Empleada de hogar e inmigrante, doble discriminación

Lola tiene 37 años y llegó a España en 2004 desde su Bolivia natal. Vive en una pequeña ciudad de provincias, donde limpia una casa por las mañanas y por las noches cuida de una anciana. No es una historia desconocida: miles de inmigrantes, la mayoría mujeres, cuidan en España de personas dependientes, la mayoría niños y ancianos, con duras condiciones laborales y una situación de especial vulnerabilidad ante la legislación de extranjería.

La parte menos conocida de la historia ocurre al otro lado del Atlántico, donde quedaron los hijos de Lola a cargo de parientes, ya que su marido la siguió a España. Lograron traer al mayor, de 13 años, pero el pequeño, de cinco, sigue en Bolivia al cuidado de su cuñada. Sin embargo, por las noches Lola debe dejar solo en casa al hijo que tiene con ella, porque su esposo vive en Madrid.

En la misma situación de esta boliviana se encuentran miles de mujeres inmigrantes, que dejaron en su país hijos o padres ancianos de los que se han tenido que hacer cargo otras personas, también mujeres en su mayoría. Todas ellas forman parte de las cadenas globales de cuidados, un fenómeno que el Instituto Internacional de Investigación y Capacitación de Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer (UN-Instraw, en sus siglas en inglés) investiga desde hace año y medio. El estudio se realiza de forma coordinada en España, Bolivia, Chile y Ecuador, e incluye la emigración interregional.

"Estábamos investigando los vínculos entre migración y desarrollo desde una perspectiva de género, muy enfocados en el tema de remesas, y decidimos ampliar un poco la mirada e investigar a las mujeres en el sector de cuidados", afirma Mar García, coordinadora del proyecto.

El trabajo de esta institución no sólo se centra en la investigación, sino que también desarrolla la acción política, tanto en España como en los países de origen de la migración. En este contexto, asociaciones de empleadas de hogar, Gobierno y sindicatos se reúnen hoy en Madrid para debatir la posible reforma del Régimen Especial de Empleados de Hogar (REEH), en el marco de unas jornadas organizadas por el Instraw, con la colaboración del Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas para la Mujer (Unifem).

En el encuentro se debatirá un pliego de propuestas elaboradas por asociaciones de empleadas de hogar, de inmigrantes y feministas, que se reunieron los pasados 26 de septiembre y 23 y 24 de octubre en otras jornadas organizadas por el Instraw para analizar la situación del sector de los cuidados desde una perspectiva multinacional.

Al menos 754.000 hogares contratan empleo doméstico en España, no sólo para limpieza, sino también para el cuidado de personas dependientes, según refleja la Encuesta de Población Activa del último trimestre de 2008. Es más del doble de los 357.000 hogares que lo hacían a finales de 1997, gracias a las entrada en el sector de miles de trabajadores inmigrantes. Se trata de un sector mayoritariamente femenino: el 92% de los 330.000 extranjeros no comunitarios dados de alta en el REEH son mujeres y el 60% de éstas proviene de América Latina. Por otra parte, en torno a un 60% de las empleadas domésticas trabaja en la economía sumergida.

Es un fenómeno global: en Italia, casi un millón de familias contratan empleo de hogar, más de la mitad con extranjeras extracomunitarias, y recientemente se abrió un proceso de regularización para las empleadas domésticas; en Francia, más del 50% de las inmigrantes trabajan en empleo de hogar, según datos de la OIT publicados en 2004.

En España, el REEH favorece la informalidad, ya que no obliga al empleador a dar el alta en la Seguridad Social por debajo de las 20 horas semanales. Las afiliadas a este régimen carecen de prestaciones por desempleo y perciben menores indemnizaciones por despido, entre otros aspectos. Además, en un sector mayoritariamente femenino, no se protege la maternidad: a pesar de lo que exige la ley, en caso de embarazo no hay nulidad del despido, debido al conflicto con el derecho a la inviolabilidad del domicilio (el despido nulo obliga a la readmisión).

Estas duras condiciones, combinadas con la legislación de extranjería, dejan a las trabajadoras inmigrantes en una situación de especial vulnerabilidad, ya que, entre otras cosas, la legalidad de los contratos orales en este régimen dificulta la renovación del permiso de residencia.

Entre las propuestas para el encuentro de hoy no sólo está la reforma de este régimen, sino también la regularización de las trabajadoras sin papeles, pero, puntualiza el Instraw, no como medidas aisladas, sino en el marco de una serie de reformas, que deben ser precedidas por un debate social sobre los cuidados.