Reforma laboral… y empresarial

Una empresa privada tiene absolutamente el derecho a tomar, a través de su junta general, las decisiones que considere oportunas”. Estas palabras corresponden al presidente de la patronal española, Antonio Garamendi, y hay que entenderlas en el contexto en que estaban dichas: el del caso Ferrovial. Hubiera sido redundante que defendiera ese “derecho natural” en el marco de la legislación y de la seguridad jurídica de los ciudadanos. Por supuesto. La empresa es, dentro del sistema capitalista en el que vivimos, uno de los elementos centrales para satisfacer las demandas de la sociedad.

Es evidente que se ha producido un desajuste entre las expectativas ciudadanas y los resultados del sistema. ¿Qué ha pasado con las autocríticas empresariales que se iniciaron justo antes de la pandemia de la covid y que pretendían compatibilizar los beneficios con otros fines como, por ejemplo, la lucha contra la emergencia climática o a favor de la inclusión de clase, de género o racial a través de la limitación de las desigualdades? Recordemos: a mitad de 2019, la Business Roundtable, una poderosa asociación de los casi 200 principales ejecutivos americanos, y que agrupa a más de 15 millones de trabajadores, demandaba revocar el criterio de maximización continua del beneficio y su sustitución por otro que tuviese en cuenta el bienestar de todos los grupos de interés en el seno de la empresa (trabajadores, proveedores, accionistas…).

Ello era seguido por otro documento de la British Academy sobre la reforma de los negocios en el siglo XXI, en el que se desarrollaba la iniciativa colectiva de una treintena de académicos de ciencias sociales, bajo la dirección del profesor de Oxford Colin Mayer, para “construir confianza entre las empresas y la sociedad”. Los principales medios de comunicación escritos occidentales, The Economist, Financial Times, The New York Times…, saludaban ambas iniciativas para que las “empresas con propósito” tuviesen en cuenta aspectos como la pobreza, el paro, los derechos humanos, la descarbonización del planeta, la digitalización, etcétera. Bien es cierto que aquellas iniciativas no suscitaron apenas eco en España, más allá de los textos elaborados por los profesores López Garrido, Francisco Ros, Vicente Salas e Ignacio Santillana (compilados ahora en el libro La función social de la empresa; editorial Alternativas).

Las ideas de la Business Roundtable y de la British Academy ponían en cuestión uno de los artículos más importantes publicados en la prensa (en la revista de The New York Times) en materia económica, y del que hace poco se cumplió el medio siglo: el escrito por el premio Nobel de Economía y catedrático de la Universidad de Chicago Milton Friedman sobre lo que entonces se denominaba la responsabilidad social de las empresas, y que ahora se agrupa en torno a los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, en sus siglas en inglés). Friedman defendía, con el estilo polémico que lo caracterizaba, que la única responsabilidad social de una empresa es ganar dinero, utilizar sus recursos y participar en actividades concebidas para aumentar sus beneficios siempre y cuando respete las reglas del juego. La maximización del beneficio como única aguja de marear para el directivo.

La covid y la guerra de Ucrania han secado ese debate, que de alguna forma roza el caso Ferrovial. Las grandes empresas, en coordinación con el Estado (licitador de tantas iniciativas públicas) y el mercado (con realidades crecientes de oligopolización), no pueden defraudar a los ciudadanos, so pena de poner en cuestión el sistema. Los autores citados sostienen en su libro que las empresas, voluntariamente o por imperativo legal (ya se ha mostrado en numerosas ocasiones el escaso valor de la autorregulación), han de implicarse en la solución de los graves problemas. Si se cuestiona, como está ocurriendo, el sistema económico dominante, significa que la empresa, el Estado y el mercado no cumplen adecuadamente la función social que se les ha encomendado.

Las reformas laborales son importantes, pero la reforma empresarial del siglo XXI es imprescindible. Aunque esté sumergida en el pozo por quienes no desean hablar de ella.

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