Licencia para arrestar en Perú

El Estado peruano acaba de otorgar a sus ciudadanos licencia para detener delincuentes. Así lo decidió el Parlamento, que acordó adelantar la vigencia de dos artículos del Código Procesal Penal que reglamentan la figura del arresto y que, en principio, deberían entrar en vigor en 2013. Ya no será así y, a partir del 1 de julio próximo, cualquier ciudadano peruano estará facultado para practicar arrestos, siempre y cuando la persona sea detenida cometiendo un flagrante delito y de inmediato sea puesta a disposición de las autoridades.

"Esta norma busca legitimar al ciudadano para que pueda ayudar a mantener la tranquilidad pública", señaló la ministra de Justicia, Rosario Fernández. Los más conformes con ella son los alcaldes, en especial los de los distritos ubicados en las grandes zonas urbanas, que cuentan con cuerpos de seguridad parapoliciales (denominados serenazgos) que, a partir de ahora, estarán facultados para realizar arrestos. Sin embargo, la formación y capacidad de los serenos ha sido puesta en entredicho, y en más de una ocasión han sido acusados de cometer excesos. Un caso muy recordado es el de la muerte del torero español Tomás Reina Rincón, asesinado en 2002 por dos serenos del céntrico distrito de Miraflores.

Durante el debate parlamentario se señaló que el arresto ciudadano ya se puso en práctica -a manera de experimento- en dos distritos judiciales y, según el presidente de la comisión de justicia del Congreso, Juan Carlos Eguren, el resultado ha sido "satisfactorio". "Hasta la fecha se han registrado más de 700 casos de arresto ciudadano sin presentarse denuncias de abuso o maltrato", expuso el parlamentario.

Sin embargo, los juristas no se ponen de acuerdo acerca de la legalidad de la norma. Algunos señalan que es inconstitucional. Para otros expertos, no hace más que legitimar una práctica común en un país en el que se estima que el 30% de la población no tiene acceso a la justicia. En las zonas rurales, donde muchas veces ni siquiera hay policías, son los pobladores los que imparten justicia.

"En general, estoy de acuerdo, pero hay que tener mucho cuidado con el contexto en el que se aplica la norma", señala Juan Carlos Ruiz, del Consorcio Justicia Viva de la ONG Instituto de Defensa Legal. "Yo pienso que el texto debió ser más pedagógico y agregarse que el arresto sólo puede darse cuando se está cometiendo el delito o inmediatamente después, y no cuando hay amenaza o sospecha", agregó el abogado.

Otros expertos, como Gabriel Prado, del Instituto de Seguridad Ciudadana, expresaron su desacuerdo y alertaron sobre los riesgos que trae la norma. "Un delincuente es una persona que ha pasado el límite de la norma social y posiblemente porte un arma. Las consecuencias pueden ser peores o más perjudiciales para la persona que pretenda detenerlo", explica.

Aunque el congresista Eguren asegura que la finalidad de la norma es darle "poder" a la ciudadanía para participar en la lucha contra la creciente inseguridad en el país, el general Eduardo Pérez Rocha, ex jefe de la policía peruana, considera que en la práctica los únicos que se van a beneficiar con la norma son los alcaldes, "que hace varios años están luchando para darle más facultades de acción a sus serenazgos".

Según Pérez Rocha, en realidad desde que se ha puesto en práctica el arresto ciudadano sólo se han registrado dos casos, y no los 700 que señala el congresista Eguren. "En mi experiencia de 35 años como policía no he conocido ningún caso de un delincuente que cuando va a ser detenido no opone resistencia, y eso significa poner en riesgo a los ciudadanos. Yo no veo que vaya a solucionar nada del problema de la inseguridad".

"En mi opinión, ésta es una medida populista nada más", remata Pérez Rocha. Juan Carlos Ruiz es un poco más cauto: "El arresto ciudadano puede tener sentido cuando hay policías cerca, pero puede ser peligroso si se desnaturaliza. Creo que puede ayudar en algo, pero esto no va a solucionar el problema de la seguridad ciudadana en el país".