Una juez brasileña ordena la retirada del Ejército de una favela

La juez federal brasileña Regina Coeli Medeiros de Carvalho ha ordenado la salida de patrullas del Ejército de la favela de Morro de la Providencia, en Río de Janeiro, después de que 11 soldados fueran acusados de haber vendido supuestamente a tres jóvenes a narcotraficantes de una favela rival, que les torturaron y ejecutaron a balazos.

Las muertes, que se produjeron el pasado fin de semana, provocaron protestas callejeras y una fuerte reacción del presidente del país, Luiz Inácio Lula da Silva, quien dijo que estaba indignado por el "abominable" incidente.

Las tropas del Ejército se encontraban en el Morro de la Providencia protegiendo una obra del obispo evangélico de la Iglesia Universal Marcello Crivella, precandidato a la alcaldía de Río el próximo octubre.

La juez aceptó la petición del fiscal, quien a su vez se hacía eco de las exigencias de los moradores de la favela. Los motivos alegados por la juez, cuya sentencia crea jurisprudencia para la acción en otras favelas, se basaron en el hecho de que la Constitución no permite que el Ejército sea usado como fuerza de seguridad en ningún lugar del territorio nacional, ya que esta tarea corresponde a la policía.

La juez alega que la presencia y actuación del Ejército en la favela, además de inconstitucional, ha demostrado ser contraproducente, ya que ha revelado que las tropas del Ejército "no están preparadas" para las funciones policiales, lo que ha desembocado en el escándalo de los tres jóvenes vendidos al narcotráfico.

Según confesiones de uno de los siete soldados detenidos, los traficantes habían prometido 20.000 reales por cada uno de los jóvenes entregados. Lo que no se ha podido probar es si los militares llegaron a recibir los 60.000 reales prometidos.

El ministro del Ejército, Nelson Jobim, visitó el miércoles la favela donde habían sido secuestrados los jóvenes, dos estudiantres y un peón de albañil, para pedir perdón a los moradores y a las famílias de las víctimas. Tambien el presidente Lula condenó "el acto insensato cometidos por quienes estaban allí para asegurar el orden", y propuso que el Estado indemnice a las familias de las víctimas. Sin embargo, Lula justificó la presencia del Ejército bajo el argumento de que están allí "para dar tranquilidad a los moradores durante las obras de reestructuración de sus casas".

El fallo judicial sugiere que, si fuera necesario, las tropas del Ejército sean sustituidas en la favela por miembros de la Fuerza Nacional, una policía política formada por agentes de todos los Estados entrenados exclusivamente para funciones de defensa pública.