Macaco, primer paramilitar colombiano que responderá ante la justicia de EE UU

El ex jefe paramilitar colombiano Carlos Mario Jiménez, Macaco, será el primer miembro de esta tenebrosa organización juzgado en Estados Unidos. En la media noche del martes, un avión de la DEA (la agencia antidroga de EE UU) lo trasladó a Washington, donde debe responder ante un tribunal por varios delitos de narcotráfico.

La extradición de este hombre —acusado de haber cometido más de 10.000 crímenes— se produce tras un largo debate jurídico que enfrentó al Gobierno de Bogotá con las víctimas de las sanguinarias Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Los abogados de Macaco habían logrado hasta ahora mediante recursos frenar su envío a Estados Unidos, bajo el argumento de garantizar la verdad y la reparación a las viudas, huérfanos y desterrados que provocó el acusado.

El Gobierno respondía insistentemente que permitir que estos delincuentes se amparen en el dolor de las víctimas para evitar la extradición supone estimularles en su capacidad de hacer daño en Colombia. Hasta que el martes un alto tribunal de Bogotá dio la razón al Gobierno y en segunda instancia desestimó la tutela que impedía su envío a la justicia estadounidense. Según el fallo, su extradición no significa un "perjuicio irremediable" para las víctimas ni exime al Gobierno ni al ex paramilitar de sus obligaciones de reparación.

El embajador de EE UU, William Brownfield, dijo más o menos lo mismo: las víctimas no perderán sus derechos y no habrá impunidad. Brownfield había dicho recientemente que la no extradición de paramilitares —aún hay varias solicitudes pendientes— ponía en peligro la ayuda militar de su país a Colombia, la segunda en el mundo, para la lucha antidroga y anti terrorista.

Macaco empezó su vida en la mafia paramilitar escudándose en el oficio de ganadero; en la década de los noventa se convirtió en jefe del Bloque Central Bolívar, uno de los más poderosos de la organización, que impuso su poder político, militar y económico a golpe de terror en más de medio país. Macaco se desmovilizó con 5.000 de sus hombres en 2005, pero siguió delinquiendo desde prisión, porque nunca dejó de mover los hilos del millonario negocio de las drogas.

Por eso, las víctimas creen que en Estados Unidos el juicio se limitará a pedirle cuentas por el delito de narcotráfico y dejará de lado los crímenes de lesa humanidad. Amparo Cano se quejaba ayer desde Medellín, la segunda ciudad del país, de que se desvanecía "la última luz de esperanza que tenía hasta hoy". Macaco le había prometido que, en su próxima versión ante los jueces de Justicia y Paz —el marco legal de la desmovilización de más de 30.000 paras—, contaría dónde había enterrado a su esposo y a su hijo, desaparecidos desde 2002. A su lado, otra mujer joven confesaba a los periodistas su tristeza y su rabia: "Pasaron por encima de nosotras, las víctimas", dijo. Cree que nunca sabrá el paradero de su padre y su hermano, también desaparecidos.

Abogados de las víctimas ya han anunciado que llevarán su queja hasta la Corte Constitucional. Se aferran a lo que dijo la Corte Suprema de Justicia a mediados de abril: de acuerdo a la Ley de Justicia y Paz, los paramilitares no pueden ser extraditados mientras no cumplan con las víctimas. Entretanto, muchos de los que dicen conocer de cerca a estos hombres, que cometieron todo tipo de atrocidades, afirman que su único temor es la extradición. Y aseguran, además, que Macaco hizo todo lo que tuvo a su alcance para impedir su salida del país.

Pero al ex cabecilla paramilitar se le veía tranquilo cuando subió, en medio del frío amanecer, al avión de la DEA. Su último deseo fue disponer de un móvil para despedirse de su madre. Quizá porque, como muchos piensan, hace tiempo que buscaba negociar con la justicia de EE UU, convencido de que en ese país le irá mejor.