Un nuevo capítulo en el escándalo de la ‘parapolítica’ colombiana

La reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia colombiana de no llamar a declarar a todos los políticos que firmaron con la cúpula paramilitar, en julio de 2001, un documento conocido como el Acuerdo de Ralito para "refundar la patria" y hacer un "nuevo contrato social" ha suscitado la polémica. El proceso penal de la parapolítica, como ya se denomina al escándalo que desde finales del año pasado ha puesto en entredicho a toda la clase dirigente del país, ha revelado las estrechas relaciones que en algunas regiones, especialmente en los departamento de la Costa Caribe, se han establecido entre los políticos y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Sin embargo, ahora el máximo tribunal ha decidido simplemente agregar el Acuerdo de Ralito a los expedientes ya abiertos dentro del proceso. La decisión de los magistrados implica que dicho documento, "confidencial y secreto", será una prueba válida más dentro de la investigación.

"Fue por temor", se lamenta el senador Gustavo Petro, del Polo Democrático y artífice del destape de la alianza entre paramilitarismo y política. "El documento, en sí mismo, es una prueba de la articulación entre servidores públicos y mafias para lograr propósitos comunes; es asociación para delinquir. Debieron llamarlos a todos a indagatoria", añade.

La parapolítica ha provocado ya el encarcelamiento de tres congresistas y colocado en el punto de mira a ex funcionarios del Estado y a seis congresistas más; todos ellos, cercanos al presidente, Álvaro Uribe.

El documento, que se mantuvo en secreto durante más de seis años, fue revelado el viernes pasado por el diario El Tiempo y generó una verdadero terremoto político. Entre los firmantes figuran 11 congresistas, dos gobernadores, tres alcaldes y varios concejales de la época. Seis de ellos son hoy congresistas.

Este pacto entre representantes del Estado y la poderosa organización criminal de los paramilitares, se dio durante el Gobierno del conservador Andrés Pastrana, mientras en el sur colombiano se gestaba un intento de alcanzar la paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la guerrilla más antigua del país, que fracasó de manera estrepitosa.

Muchos, incluido el actual ministro del Interior y Justicia, Carlos Holguín Sardi, han tratado de minimizar las repercusiones del escándalo, han mostrado el documento como algo inocente ?“no hay nada impropio”, dijo el ministro? y han obviado que el pacto se firmó con una organización criminal. El documento, con el sello de “confidencial y secreto”, fue entregado a un fiscal la semana pasada por el jefe paramilitar Salvatore Mancuso. En el marco del proceso de paz con los paramilitares, iniciado en el primer periodo del reelegido presidente Uribe, Mancuso está declarando sus crímenes ante la justicia para obtener los beneficios pactados. Impecablemente vestido y sin que le tiemble el pulso, hasta el momento ha revelado 336 crímenes y su participación en varias masacres. Ha confesado, además, lo que durante décadas se había denunciado: la alianza ?por acción u omisión? de los paras con sectores de las Fuerzas Armadas y con entidades estatales.

El documento pactado entre políticos y paramilitares ha colocado contra la cuerdas al Partido Liberal, que desde la oposición ha lanzado duras críticas contra la alianza. Uno de los firmantes, Juan Manuel López Cabrales, es hoy senador; asegura que llegó sin ser invitado a la reunión para salvar su vida, ya que estaba amenazado por los paras.

Las explicaciones de los inculpados son variadas: unos dicen que todos conocían el texto antes de firmar; otros, que firmaron hojas en blanco... Y, en plena vorágine de versiones, han salido a relucir nuevas verdades: el entonces jefe único del Partido Liberal, Horacio Serpa, supo de la reunión y no dijo nada. Lo hizo, afirma, para salvar la vida de su compañero de partido López Cabrales.

Y mientras todos buscan disculpas y tratan de lavarse las manos, la opinión pública pide que este pacto con el diablo sea duramente castigado. ¿Por qué no denunciaron, si era su deber de funcionarios públicos? ¿Por qué cedieron a las presiones? La senadora liberal Piedad Córdoba ha recordado a sus compañeros de partido que ella fue amenazada e incluso secuestrada por los paras, pero jamás cedió: prefirió salir del país.

Uribe insiste en que no debe temerse a la verdad en el caso de la parapolítica; pero, como viene haciendo desde que se inició el escándalo, trata de poner en la misma balanza la relación entre la guerrilla y la política. Uno de sus asesores ha asegurado que, mientras se firmaba el pacto con el comando central paramilitar que habla de una “nueva Colombia”, en el sur del país ocurrían “cosas peores” en el marco de la negociación con las FARC.