La justicia argentina, en el banquillo

La Corte Suprema argentina tiene en sus manos una decisión que puede hacer saltar por los aires el sistema judicial de este país, ya muy aquejado de graves fallos de funcionamiento, especialmente en lo referido a recursos y rapidez en las causas que investiga y juzga. El máximo órgano judicial argentino estudia si el nombramiento del 23% de los jueces que actualmente emiten sentencias es conforme a la Constitución o no. En caso de que sean inconstitucionales, las sentencias emanadas de estos tribunales podrían ser anuladas, provocando un caos sin precedentes.

En concreto, la Corte Suprema analiza el nombramiento de los jueces provisionales, denominados subrogantes. Se trata de personas que no tienen por qué ser jueces en activo, como abogados, secretarios de juzgado o magistrados jubilados, designados por una comisión de selección para cubrir las vacantes en diversos tribunales. Es una modalidad que con diversas variantes ha existido siempre en Argentina con el propósito de no sobrecargar a los juzgados ya existentes y evitar la paralización del sistema.

Pero la proporción de estos jueces respecto al resto de sus compañeros de carrera se ha incrementado de forma drástica ?son ya 200 sobre un total de 874? debido al altísimo número de titulares que renuncian a sus puestos.

El Congreso (es decir, el poder Legislativo) aprobó una medida que permite a una comisión designar jueces provisionales a propuesta de los tribunales de apelaciones. Los nuevos jueces pueden ser destituidos por decisión de una comisión disciplinaria, una de las características de su cargo de más dudosa constitucionalidad, ya que, según la Carta Magna, es necesario un juicio político para poder privar a un magistrado de su cargo. Algunos constitucionalistas han subrayado que tal y como está establecido este sistema de elección, el poder judicial puede ser influido de manera sensible por el Legislativo o por el Ejecutivo a través del anterior.

La decisión de la Corte Suprema no es nada fácil. Si decide que los nombramientos son ilegales se producirá una cascada de anulaciones de sentencias de todo tipo que afectará gravemente a la seguridad jurídica del país. Pero si opta por ratificar a los jueces, deberá explicar cómo un proceso de elección no recogido por la Constitución puede ser constitucional, abriendo una peligrosa puerta para otras soluciones "de emergencia" que en la actualidad son imposibles de prever. Y no hay término medio.

Se da la circunstancia de que algunos tribunales de apelaciones han empezado ya a rechazar sentencias emitidas por los jueces provisionales y no por defectos de forma en su emisión o en el proceso, sino por negarles la legitimidad para emitirlas.

Aunque nadie se atreve a dar una cifra de las sentencias que serían anuladas, los medios locales señalan que son "cientos" las resoluciones que los tribunales cuestionados firman a diario y que se verían fuera de la ley en el caso de un fallo adverso. Diversas voces han apuntado a que la crisis en puertas no sería de dimensiones tan colosales si los farragosos trámites para adjudicar plazas judiciales vacantes fueran agilizados. En la actualidad, el plazo para que se designe a un tribunal sin titular a un juez de acuerdo a la Constitución es de unos dos años de media. Un plazo que ni la Justicia ni los que la demandan pueden esperar.

Hace dos años, la misma Corte Suprema ya había pedido que se agilizara el proceso a la vista de la cada vez más complicada situación. El presidente del alto tribunal, Ricardo Lorenzetti, ha señalado en varias ocasiones que el Poder Judicial está en una difícil encrucijada por la fuerte demanda de los ciudadanos para que dirima problemas sociales. Y por si fuera poco, ahora el grupo de magistrados que preside tendrá que decidir si parte del camino andado es legal o hay que volver varios pasos atrás.