Excarcelado por falta de pruebas uno de los acusados de la masacre de Trelew de 1972

La justicia de Argentina ordenó ayer por falta de pruebas la "inmediata libertad" de un brigadier que fue detenido recientemente en una causa por el fusilamiento de 16 guerrilleros en 1972, durante la dictadura que presidió Alejandro Lanusse (1966-1973). Se trata del brigadier mayor Ezequiel Martínez, a quien el juez federal Hugo Sastre dictó "falta de mérito" (falta de pruebas) después de tomarle declaración, informaron fuentes judiciales.

Martínez, que ocupaba el cargo de secretario de la Junta Militar, se había entregado el pasado 14 de marzo en los tribunales de la ciudad de Rawson, 1.400 kilómetros al sur de Buenos Aires y cercana a Trelew, en cuya base naval fueron asesinados en 1972 los 16 miembros de grupos armados de izquierda.

El magistrado ha procesado a los ex marinos detenidos Emilio Del Real, Luis Emilio Sosa y Carlos Marandino como supuestos autores materiales de la matanza, y a Horacio Mayorga y Rubén Paccagnini como partícipes necesarios.

Sastre también ordenó la detención de Eduardo Aguirre Obarrio, quien permanece prófugo y fue ministro de Defensa del Gobierno que presidió el general Alejandro Lanusse, el último de una dictadura que se extendió entre 1966 y 1973. El juez investiga las torturas, homicidios, tentativas de homicidio y la privación ilegal de la libertad de los guerrilleros en la denominada masacre de Trelew.

A mediados de agosto de 1972, veinticinco miembros de grupos armados de izquierda huyeron del Penal de la ciudad de Rawson y tomaron el aeropuerto de la vecina Trelew, donde fuerzas militares apresaron a 19, mientras que otros seis escaparon en un avión a Chile.

Los 19 guerrilleros apresados fueron llevados a la base naval, donde 16 murieron y los restantes sufrieron graves heridas al ser ametrallados en sus celdas el 22 de agosto de 1972. La matanza ocurrió bajo la dictadura de Alejandro Lanusse, fallecido en 1996.

El juez Sastre, quien reactivó la investigación en 2006, ha dicho que estos crímenes no han prescrito, ya que él dio "un golpe de timón" en el expediente al considerar que se trata de delitos de lesa humanidad. El magistrado fundó los cargos contra los ex oficiales en testimonios de personas que cumplieron el servicio militar en la base naval Almirante Zar, de Trelew, cuando ocurrió el fusilamiento.