Desaparecidos sin búsqueda

El Estado salvadoreño fue condenado el pasado marzo por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, a cumplir obligatoriamente, entre otras cosas, con la búsqueda de los menores de edad desaparecidos durante el conflicto armado que asoló el país entre 1980 y 1992. Sin embargo, la tarea continúa pendiente y con síntomas de displicencia por parte de las autoridades gubernamentales, según denuncia la organización civil ProBúsqueda.

"La condena de la Corte a favor de dos menores desaparecidas, las hermanitas [Ernestina y Erlinda] Serrano Cruz, fue clara y de obligatorio cumplimiento, además de inapelable, por tratarse de una corte internacional y por ser El Salvador suscriptor de las convenciones interamericanas de derechos humanos; pero desde marzo hasta la fecha no se ha resuelto ningún caso de niños desaparecidos", asegura Sandra Lovo, directora ejecutiva de ProBúsqueda, institución que sin apoyo estatal ha resuelto innumerables casos de niños desaparecidos.

ProBúsqueda fue fundada en 1994, poco tiempo después de que se restableciera la paz en El Salvador, y se dedicó a registrar los casos de niños desaparecidos durante el conflicto bélico. Los puntos en común que unen a los 753 casos contabilizados y documentados son que los responsables de los delitos fueron miembros del Ejército o de los ya extintos cuerpos de seguridad (policías militarizadas). La institución humanitaria ha resuelto desde su fundación 301 casos, en los que ha localizado a los desaparecidos. En su mayoría, los aparecidos han tenido encuentros con sus padres biológicos, que durante años les han buscado desesperadamente.

"El Gobierno salvadoreño no ha mostrado tener voluntad política para localizar a los menores desaparecidos. Incluso sabiendo que era inapelable el fallo de marzo pasado a favor de las hermanas Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, desaparecidas cuando tenían 5 y 3 años de edad en 1982, durante un operativo contrainsurgente, intentó que la Corte cambiara el veredicto", explicó la abogada de ProBúsqueda, Leonor Arteaga.

"La Corte Interamericana en estos momentos ha reafirmado su fallo porque declaró como improcedente un recurso de interpretación del fallo interpuesto por el Gobierno salvadoreño, que, entre otras acciones, ha intentado sembrar la duda acerca de que las niñas Serrano Cruz nunca existieron", apuntó Arteaga. Agregó que el caso de las Serrano Cruz es el más simbólico en El Salvador, porque fueron arrancadas del seno familiar por militares, que les dieron un destino desconocido por el momento, pero al mismo tiempo es el caso que se ha podido judicializar en una corte internacional que presiona al Gobierno para que investigue su paradero, repare el daño a sus familiares y castigue a los responsables.

Sandra Lovo enfatizó que, si bien el Ejecutivo salvadoreño ha creado una comisión interinstitucional de búsqueda de niños desaparecidos desde el año pasado, no ha cumplido con el requisito de incluir dentro de la referida institución a representantes de la sociedad civil, en este caso a ProBúsqueda. "Les hemos entregado desde hace varios meses 41 casos de niños, todos documentados y en los que hubo intervención de militares en su desaparición, pero no se ha resuelto un solo caso", explicó Lovo.

Siete casos similares al de las Serrano Cruz están siendo estudiados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA) y que tiene su sede en Washington.

Sandra es una de las fundadoras de ProBúsqueda, junto al sacerdote jesuita Jon Cortina. Pero también es una víctima: su hermano menor, Walter Ernesto Lovo, desapareció en abril de 1981. Entonces tenía 5 años de edad. "El hecho ocurrió en Ciudad de Guatemala cuando un grupo de seis personas, la mayoría salvadoreñas, fueron apresadas y luego desaparecidas por estar colaborando con la guerrilla desde Guatemala. En esa ocasión desapareció también una ciudadana italiano-chilena que se llamaba Iride del Carmen Marrasso, quien tenía seis meses de embarazo", narra la joven activista al denunciar un caso que tuvo características semejantes al Plan Cóndor que aunó a las dictaduras suramericanas en su combate a los movimientos de izquierda.

"El caso es confuso y complicado porque de mi hermano Walter no se sabe, pero el hijo mayor de Marrasso, que entonces tendría 3 años de edad, logró sobrevivir y fue entregado a su padre en San Salvador algunos años después del suceso", agrega Lovo. Aún alberga la esperanza de saber algún día la suerte que corrió su hermano menor, quien como en otros muchos casos pudo haber sido dado en adopción a familias extranjeras o haber quedado en manos de familiares de los propios militares que le secuestraron.