El Ejército desaloja por la fuerza a los manifestantes de La Paz

Las violentas protestas en Bolivia contra un proyecto liderado por Repsol YPF para la exportación de gas natural a Estados Unidos y México a través de Chile, que comenzaron en la ciudad de El Alto el pasado 15 de septiembre, se extendieron ayer por todo el país andino y amenazan con tumbar el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Tras el fracaso del intento de diálogo, el Ejército ha salido a la calle para proteger con sus tanques los alrededores de la sede del Gobierno.

En total, ocho tanques, dos carros de asalto y una retroexcavadora se pasean por las calles de la capital administrativa junto a los miembros del Batallón 1º de Infantería Colorados de Bolivia. Según un comunicado del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas, los militares "actuarán con firmeza" y "emplearán a sus efectivos para garantizar la integridad física de los bolivianos". Esta misma tarde, los uniformados han expresado su apoyo al presidente Lozada, no a título personal, sino desde "el respeto a la constitución, que impone la defensa de un Gobierno legítimamente constituido", según lo ha expresado el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el general Roberto Claros.

La ciudad ha amanecido hoy casi desierta, con los comercios cerrados y las calles vacías de coches, en parte por la fuerte presencia militar, que ha asegurado la calma. No ha sido así en otras poblaciones, donde se han producido nuevas revueltas, como en El Alto, Sucre, capital histórica del país o Potosí.

El Ejército decidió actuar despues de que ayer llegaran a La Paz vecinos y manifestantes de El Alto, ciudad chabolista cercana que se encuentra en huelga indefinida desde la semana pasada. Horas antes, Sánchez de Lozada había tratado de aplacar los ánimos con la firma de un decreto que pretendía abrir una vía de diálogo con los sindicatos y organizaciones sociales. Pero el texto, que propone una consulta popular para definir el destino del gas y que reafirma la ausencia de un compromiso para su venta a los mercados internacionales, no sólo no contentó a la población sino que los disturbios se extendieron.

La intervención de los soldados ha provocado varias víctimas, aunque la confusión reinante en el país hace difícil conocer el número exacto de muertos y heridos. De momento, el saldo provisional de las protestas, que se acentuaron después de que el Gobierno dispusiera el domingo la militarización de El Alto, tercera población del país en número de habitantes con un 85% de pobres, es de 49 muertos y un centenar de heridos de bala, según fuentes oficiales. Por su parte, la Asamblea de Derechos Humanos (APDHB) aseguraba que ayer, el día más sangriento, murieron 14 personas -13 civiles y un soldado- lo que, según sus cuentas extraoficiales, eleva a 58 el total de muertos por la revuelta.

"Un proyecto subversivo"

Mientras tanto, la insurrección ha llegado al propio Ejecutivo. Cuatro ministros presentaron ayer su renuncia en protesta por las medidas adoptadas, mientras que el número dos del Gobierno, el independiente Carlos Mesa, retiró su apoyo a la gestión del presidente. Aunque no ha dimitido, Mesa ha expresado su "absoluta condena" a la represión policial. A pesar de que las fuerzas sindicales y la oposición claman por su renuncia como salida para aliviar la crisis económica que atraviesa el país, Sánchez de Lozada, reelegido el año pasado para un mandato de cinco años, ha anunciado su intención de permanecer en el cargo, al tiempo que ha acusado al líder campesino y al indígena, Evo Morales y Felipe Quispe, que encabezan las protestas, de ser los responsables de "un proyecto subversivo" para instaurar una dictadura.

En medio de la crisis institucional, Sánchez de Lozada ha recibido el importante respaldo de Estados Unidos y de la Organización de Estados Americanos (OEA). Así, el portavoz del Departamento de Estado de EE UU, Richard Boucher, afirma en un comunicado que "la comunidad internacional y Estados Unidos no tolerarán ninguna interrupción del orden constitucional y no apoyarán ningún régimen que se instaure por medios no democráticos" en Bolivia. Además, la consejera de Seguridad Nacional, Condoleezza Rice, ha reconocido que "Bolivia se encuentra ante una gran desafío", ante el que EE UU "manifiesta su firme apoyo al Gobierno democrático".

Por su parte, la OEA ha condenado "enérgicamente" la violencia en Bolivia, que pone "en peligro el orden constitucional", al tiempo que ha reiterado "de manera categórica su rechazo a cualquier acción para quebrantar el sistema democrático", en una resolución adoptada anoche en una sesión extraordinaria de su Consejo Permanente.