De la Rúa no será juzgado por las muertes de los disturbios del 'corralito'
La justicia revoca el procesamiento del ex presidente argentino por los fallecidos en las revueltas violentas que forzaron su dimisión en 2001
Un tribunal de Argentina ha revocado este martes el procesamiento por "homicidio culposo" del ex presidente Fernando de la Rúa en una causa que investiga la muerte de cinco personas durante el estallido social que a finales de 2001 desembocó en su renuncia a la jefatura del Estado.
La Cámara Federal de Buenos Aires ha determinado que no hay pruebas para procesar al ex gobernante, que presidió Argentina entre 1999 y 2001, al contrario de lo que había resuelto el juez Claudio Bonadío, que además lo consideraba responsable de las heridas sufridas por más de un centenar de manifestantes durante las protestas de diciembre de 2001.
Entre el 19 y el 20 de diciembre de 2001, cuando dimitió De la Rúa, hubo una oleada de disturbios y saqueos a comercios en Buenos Aires, sus alrededores y otros puntos del país que causaron una treintena de muertos.
En el auto de procesamiento, Bonadío descartó que De la Rúa ignorase lo que ocurría en las protestas populares frente a la Casa Rosada, sede del Gobierno, y sus alrededores, que fueron reprimidas por la policía. Pero los defensores del ex presidente han subrayado que él no ordenó la represión, sino que la disposición para que la policía desalojara a los manifestantes provino del fuero de la justicia federal, insistiendo en que "no era su función un control particular de la acción policial".
A finales de 2001, con su Gobierno debilitado por disputas internas y en medio de una severa crisis económica, De la Rúa instrumentó el impopular "corralito" financiero para frenar una fuga masiva de capitales de los bancos, lo que generó una oleada de protestas populares. El 19 de diciembre renunció el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, mientras que al día siguiente De la Rúa presentó su dimisión en medio de violentos enfrentamientos en las calles entre policías y manifestantes.
En marzo del año pasado, un tribunal condenó a quince y seis años de prisión a un comerciante y a un vigilante por dos homicidios perpetrados durante el estallido social, en el que fue el primer juicio celebrado en este país por los hechos violentos de 2001.
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