Colombia, asediada por oscuras alianzas

En medio de un grave escándalo por las oscuras alianzas entre la clase dirigente y los grupos paramilitares, el presidente colombiano, Álvaro Uribe cumple 100 días de su segundo mandato. Una encuesta publicada el sábado revela que un 73% de los colombianos apoya su gestión y cree que el país va por buen camino. Sin embargo, el futuro de este Gobierno depende de la forma en que Uribe sortee la crisis desatada por la presunta vinculación entre congresistas y paras.

"La verdad no afecta a las instituciones; la responsabilidad penal es individual, no política", ha repetido en estos días el presidente tratando de ponerse a salvo. Tres congresistas y una ex congresista de partidos uribistas están encarcelados y existe una orden de captura contra un ex diplomático y ex gobernador. La Corte Suprema de Justicia les acusa de crear grupos ilegales, de asesinato, de ordenar masacres y de desviar fondos públicos para financiar la maquinaria criminal paramilitar.

Por si fuera poco, el jueves pasado la procuraduría (fiscalía) abrió un pliego de cargos contra Jorge Noguera ex director del Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia (DAS, policía secreta). Noguera, nombrado por Uribe y próximo al presidente, está acusado de colaborar con los paras mediante nombramientos y filtraciones de información.

El escándalo ha crecido como la espuma; los políticos están al borde de un ataque de nervios. El Supremo sigue investigando y se esperan nuevas órdenes de captura. El senador Álvaro Araujo, hermano de la canciller, María Consuelo Araujo, es uno de los que está en el punto de mira. Araujo y otro de sus hermanos, Sergio, han sido cuestionados por su cercanía al jefe paramilitar Jorge 40, uno de los más sanguinarios y que mayor poder atesoró en la costa del Caribe.

En una reunión de los jefes de los partidos que apoyan al presidente Uribe, convocada de urgencia para calmar los ánimos y buscar salidas a la crisis, el senador Álvaro Araujo exigió la solidaridad de la coalición de Gobierno en caso de ser vinculado al escándalo. Aseguró que, si su cabeza rueda, caerían también, entre otros, su hermana la canciller, el procurador y el propio presidente. Sus palabras sonaron a chantaje.

"No dejaré que la politiquería afecte a la ministra", dijo de inmediato Uribe. Pero es un hecho que el escándalo le mantiene en la cuerda floja. Araujo por su parte, como todos los congresistas señalados, se lava las manos. Asegura que buscó a Jorge 40 para pedirle que le respetara la vida.

El viernes pasado, tras varios días de silencio, el mandatario colombiano habló del tema; acusó a sus antecesores en el Gobierno de no haber hecho nada por detener el fenómeno paramilitar, que se apoderó del país desde hace más de 10 años. "Que se diga la verdad", exigió y pidió que se esclarezca la verdad sobre la relación de la clase dirigente con los paras. "Si hay alguno de los 30.000 paramilitares desmovilizados que pueda decir que el presidente de la República ha sido cómplice, que lo diga", retó en tono severo. Uribe siempre ha sido cuestionado por su permisividad con estos grupos.

Lo que se ha destapado hasta ahora es sólo la punta del iceberg. No es un secreto que gran parte de la clase dirigente tradicional y otros sectores importantes de la sociedad colombiana apoyaron o dejaron crecer el paramilitarismo como un mal necesario para frenar la acción, también criminal, de las guerrillas. Gustavo Petro, senador de izquierda y quien desde hace años venía denunciado esta macabra alianza, pidió un "acuerdo nacional por la verdad".

Pero se escuchan también voces que auguran que si se revela toda la verdad este país sería inviable. Los jefes paramilitares recluidos en un sitio especial donde se dedican, entre otras cosas, a cultivar flores, anunciaron que destaparán la caja de Pandora si es necesario y darán nombres de quienes los crearon, los financiaron y apoyaron en sus acciones militares.

¿Cuánto le puede costar a Uribe este escándalo? Es la pregunta que hoy inquieta a este país de 42 millones de habitantes.