Un escándalo de espionaje a la oposición causa la dimisión de la jefa de la inteligencia colombiana

Un caso de espionaje a miembros del partido opositor colombiano Polo Democrático (una coalición de movimientos de izquierda) le ha costado el puesto a María del Pilar Hurtado, directora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el máximo organismo de inteligencia de Colombia. El escándalo estalló el martes, cuando el senador Gustavo Petro mostró en el Congreso dos informes internos y de carácter reservado del centro de espionaje, con instrucciones precisas para seguir sus pasos y los de otros miembros del Polo.

¿Por qué los hombres del presidente, Álvaro Uribe, están vigilando al senador Gustavo Petro? ¿Por qué se rastrea minuciosamente la actividad de la oposición con recursos públicos?, preguntó el congresista.

Uno de los documentos, del pasado 29 de agosto, pide que se envíe información sobre Petro dando prioridad a datos sobre "vínculos o nexos con organizaciones al margen de la ley y personas que se presten como testigos para atestiguar contra el Gobierno". El segundo, del 16 de septiembre, solicita información, entre otros puntos, de "proyecciones estratégicas [de miembros del Polo] para desestabilizar al Gobierno".

¿Un Watergate colombiano?

Hurtado respondió de inmediato: aceptó la veracidad de los documentos y admitió su responsabilidad política, pero negó que hubiera impartido esa orden por iniciativa propia o cumpliendo un mandato de sus superiores. Jaime Fernando Ovalle, coordinador de inteligencia y análisis político, autor de los mensajes dirigidos a las distintas secciones del DAS, fue destituido. Actuó por su cuenta y violando los protocolos internos, dice la versión oficial.

El hecho ha crispado de nuevo las difíciles relaciones entre el Gobierno de Bogotá y la oposición; el relevo de Ovalle no ha aplacado el escándalo, porque los opositores no creen que los memorandos se hayan firmado sin autorización superior. El funcionario llevaba 20 años en el DAS.

"Que el presidente nos dé explicaciones, ojalá no groserías, pormenorizadas sobre quiénes son los responsables", exige Petro. Y en su página de Internet plantea otro interrogante: "¿Vamos camino a la criminalización de la oposición democrática?".

Desde la oposición ya se habla de un Watergate colombiano. E insisten en que la orden se dio desde arriba. En un breve comunicado dado a conocer ayer, el Ejecutivo lo niega. "Ni el presidente ni el Gobierno ordenan o aceptan investigaciones o persecuciones por razones de credo político". Pero admite que hace pocas semanas el presidente Uribe dijo públicamente: "Autoridades competentes deberían investigar a dos senadores contra quienes hay acusaciones de manipulación de testigos". Uno de ellos era Petro.