Nueva cruzada contra la delincuencia

Todos los analistas coinciden en el diagnóstico: en El Salvador, los índices de criminalidad se han desbordado. Los críticos al Gobierno estiman que el Estado ha perdido el control y no hay esperanzas de recuperarlo. Mientras, el presidente, el conservador Elías Antonio Saca, que había prometido hacer de este país centroamericano el más seguro de Latinoamérica, ha llamado a "un frente común por la paz social". Para conseguirlo, ha enviado al Parlamento un proyecto, el de la Ley contra el Crimen Organizado, que previsiblemente será aprobado hoy. Además, ha ordenado un refuerzo policial y militar para prevenir la delincuencia en las principales ciudades y zonas rurales. Antes de que comience esta nueva "cruzada contra el crimen", diversos sectores sociales y Embajadas, como la de Estados Unidos, criticaron duramente al Gobierno por el incremento de la violencia criminal, que se traduce especialmente en los delitos de homicidios, extorsiones y secuestros, y que ha llegado a situar a El Salvador como la nación más peligrosa de Latinoamérica.

La nueva ley —después de la ahora derogada Ley Antimaras y de los fracasados planes Mano Dura y Súper Mano Dura— da por sentada la teoría de que las pandillas juveniles conocidas como maras han mutado y han dejado de ser meras agrupaciones de jóvenes rebeldes y ociosos, según explicó el propio Saca, que argumentó: "Coincidimos en el enfoque de que las pandillas actúan como verdaderas estructuras del crimen organizado y que sus acciones tienen una realización compleja".

El mandatario añadió que la nueva normativa "proveerá competencias para administrar justicia a tribunales especializados", que estarán ubicados en San Salvador, Santa Ana y San Miguel, las tres provincias más importantes; los jueces gozarán de una "seguridad especial", a fin de que no sea "coartada su libertad de acción". Asimismo, la ley incrementará las penas carcelarias a los involucrados en el crimen organizado.

Hasta el momento, el proyecto de ley no ha sufrido serias dificultades para lograr hoy su aprobación, ya que cuenta con más de 43 de los 84 votos necesarios, gracias al bloque de derechas, formado por la oficialista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Partido de Conciliación Nacional (PCN) y Partido Demócrata Cristiano (PDC).

En contraste, el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), con 32 votos, no se muestra a favor de la aprobación. "Creemos que el Gobierno va por la ruta de repetir errores: más leyes, más penas y más cárceles. Eso mismo es lo que nos ha conducido a un estado de anarquía", aseguró Óscar Fernández, asesor en Seguridad Pública del grupo parlamentario del partido ex guerrillero. Fernández agregó que el FMLN, en cambio, sí va a participar en la mesa de diálogo interinstitucional que creará la llamada Comisión Nacional de Seguridad Pública, encargada de establecer las bases de una política integral contra la violencia criminal. "Nuestra propuesta será la de Ciudades Seguras, a través de la labor municipal, que en esencia prioriza la prevención social, la recuperación de espacios públicos y la disminución de la exclusión en la que viven más de la mitad de los salvadoreños. Insistiremos, además, en los esfuerzos para que la policía sea dotada de un efectivo sistema de investigación científica", concluyó.

Por su parte, el juez de instrucción Sydney Blanco asegura categóricamente que "el nuevo plan del Gobierno contiene otra estrategia de publicidad y muchas contradicciones. En primer lugar, no se ha dado un consenso en el análisis de las causas del auge delincuencial, ni tampoco resuelve la problemática que existe con la fiscalía, que sólo lleva a los tribunales entre el 15% y el 20% de todos los delitos que se cometen".

"Los tribunales especializados serán innecesarios y costosos. Éstos supuestamente tendrían que juzgar delitos comunes homicidios, extorsiones y secuestros] ya contemplados en los Códigos Procesal y Penal. Por otra parte, el Gobierno dice que se les brindará seguridad especial bajo la premisa falsa de que los jueces actuamos con miedo, cuando en realidad llevan a los tribunales a personas capturadas en redadas y sin pruebas", finalizó Blanco.