El sur de Florida, paraíso del fraude hipotecario

El sur de Florida, tierra líder del sol y las playas en Estados Unidos, bate cada vez más récords en la codicia humana. No sólo es la zona del país que reúne a la vez los mayores índices de riqueza y pobreza, sino que ha encabezado por segundo año consecutivo el número de fraudes hipotecarios.

El sueño americano ya hecho pesadilla desde hace meses por la crisis inmobiliaria se ha convertido en doblemente grave. El supuesto paraíso sur floridano, además de ser uno de los lugares más afectados por la crisis que está llevando a numerosos propietarios a perder sus viviendas, es el primero en ilegalidades. La fiscalía federal ha denunciado repetidamente que los fraudes hipotecarios son ya uno de los principales delitos financieros.

Florida ha superado a los Estados de Nevada, Michigan, California, Utah, Georgia, Virginia, Indiana o Nueva York. En los últimos cinco meses, la policía del Condado Miami-Dade (un equivalente a la Comunidad de Madrid) ha registrado cerca de 2.000 casos sospechosos de fraude y millones de dólares de pérdidas para bancos o prestamistas engañados en cantidades infladas e irrecuperables.

Lo curioso de este tipo de delitos, e indicativo de lo extendido que está el nivel de delincuencia en una zona proclive a hacer dinero rápido como Florida, es que se necesita toda una cadena de personas para llevarlos a cabo y casi todas en el mismo nivel de connivencia, desde el vendedor hasta el comprador. Se ha dado el caso de robos de identidad para comprar casas con nombre falso y venderlas a otras igualmente con documentación fraudulenta. Por eso los embargos y los fraudes se confunden muchas veces.

En el circuito de delincuentes deben colaborar los prestamistas (o alguien compinchado), ahora cada vez más difícil a la vista del desastre general, e intermediarios de todo el tinglado inmobiliario, vendedores, tasadores... incluidos falsificadores de ingresos y documentos. Todo para engordar cifras a fin de conseguir la mayor tajada de una casa inflada y ficticia sin ningún interés para vivirla nadie.

Un proceso normal del delito sería que personas contactan a otras como compradores con buen crédito y con la posibilidad de solicitar préstamos a cambio de darles una comisión. Hinchan los precios de las viviendas para conseguir las cantidades más altas, pagan al vendedor compinchado el precio inicial, se quedan con el resto del préstamo, pagan unos meses de hipoteca y acaban abandonando la casa al embargo. Otro sistema de los muchos que han proliferado ha sido el de la plusvalía. Los estafadores se dirigían a gente que ya estaba en peligro de perder su casa y le ofrecían, a cambio de una suculenta comisión, venderle la casa, pero quedándose en ella de alquiler porque al detenerse el proceso de pérdida podría pedir una nueva hipoteca más favorable. "Su casa se ha revalorizado tanto que no tendrá problemas", era la frase favorita. Pero ni la venta era real. Las personas se han encontrado con hipotecas aún peores y han perdido bastante más que la comisión.

El propio gobernador de Florida, Charlie Christ, implementó en julio del año pasado una ley que convertía el fraude hipotecario en un delito castigado hasta con 15 años de cárcel.

Alex Acosta, fiscal federal del distrito del sur de Florida, ha alertado varias veces a la ciudadanía con su particular voz atiplada sobre el peligro de estos delitos o después de anunciar detenciones: "Es muy importante que la gente chequee su crédito para asegurarse que nadie tiene una tarjeta de crédito con su nombre. También es importante que mire el título de la casa para estar seguro de que ningún criminal está registrando documentos falsos para tratar de quitársela".

"Lo falsificaban todo", ha llegado a decir un portavoz de la policía. "Especialmente se aprovechaban de casas que estaban en proceso de embargo o de gente que no vivía allí, y todo lo sacaban de documentos públicos", dijo.