El represor Cavallo acepta ser extraditado a Argentina

El represor argentino Ricardo Miguel Cavallo aceptó ayer ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ser extraditado a Argentina para ser juzgado en su país de origen por los delitos de detención ilegal, torturas, extorsión, robo con violencia, intimidación y falsificación documental cometidos durante la dictadura militar (1976-1983) que se le imputan.

En el acta de comparecencia celebrada ayer en el Juzgado Central de Instrucción número 4 consta que Cavallo afirma que “sí consiente en ser entregado a las autoridades argentinas en virtud de la solicitud de extradición solicitada”. Además, matizó dos aspectos: “que es inocente o no está de acuerdo con los hechos que se le imputan por dichas autoridades” y que “su consentimiento se presta en el marco y dentro de la norma o convenio existente entre España y Argentina”.

Además, su abogado, Fernando Pamos de la Hoz, ha presentado un escrito en la Embajada de México en España en el que les informa de que Cavallo muestra conformidad con su extradición a su país de origen, por lo que “no debe, ni puede, existir ningún impedimento en otorgar, caso que fuera necesario” la entrega a Argentina. El escrito de la defensa obedece a que Cavallo fue extraditado por México a España en junio de 2003 y su entrega ahora a Argentina debe contar con la autorización del país norteamericano.

El pasado día 2, el Consejo de Ministros acordó continuar los trámites para extraditar a Argentina a Cavallo, después de que la Audiencia Nacional declinara su jurisdicción a favor del país en el que se cometieron los hechos que se le imputan.

El 31 de enero Cavallo compareció voluntariamente ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, después de haber sido excarcelado la noche anterior por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de este órgano judicial. El juez decretó su reingreso en prisión.

Cavallo está acusado de formar parte del grupo de personas que durante el periodo citado cometieron diversos delitos de lesa humanidad en el ámbito de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), donde se produjo la privación de libertad de numerosas personas y su sometimiento a condiciones inhumanas de vida, con torturas psíquicas y físicas.

Cavallo fue extraditado a España, desde México, en junio de 2003, a petición del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que le investigaba por genocidio y torturas. Pero, a petición de la defensa del propio procesado, la Audiencia Nacional concedió la remisión de la causa a las autoridades jurisdiccionales penales de Argentina. No obstante, esta decisión se encuentra en la actualidad recurrida ante el Tribunal Supremo por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que considera que España es competente para entender de estos hechos.