los abusos", recordó.