Ni el Gobierno ni los Reyes tienen papel alguno en el juramento de la Constitución de Leonor

“Alteza, con el juramento que vais a prestar estáis simbolizando vuestro sometimiento al derecho“. El entonces presidente del Congreso de los Diputados, Gregorio Peces-Barba, resumió muy bien, el 30 de enero de 1986, en tan pocas palabras, el significado del acto de juramento de la Constitución que están obligados a formular en España los herederos de la Corona. Las palabras estaban dirigidas al entonces príncipe Felipe, pero son ahora perfectamente válidas para su hija, la princesa Leonor, que prestará su propio juramento (o promesa) ante las Cortes Generales el próximo martes 31 de octubre. Es un acto al que acuden los Reyes, el Gobierno y multitud de invitados con cargos institucionales, pero que tiene solo dos protagonistas: la Princesa y las Cortes Generales. El resto, incluidos los Reyes, son puros espectadores. De hecho, podría no estar presente ninguno de ellos y el acto tendría el mismo valor de legitimación de la Princesa como futura jefa de Estado.

Para el acto de jura del príncipe Felipe no existía un precedente y hubo dudas sobre si debía intervenir el presidente del Gobierno (en aquel momento, el socialista Felipe González), algo que les parecía interesante tanto al rey Juan Carlos como al propio González, quizá para hacer hincapié en la neutralidad política de la institución monárquica. Fue la oposición de Peces-Barba a que el acto tuviera la menor significación partidista la que fijó el modelo absolutamente neutral que se seguirá el próximo martes. “En este acto no pintan nada ni el Rey ni el Gobierno”, llegó a decir el entonces presidente del Congreso de los Diputados. Lo que importaba era la forma exacta del juramento que debía prestar el príncipe, de forma que “guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas” fueran por delante de la propia fidelidad al rey. La Monarquía española, pensaba Peces-Barba, no es propiedad de un rey, sino una institución creada por los propios ciudadanos.

Don Juan Carlos no juró nunca la Constitución, pero no cabe duda de que la promovió con todas sus fuerzas, porque comprendió perfectamente que la única manera de legitimar la Monarquía, puesta en pie por el régimen franquista, y apoyada por los sectores más rancios y católicos de la sociedad española, era encontrar un soporte genuinamente democrático. “Me acaban de legalizar”, dijo públicamente el día en que la Comisión Constitucional aprobó el artículo 1.3, según el cual la forma política del Estado es la Monarquía parlamentaria.

Las serias acusaciones formuladas contra don Juan Carlos por su reiterada defraudación fiscal y por mantener parte de su fortuna en paraísos fiscales han perjudicado la imagen de la institución, que exige un trabajo de recomposición a cargo de Felipe VI y, a partir de ahora, también de la princesa Leonor. Felipe VI ha introducido algunas mejoras respecto a la transparencia de la Casa del Rey, pero existe todavía un margen de mejora respecto a la claridad que debe rodear todas las actividades de la Familia Real y una responsabilidad en ello mucho mayor que la asumida hasta ahora por el Gobierno de turno.

Si el rey emérito ha causado, sin duda, grave daño a la Monarquía, sería también justo reconocer que con su trabajo institucional como jefe de Estado puso en pie un modelo de difícil reproche. Don Juan Carlos basó su éxito y el de la institución en su capacidad para mantener alejada la Corona de cualquier tipo de contienda partidista y escrupulosamente ligada a la Constitución de 1978. Esa férrea neutralidad política del Rey logró dar a la institución una estabilidad muy notable y debería ser un punto de referencia en el nuevo papel que asumirá a partir de ahora la princesa Leonor.

El acto de juramento del próximo martes representa el compromiso entre la futura heredera de la Jefatura del Estado con la Constitución ante las Cortes generales. Lo lógico sería que asistieran todos los electos en las últimas elecciones, entre ellos, desde luego, los diputados de Podemos que promueven legítimamente la república, pero que se reconocen como ciudadanos españoles. Son los independentistas, que no aceptan ser ciudadanos del Estado español, los que ya han anunciado que no estarán presentes. Lo curioso es que pueden expresarse en contra del acto precisamente porque son ciudadanos españoles.

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