Presos amotinados en un penal salvadoreño amenazan con matar a 52 compañeros
Los reclusos protestan por el traslado de uno de sus líderes a una cárcel de máxima seguridad
La Penitenciaría Central La Esperanza salvadoreña se encuentra tomada por un grupo de prisioneros, que desde hace 48 horas se mantienen amotinados en protesta por el traslado de uno de sus compañeros a un penal de máxima seguridad. La situación es peligrosa: otros 52 internos están amenazados de muerte, mientras que el Gobierno asegura que "tiene toda las bases legales para someter la revuelta e imponer el orden".
La Esperanza está ubicado en la localidad de Mariona, a unos 12 kilómetros al norte de San Salvador. El penal alberga a unos 2.700 internos, cuando en realidad tiene sólo capacidad para 800.
Algunos de los prisioneros se han encapuchado el rostro con sus propias camisetas; desde el patio central del penal y a través de un megáfono lanzaron amenazas de asesinar a 52 reos considerados soplones o espías, a los que supuestamente mantienen como rehenes, si las autoridades entran en el recinto con la intención de apaciguarlos. "Deténganse, porque si ustedes quieren sangre, aquí adentro van a tener sangre", decía uno de los líderes de la revuelta a las autoridades de la Dirección de Centros Penales y de la policía.
"En estos momentos hay una tensa calma... Ellos [los presos] se encuentran insubordinados. No entran a sus celdas, no acuden a los tribunales y no dejan entrar a las autoridades", aseguró Alberto Uribe, jefe de prensa de Centros Penales, quien también advirtió que "las autoridades tienen base legal para poner orden, pero estamos siendo prudentes".
Vigilantes penitenciarios llegaron el miércoles al penal y capturaron a Guadalupe Alexander Valladares Alvarado, a quien las autoridades consideran un peligroso reo y además cabecilla del crimen organizado. Dicho reo fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Zacatecoluca, en la zona central del país, adonde son transferidos los procesados de alta peligrosidad y que es conocida como Zacatraz —en alusión a la cárcel estadounidense de Alcatraz—. Los prisioneros ahí están aislados y bajo estricta vigilancia.
Tras el traslado de Valladares Alvarado, las autoridades intentaron llevar a otros prisioneros a Zacatraz, pero el motín ya estaba en marcha. Los presos tomaron las instalaciones y rompieron puertas e infraestructuras del penal, al tiempo que amenazaban con asesinar a los 52 presuntos soplones. Los presos alegan que el Gobierno ha violado los acuerdos que suscribieron hace 38 días con ellos, y en los que se comprometía a no hacer más traslados de La Esperanza a Zacatraz.
Según el analista en temas de violencia Miguel Cruz, el Gobierno, en su política represiva contra las pandillas juveniles conocidas como maras, ha convertido las cárceles en nuevos centros del crimen organizado. Los pandilleros ahora están más organizados y desde las cárceles actúan y reciben órdenes, y establecen contacto con mafias de narcotraficantes, de ladrones de vehículos, de traficantes de armas y de sicarios.
La última masacre producida en La Esperanza tuvo lugar en agosto de 2004, cuando en un enfrentamiento entre pandilleros y civiles (no pandilleros) terminó con 31 muertos y 30 heridos.
En ese año, en la vecina Honduras también se produjo una masacre que terminó con la vida de más de 100 jóvenes pertenecientes a maras y que se encontraban presos en el Penal Sampedrano.
