¿Es posible una favela sin 'narcos'?

Desde ahora y hasta el año 2016, fecha de los Juegos Olímpicos, las autoridades cariocas —Estado y ciudad de Río de Janeiro— tienen ante sí un reto histórico: la pacificación de, si no todas, al menos las principales y más violentas de las 1.020 favelas de Río, que albergan a dos millones de habitantes, un quinto de la población total, que supera los 10 millones.

Las primeras actuaciones del Gobierno brasileño en este sentido son positivas. En unas seis o siete favelas, los traficantes de droga se han ido y en ellas se han establecido permanentemente las fuerzas policiales, que antes subían a esta zona sólo en operaciones especiales para combatir a los narcos.

Sin embargo, los problemas son múltiples y no de fácil solución, como acaba de subrayar César Mais, que ha ejercido como alcalde de Río en varias ocasiones y es un profundo conocedor de los entresijos de la ciudad.

En primer lugar, es necesario —como ya se hizo en Colombia— fortalecer la seguridad y vigilancia en los alrededores de las favelas pacificadas. De otro modo, los narcos se desplazan a otras zonas de la ciudad llevando consigo la violencia que antes ejercían en las favelas. Eso ya ha ocurrido en los últimos meses, por ejemplo en el barrio de Copacabana, que se convirtió en escenario de una auténtica guerrilla urbana y donde los traficantes obligaron a cerrar los comercios.

Otro punto clave es conseguir que en las favelas pacificadas no baje el índice de crecimiento económico, algo que afecta directamente a sus habitantes, quienes no pocas veces temen más la fuerza bruta de la policía —que, según ellos, sólo acarrea violencia— que la de los narcotraficantes. Porque éstos en muchas ocasiones acaban convirtiéndose en mecenas de los más pobres, a quienes ofrecen ayudas concretas, como servicios públicos gratuitos, medicinas, ambulancias, etc. Al mismo tiempo, la presencia de los traficantes en las favelas, con sus puntos de venta de droga, favorece una actividad económica en bares, comercios y lugares de diversión. Incluso llegan a subvencionar fiestas para los jóvenes. Y les permiten tener luz, acceso a Internet, gas... gratuitamente. Todo esto deja de ser posible cuando en una favela entra el Estado y, con él, la legalidad.

Según algunos analistas, al mismo tiempo que expulsa a los narcos de las favelas, el Gobierno debería dar a las familias compensaciones económicas, como por ejemplo la tan cacareada propiedad de sus barracas, que en algunas barriadas son auténticas casas. Con ello, sus habitantes se convertirían en verdaderos ciudadanos, capaces de tener una dirección de correo y de abrir una cuenta en el banco, ya que pasarían a la legalidad. Varios programas anunciados por el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre todo en cuanto a la creación de infraestructuras de carácter social y deportivo, van en esa dirección. Algunos de los ciudadanos de la Ciudad Partida, como bautizó a Río el escritor Zuenir Ventura, los que viven debajo de las favelas, los privilegiados, están contentos con los intentos de pacificación de estos barrios pobres y hasta se emocionan con la posibilidad de visitarlos sin peligro. El gran temor se expresa en la pregunta que se hacen los ciudadanos, según se observa en muchas de las cartas que los lectores dirigen a los diarios: ¿por qué las autoridades, en vez de expulsar de las favelas a los narcos, que acaban yéndose a otros lugares de la ciudad, no los detienen y juzgan?