Al menos 2.500 paramilitares colombianos entregan sus armas en la mayor desmovilización del proceso de paz

Al menos 2.500 paramilitares se desmovilizaron ayer en el departamento colombiano de Antioquia, en la mayor entrega de irregulares de ultraderecha desde que empezaron las conversaciones de paz con el Gobierno a finales de 2003.

Esta vez entregaron sus armas y un helicóptero los integrantes del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), entre ellos 40 mujeres, en una finca de Tarazá, municipio de la zona bananera de Urabá, a 600 kilómetros al noroeste de Bogotá.

Entre los que se rindieron a las autoridades figura el jefe del grupo, Ramiro Vanoy Murillo, alias Cuco Vanoy, solicitado en extradición por Estados Unidos por narcotráfico.

La ceremonia se efectuó en la hacienda La Ranchería en el sitio Pecoralia, con la presencia del Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, autoridades regionales y delegados de la Misión Observadora de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Estos alzados en armas operaban en once municipios de las regiones del Bajo Cauca y el nordeste de Antioquia.

La de ayer fue la vigésimo quinta desmovilización colectiva de paramilitares colombianos desde noviembre de 2003 y la primera de este año. La anterior, del Bloque Vencedores de Arauca (nordeste), se produjo el pasado 23 de diciembre.

En el proceso se han entregado más de 11.000 paramilitares de los 20.000 que se calculaba que tenían las AUC y los restantes tienen de plazo hasta finales del próximo mes de febrero para desmovilizarse.

Al igual que en las desmovilizaciones anteriores, el Ejecutivo creó una "zona de ubicación temporal", en la que empezaron a concentrarse los miembros del Bloque Mineros el pasado 12 de enero.

A los combatientes les tramitaron documentos de identidad y certificados de antecedentes judiciales y les practicaron exámenes médicos y psicológicos.

Los reinsertados también recibieron ropa y una ayuda de alrededor de 150 dólares cada uno.

Este desarme se vio afectado a comienzos de esta semana por denuncias sobre la presencia de guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), al parecer en busca de tomar el control del territorio dejado por los paramilitares.

Lo que actualmente se conoce como AUC surgió en la década de 1980, cuando los hacendados se unieron para combatir a los guerrilleros de izquierda que los extorsionaban.

Los comandos de justicia privada degeneraron en escuadrones de la muerte y están acusados de una infinidad de crímenes de lesa humanidad, como asesinatos de sindicalistas y de militantes de izquierda, matanzas de campesinos y campañas de exterminio.

Para regular la reinserción, el año pasado el Congreso colombiano promulgó una controvertida Ley de Justicia y Paz, que ha recibido numerosas críticas dentro y fuera del país, basadas en la consideración de que facilita la impunidad.