Guerra abierta entre Daniel Ortega y la Iglesia católica

La filtración de unas declaraciones atribuidas a un sacerdote levanta ampollas en el episcopado nicaragüense

La relación entre la Iglesia católica y el Gobierno nicaragüense, deteriorada tras las denuncias de fraude electoral en las elecciones municipales del pasado noviembre, registran ahora su peor momento desde que Daniel Ortega asumió el poder, en enero de 2007. La Conferencia Episcopal de Nicaragua ha exigido una explicación al Gobierno por la divulgación de unas declaraciones atribuidas al sacerdote español Gregorio Raya, en las que se tilda de corruptos, alcohólicos, mujeriegos y padres de hijos ilegítimos a los obispos y sacerdotes nicaragüenses.

El documento, firmado por Orlando Núñez, asesor en temas sociales del presidente Ortega, recoge una supuesta conversación que éste sostuvo con el sacerdote Raya, párroco de Juigalpa, una de las principales ciudades y parroquias del país. En esa conversación, Núñez asegura que Raya le dijo que el Vaticano considera a la Iglesia nicaragüense como una de las más corruptas, que los obispos sustraen "decenas de miles de dólares" de las donaciones que recibe la institución y participan en fiestas opíparas.

"Me dijo que en Semana Santa estuvieron en una discoteca privada 25 personas, de las cuales 18 eran sacerdotes, uno de ellos era él mismo [Gregorio Raya]. Me agregó que la mayoría tienen mujeres e hijos abiertamente", se lee en el documento, titulado Relación entre la Iglesia y el Frente Sandinista.

El texto, escrito con tono de estar dirigido a un miembro del Gobierno, aunque no tiene destinatario, asegura que el sacerdote Raya afirmó que la Iglesia tiene una posición hostil ante el Gobierno, al que acusa de querer socavar su institucionalidad. Critica el uso de símbolos religiosos dentro de la publicidad oficial y asegura que los obispos están convencidos de que el Ejecutivo camina por la misma senda que en la década de los ochenta, durante el primer mandato de Daniel Ortega, cuando el Estado y la Iglesia estaban en abierto enfrentamiento.

"La Iglesia es un poderoso partido. Las diócesis tienen reuniones todos los meses con sus párrocos respectivos y las orientaciones son totalmente politizadas. No tienen miedo y están convencidos de que cualquier ataque a la Iglesia fortalece su apostolado", sigue el texto. En el documento se afirma que el sacerdote Raya cree que los obispos "quieren poder y dinero, porque son corruptos", por lo que supuestamente la Iglesia puede acceder a un acercamiento por parte del Gobierno.

Estos comentarios han generado ampollas en los obispos. La Conferencia Episcopal en pleno se reunió para exigir al Gobierno una explicación. Raya, que ha ejercido el sacerdocio en el centro del país desde hace décadas, negó públicamente las declaraciones y dijo que él ni siquiera conoce a Núñez.

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Para esquivar el escándalo, Rosario Murillo, la primera dama y mano derecha del presidente Ortega, emitió un comunicado en el que culpó a un supuesto "hacker de lujo" de sabotear su correo electrónico personal y desde él divulgar el documento. Una explicación que la Iglesia no acepta. "Si la aclaración llegó de la misma dirección electrónica que el escrito difamatorio, ¿qué confiabilidad tiene?", se cuestionó el obispo Abelardo Mata, vicepresidente de la Conferencia Episcopal. Murillo aprovechó su comunicado para culpar a los medios de comunicación "de la derecha" y a los políticos de la oposición de querer desestabilizar al Gobierno de Ortega. También solicitó una reunión "urgente" con la Conferencia Episcopal para aclarar la situación. Mientras tanto, Orlando Núñez, el asesor presidencial, no da la cara. Se ha convertido en el personaje más buscado por la prensa nicaragüense. El Nuevo Diario afirmaba ayer que el escándalo podría costarle el cargo. El rotativo citaba fuentes oficiales que afirmaban que el asesor "había caído en desgracia" con el presidente Ortega.

Daniel Ortega, junto al cardenal Obando, en el año 2007, meses después de asumir el poder.
Daniel Ortega, junto al cardenal Obando, en el año 2007, meses después de asumir el poder.EFE

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