¿Será verdad?

La renovación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial está paralizada desde diciembre de 2018, es decir, desde hace más de tres años y medio, exclusivamente por la negativa de un partido político, el Popular, que se niega en redondo a cumplir lo establecido en la Constitución y en la ley orgánica correspondiente e impide que el Parlamento proceda a los nuevos nombramientos. No es descartable que el Partido Popular logre bloquear la renovación del Consejo e indirectamente de un cierto número de magistrados del Tribunal Constitucional durante toda la legislatura actual. El PP, en la oposición, habrá hecho algo verdaderamente impensable: conseguir que los miembros del CGPJ, nombrados cuando los populares tenían mayoría parlamentaria, se mantengan durante toda una segunda legislatura, con una mayoría distinta, en contra de todo lo previsto en el sistema institucional español.

¿Por qué lo hace? ¿Cuáles son las funciones del Consejo General del Poder Judicial que le resultan tan importantes a los intereses del PP como para que le hayan llevado a esta especie de insurrección constitucional? En una democracia se le exige a los ciudadanos que crean en la independencia de la justicia, pero es inevitable que se instale la sospecha cuando un único partido es capaz de bloquear los cambios en el órgano constitucional encargado de los nombramientos, ascensos y traslados, del funcionamiento de juzgados y tribunales, y de la exigencia disciplinaria a los miembros de la carrera judicial. Es cierto que un cambio legislativo introducido a última hora por el Gobierno socialista ha logrado que no puedan hacer más nombramientos en juzgados y tribunales (de hecho, hay más de 60 vacantes en espera), pero está claro que la voluntad y la reclamación constante del actual CGPJ es seguir actuando como si los años no hubieran pasado ni cambiado la legislatura. ¿Será verdad que el PP no quiere que se renueven los miembros del CGPJ porque cree que con la actual composición del órgano de gobierno de los jueces cuenta con alguna ventaja, mayor comprensión o simpatía política? ¿Será entonces verdad que solo pueden hacer carrera, es decir, tener un futuro profesional brillante, aquellos jueces que tienen una relación amistosa con el PP? ¿Será verdad que se dan casos de jueces que instruyen deliberadamente mal una causa para lograr que los imputados puedan alcanzar la prescripción de sus posibles delitos o que van encadenando actuaciones al hilo de las distintas campañas políticas del PP?

¿No se escandalizan los jueces y no denuncian ante su comité disciplinario cosas como las ocurridas en Mallorca, donde el mayor caso de corrupción instruido durante nada menos que nueve años puede quedar en nada, si finalmente se aprecian serias irregularidades cometidas por el juez y el fiscal que las dirigieron?

Cabe esperar poco del Partido Popular para ayudar a sacar a los ciudadanos de estas terribles dudas, pero cabría aún esperar algo más de los propios jueces. ¿No les agobia, no les quita el sueño, la posibilidad de que se instalen estas dudas entre los ciudadanos? ¿Es un desatino esperar que ellos, los jueces, manifiesten su indignación por el bloqueo de su órgano de gobierno, que sean ellos, los jueces, quienes exijan el castigo de aquellos de sus colegas que o bien han sido terriblemente incompetentes en la instrucción de casos de corrupción, en uno u otro lado, o bien tienen demasiados intereses ajenos a su profesión?

¿Será verdad que los jueces se mantienen en silencio aun cuando ven como se promociona a colegas cuyas sentencias han sido revocadas en términos muy duros por el Supremo o las Audiencias por inexplicable incompetencia? ¿El silencio de los jueces ante tanta sospecha de participación activa de demasiados colegas suyos en las actividades políticas de un partido concreto (conferencias, debates, seminarios, artículos, etcétera) se deberá a que temen por su propia carrera?

Quizás haya que recordar a los jueces los llamados principios de Bangalore, aprobados por la ONU, que exigen a los miembros de la carrera judicial que todas sus participaciones públicas se ajusten al concepto de neutralidad política. En España, desgraciadamente, demasiados jueces han tenido un papel político, pero nunca la vulneración de Bangalore ha sido tan descarada como ahora.

Desgraciada la generación cuyos jueces merecen ser juzgados, dice el Talmud.

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