Familiares de tres víctimas de la dictadura chilena demandan al Estado por errar en su identificación

Los familiares de tres supuestas víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet demandaron ayer al Estado chileno por 3,7 millones de dólares debido a la errónea identificación de los cuerpos. Las demandas se fundamentan en los daños morales y psíquicos que las familias de estas presuntas víctimas sufrieron tras enterarse de que los cadáveres que les fueron entregados hace 10 años pueden corresponder a otras personas y no a sus parientes, explicó ayer la abogada Julia Urquieta. "Ellos sienten que sus seres queridos han vuelto a desaparecer", precisó a los periodistas Urquieta, que lleva las acciones judiciales junto a Adil Brkovic.

Las demandas fueron presentadas por los familiares de Javier Sobarzo Sepúlveva, Enrique Toledo Garay y Luis Dávila García, desaparecidos en 1973 y cuyos cuerpos fueron identificados en los años noventa entre más de un centenar encontrados en tumbas marcadas NN en el Patio 29 del Cementerio General de Santiago.

Sobarzo y Toledo eran ex paracaidistas del Ejército y se cree que fueron asesinados por sus propios camaradas a causa de sus ideas izquierdistas tras el golpe de 1973. Dávila era un estudiante de 18 años. La viuda de Sobarzo, Rosa Zúñiga, y sus dos hijos demandaron al Estado por 600 millones de pesos (equivalentes a 1,11 millones de dólares), mientras Elba Baeza, viuda de Toledo, y sus tres hijos exigen 800 millones de pesos (unos 1,48 millones de dólares). Por su parte, María García Vásquez, madre de Luis Dávila, y otros cuatro hijos, demandan también 600 millones de pesos.

El pasado abril, el Servicio Médico Legal (SML) admitió errores en la identificación de los restos de al menos 48 desaparecidos hallados en el Patio 29 del Cementerio General. La revelación motivó la destitución de los responsables del SML y la designación, por parte de la presidenta chilena, Michelle Bachelet, de una comisión especial para aclarar el asunto, al frente de la cual designó, en calidad de delegada personal, a María Luisa Sepúlveda. Asimismo, el pasado julio comenzó a trabajar un equipo de expertos forenses de España, Estados Unidos, Argentina, Colombia y Chile para identificar una vez más los restos, que debieron ser exhumados nuevamente.