Argentina condena por primera vez a ex militares tras la anulación de las leyes del perdón

Siete antiguos mandos del Ejército argentino y un ex policía han sido condenados hoy a penas de entre 20 y 25 años de prisión en el primer juicio contra militares por crímenes perpetrados la última dictadura desde la anulación en 2003 de las leyes del perdón.

Entre los sentenciados por el secuestro y la desaparición de una veintena de miembros del grupo guerrillero Montoneros durante el régimen que gobernó el país de 1976 a 1983 está el ex jefe del Ejército Cristino Nicolaides, a quien se le impuso una pena de 25 años de cárcel.

Junto a Nicolaides han sido condenados los antiguos mandos Jorge Luis Arias Duval y Santiago, a 25 años de prisión cada uno. El juez Ariel Lijo, a cargo del proceso, ha impuesto además una pena de 23 años de cárcel a Juan Carlos Gualco y Waldo Roldán; de 21 años a Carlos Fontana, y de 20 años a Pascual Guerrieri, todos ellos antiguos mandos del Ejército. El ex policía Julio Simón, en tanto, fue condenado a 23 años de cárcel.

Nicolaides, en prisión domiciliaria en la provincia de Córdoba (centro del país), no estuvo presente durante la lectura del veredicto "por cuestiones de salud", al igual que Gualco, han informado fuentes judiciales.

Insultos contra los condenados

Después de la lectura de un resumen de la sentencia, que ocupa unas 300 hojas, integrantes de organismos de derechos humanos han despedido con insultos a los condenados presentes en la divulgación del veredicto.

"Se los condenó no por la gravedad de lo que han hecho sino por lo que se les ha probado, de todos modos se ha hecho justicia", ha enfatizado el secretario argentino de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, quien ha dicho estar "conforme" con la sentencia.

El juez consideró probado que los condenados fueron parte de una "asociación ilícita" que cometió los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y reducción a la servidumbre de un grupo de guerrilleros de la organización Montoneros, ala izquierda del peronismo en la década de los años 70.

La semana pasada tanto la Fiscalía como los querellantes en el proceso a cargo de Lijo habían pedido condenas de 25 años de cárcel para los ocho acusados.

Desde la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, promulgadas en la década de los 80, hasta ahora sólo habían sido juzgados y condenados dos ex policías, entre ellos Julio Héctor Simón, y un sacerdote por delitos perpetrados durante el último régimen militar.

El viernes pasado estaba previsto que se diera a conocer el veredicto en el proceso contra el ex marino Héctor Febres, pero cuatro días antes el imputado fue hallado muerto por envenenamiento en la dependencia en la que estaba detenido.

Derogadas y nulas

La presión de los militares impulsó al ex presidente Raúl Alfonsín (1983-1989) a establecer las leyes del perdón, que incluían la de obediencia debida y la de punto final, para evitar que se juzgara a los responsables de las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura militar.

Gracias a esas leyes más de un millar de uniformados se libraron de su posible responsabilidad en crímenes cometidos durante la dictadura. El Parlamentó las derogó en 2003 y dos años después fueron declaradas nulas por la Corte Suprema de Justicia.