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El Estado colombiano, condenado por pasividad ante una matanza paramilitar

Un juez decreta una indemnización millonaria por la matanza de Chengue

Unos 2.500 millones de pesos (cerca de un millón de euros). Es la cantidad que deberá pagar el Estado colombiano a 195 personas de Chengue, un pequeño pueblo del Caribe donde los paramilitares, la madrugada del 17 de enero de 2001, sembraron el terror y dejaron 27 muertos.

La sentencia, conocida el lunes por la noche, la ha dictado un juez de Sincelejo, capital del departamento donde ocurrieron los hechos, en un proceso de reparación a víctimas. Sustentó su fallo en la omisión de la fuerza pública, particularmente la policía y la Infantería de Marina.

No es la primera vez que se da esta condena, cimentada en que la fuerza pública no actuó, hizo la vista gorda y dejó que los matones actuaran a sus anchas. El año pasado, otro juez de Sincelejo había logrado reparación para otro grupo de víctimas de este crimen.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó ya, en fallos a demandas penales, al Estado por tres masacres de estas bandas que sembraron el terror durante dos décadas: Mapiripán (50 muertos), La Rochela (matanza de los miembros de una comisión judicial) y Pueblo Bello, donde los paramilitares hicieron desaparecer a 37 personas y asesinaron a seis.

Estos grupos, que nacieron ligados al narcotráfico, usaron como excusa la barbarie de la guerrilla, en especial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), para matar, desplazar a campesinos y apoderarse de sus tierras. En 2004 empezó el proceso de desmovilización que llevó a 30.000 hombres a dejar las armas.

En el caso de Chengue, los paramilitares tenían amenazada a la población; seis meses antes habían anunciado que tomarían el pueblo. Las autoridades se quedaron de brazos cruzados.

Ese 17 de enero, a las cuatro de la mañana, unos 100 hombres llegaron en tres camiones, tumbaron a patadas las puertas de las casas y obligaron a los atemorizados habitantes a reunirse en la plaza; eligieron a sus víctimas y los asesinaron, uno a uno, con un golpe de mazo ?de los usados para triturar piedra? en la cabeza. María Cequera perdió ese día a su esposo, su hermano, dos cuñados, dos tíos y cuatro primos. Mientras los matones hacían lo suyo, otro grupo quemó 32 de los 75 ranchos de la aldea.

Según el juez que condenó al Estado, quedó comprobada la colaboración de los integrantes de las Fuerzas Armadas para el ingreso y salida de los paramilitares de Chengue.

En su momento fueron muchas las denuncias que se escucharon en este sentido. Era difícil entender cómo los paramilitares se desplazaban por todo el país, en autobuses y en aviones, armados hasta los dientes, sin que nadie los viera. Para cometer la masacre de Mapiripán viajaron 500 kilómetros: desde el Caribe, al norte, hasta la región límite entre la Orinoquía y la Amazonia, al sur.

Hace dos años, la fiscalía impuso una sanción disciplinaria a tres oficiales de la Armada, entre ellos el contraalmirante Rodrigo Quiñónez. En la sentencia se dice que, aunque tenía en sus manos los elementos para detener a los paras que llegaron a Chengue, no hizo nada.

Además de miembros de la Fuerza Pública, hay políticos implicados en esta masacre. Dos de los fiscales del caso han sido asesinados. El comandante de la brutal acción, Juancho Dique, ya confesó, está detenido y, según la Ley de Justicia y Paz, marco jurídico de la desmovilización paramilitar, permanecerá un máximo de ocho años en la cárcel.