Cinco vendedores de licor, acusados de la muerte de 36 personas en Nicaragua

Cinco presuntos vendedores de alcohol de caña adulterado con metanol (alcohol de madera), cuyo consumo causó 36 muertes en Nicaragua el pasado fin de semana, fueron detenidos ayer, acusados de delitos contra la salud pública. Al parecer, se trata de comerciantes minoristas de licor, presuntamente responsables de la venta del alcohol adulterado que, según informaciones periodísticas locales, pudo haber entrado a través de las fronteras terrestres de Nicaragua procedente de El Salvador.

Las autoridades salvadoreñas no se han pronunciado al respecto, pese a que, según los registros de las aduanas del pasado 28 de agosto, unos 25.000 litros de alcohol etílico sin inspección alguna entraron en Nicaragua a través de la frontera terrestre de El Guasable, en el norte de esta nación centroamericana. En el año 2000, en El Salvador murieron 125 personas en las provincias de San Vicente y La Paz, tras haber ingerido alcohol adulterado con metanol, tal como se detectó en Nicaragua. Según registros sanitarios, en El Salvador las víctimas eran bebedores habituales.

La intoxicación masiva con alcohol de caña adulterado o guaro de lija, una bebida embriagante fabricada artesanalmente, se cobró el pasado fin de semana la vida de al menos 36 personas, según datos oficiales, aunque medios de la prensa local sospechan de otras 13 personas fallecidas por las mismas causas en comunidades lejanas, que no han sido recogidas por el sistema de vigilancia del Ministerio de Salud.

Además, los centros sanitarios han atendido hasta el momento a más de 610 personas afectadas por la ingestión del referido alcohol. Estados Unidos envió con urgencia a una brigada sanitaria militar del Comando Sur a Nicaragua. Los médicos militares estadounidenses han estado vacunando con antídotos contra los efectos del metanol a los afectados, lo que ha hecho posible frenar las muertes y la gravedad de las víctimas.

Las mayoría de personas que sobrevivieron a la intoxicación padecen diversos grados de ceguera, así como otros tipos de incapacidades físicas y mentales. Una organización civil y de asesoría legal, la Fundación para el Estudio y la Aplicación del Derecho (Fespad), demandó —en nombre de las familias de las víctimas— al Estado salvadoreño por irresponsabilidad en los controles sanitarios, pero finalmente la Corte Suprema de Justicia absolvió al Ministerio de Salud Pública por "falta de pruebas", según María Silvia Guillén, querellante en el caso.