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Candidatos con ficha policial

100 acusados de homicidio, algunos condenados en primera instancia, se presentan a las elecciones en Río

Juan Arias

No son media docena. Son exactamente 100 los candidatos que se presentan a las elecciones municipales del Estado de Río de Janeiro, el segundo mayor de Brasil, y que están acusados formalmente por la justicia de homicidio.

Algunos ya han sido condenados en primera instancia, pero han recurrido la sentencia y muchos están acusados de pertenecer a bandas criminales.

Esta situación es posible porque una sentencia reciente del Supremo Tribunal Federal, que creó una fuerte polémica en todo el país, ha acabado rechazando la petición del Tribunal Regional Electoral de Río, que pedía que los candidatos con "ficha sucia", es decir, con alguna acusación por homicidio o condenados ya en primera instancia, quedaran inhabilitados para presentarse a las elecciones municipales del próximo 5 de octubre.

Según el Supremo, sólo se impedirá presentarse a las elecciones a los candidatos que hayan sido condenados definitivamente en tercera instancia. Los demás, incluso los condenados en primera instancia, podrán hacerlo.

Estos candidatos suelen ser personajes del entorno de los traficantes de droga, ex policías comprometidos con los narcos o amigos de políticos de rango más elevado que desean colocar en los municipios a hombres conniventes con sus prácticas de corrupción política.

A escala nacional es también una costumbre que personajes condenados por homicidio o asesinato en primer grado se refugien en las elecciones para intentar convertirse en diputados o senadores y, de esta forma, conseguir inmunidad parlamentaria. Una vez elegidos, sólo podrán ser juzgados por el Supremo, lo que hace más largo y complicado el proceso y más fácil de ganar para los acusados.

Por otra parte, el Tribunal Regional Electoral de Río ha presentado a las autoridades un mapa con 20 zonas en las que actuará el Ejército para asegurar a los electores libertad para votar al candidato que ellos deseen y no al impuesto por los traficantes de droga. Por ahora, el mapa es secreto, pero se sabe que protegerá a más de un millón de personas con derecho a voto, generalmente en las favelas más violentas.

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