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Sólo la lucha salva

El Movimiento de los Sin Tierra brasileño cumple 25 años con la amenaza de seguir ocupando propiedades no productivas para protestar contra Lula

Durante el periodo colonial brasileño (desde el 1500 hasta la independencia de Portugal, alcanzada en 1822), los quilombos eran asentamientos, clandestinos e inexpugnables, de negros que huían de la tiranía de los latifundistas y los negreros. Vivían internados en el corazón de los bosques, en las selvas, o incluso en áreas montañosas de imposible acceso. Contrariamente a lo que se pensaría en Argentina -donde la palabra quilombo hace referencia a desorden o descontrol-, en estos asentamientos reinaba el orden; estaban fuertemente jerarquizados y su Gobierno emanaba de rígidas leyes tribales africanas. 25 años después de su fundación en el sur de Brasil, en enero de 1984, el Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (el Movimiento de los Sin Tierra, o simplemente el MST) dice inspirarse en la resistencia demostrada por los quilombos -muchos de los cuales siguen existiendo, pero con actividades y objetivos diferentes- para diseñar su peculiar forma de lucha por una reforma agraria justa.

El propio movimiento se define en su esencia como "una articulación de campesinos que luchan por la tierra y por la reforma agraria en Brasil. Es un movimiento de masas autónomo, en el interior del movimiento sindical, sin vinculaciones político-partidarias o religiosas". Su signo de identidad sigue siendo la lucha por la reforma agraria, "para garantizar el acceso a la tierra a aquellos que la trabajan". En la práctica, los Sin Tierra cuentan con unas bases claramente identificadas con la izquierda más recalcitrante, encarnada actualmente por líderes suramericanos como Hugo Chávez, Evo Morales o Rafael Correa. Muchos de sus militantes se autodefinen sin complejos como marxistas-leninistas.

Tras un cuarto de siglo de existencia, el gran debate hoy en Brasil gira en torno a si el movimiento ha perdido los valores e ideales que impulsaron sus inicios y su trayectoria. En las décadas de los ochenta y los noventa, intelectuales de izquierdas y sectores progresistas de la Iglesia, junto a la práctica totalidad de la población brasileña, se declaraban simpatizantes del MST. El año pasado, los resultados de una encuesta realizada por el Instituto Brasileño de Opinión Pública y Estadística (IBOPE) mostraron que la mitad de los brasileños han perdido la confianza y la empatía por el movimiento.

Siempre desde el anonimato, ciertos sectores del Gobierno le acusan de practicar métodos de presión que nada tienen que ver con la imagen, a veces demasiado idealizada, de un movimiento social sensibilizado con la causa de los que menos tienen.

"Sólo la lucha salva", declaraba la semana pasada Marina Santos, de la cúpula dirigente del MST. "Podemos sentarnos en una mesa para negociar con el Gobierno o con otras entidades, pero hemos comprobado que si no luchamos no obtenemos soluciones", concluyó. Según Santos, más del 70% de los asentamientos del Movimiento de los Sin Tierra -tierras cedidas por el Gobierno para que los campesinos establezcan su hogar y se ocupen de su explotación agrícola- son fruto de las ocupaciones forzadas. "Negociando no hubiéramos conseguido esta cantidad de conquistas", afirmó.

El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva mantiene hoy una relación ambigua con los Sin Tierra, que, sin embargo, en la campaña electoral de 2002 se movilizó masivamente para que el ex tornero alcanzara la presidencia. A cambio del apoyo, Lula les prometió llevar a cabo definitivamente la ansiada reforma agraria, centrada en la expropiación de tierras consideradas improductivas, y su posterior reparto entre los agricultores.

Según los cálculos que hace el MST, el Gobierno de Lula sólo ha cumplido el 30% de la meta marcada en la reforma agraria, que básicamente consiste en dar una parcela de tierra cultivable a 550.000 familias. "El Gobierno está demostrando su apoyo total al agronegocio. Desde mi punto de vista, ellos entienden que la reforma agraria ya no es una alternativa para el desarrollo económico del país", declaró recientemente el geógrafo y militante del MST Ariovaldo Umbelino. Los principales líderes del movimiento repiten como un mantra la misma idea y dicen sentirse traicionados por Lula.

No obstante, las cifras que maneja el Gobierno brasileño son muy diferentes. "Entre 2003 y 2008 hemos incorporado 519.111 familias en el programa de la reforma agraria", comenta a EL PAÍS Rolf Hackbart, presidente del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA). Es decir, según estos datos, un 60% del millón de familias que actualmente se benefician de la reforma accedió al programa bajo el mandato de Lula. El choque entre ambos datos radica en la manera de contabilizar las familias que han accedido a la tierra: mientras que el MST sólo tiene en cuenta los casos de nuevos lotes de tierra distribuidos, el Gobierno también incluye en sus cálculos aquellos lotes que ya existen y que cambian de propietario o el reconocimiento de propiedad a familias de comunidades originarias que llevan siglos establecidas en un territorio.

En Brasil, el 1% de los propietarios agrícolas posee ilícitamente el 46% de las tierras cultivables. Por esta razón, el MST basa su acción en la ocupación de tierras que, según su criterio, no cumplen una función social y son improductivas. En muchos casos estas ocupaciones se realizan por la fuerza y haciendo uso de métodos nada pacíficos. La última edición del semanario brasileño Veja documenta cómo entre los militantes de la facción más dura del MST circula un "manual de guerrilla" en el que se explican métodos de fabricación de bombas artesanales, se dan instrucciones para saquear rápidamente las propiedades agrícolas ocupadas, antes de la llegada de la policía, para evitar detenciones en delito flagrante, o se constata la existencia de "muchas armas" en algunos campamentos del movimiento.

Según el semanario, hace dos años un miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC) fue descubierto en un asentamiento del MST en el Estado de Rio Grande do Sul, uno de los bastiones del movimiento. "El Gobierno sólo está a favor del diálogo dentro de la ley y, por supuesto, rechaza la violencia", comenta tibiamente Hackbart. "Al fin y al cabo, ellos son responsables y responden por sus actos, aunque concuerdo con el análisis del movimiento de que todavía existe mucha demanda de tierra por parte de familias que la necesitan. La tierra no se puede concentrar en pocas manos", concluye.