Comienza el juicio del ‘caso Cursach’, la mayor investigación de corrupción policial en Palma
La vista juzgará las relaciones de connivencia entre agentes de la Policía Local de Palma y las sociedades del empresario mallorquín Bartolomé Cursach
Tras nueve años de indagaciones, tres jueces instructores, varias piezas separadas y decenas de investigados, comienza este lunes el juicio por el caso Cursach, que aborda la presunta connivencia del magnate del ocio nocturno Bartolomé Cursach con agentes de la Policía Local de Palma para beneficiar sus negocios. En el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Palma se sientan este lunes 23 personas, entre ellas el empresario del ocio nocturno mallorquín Bartolomé Cursach, para quien la fiscalía reclama 18 meses de cárcel por delitos de pertenencia a organización criminal y prevaricación. Junto a él, están procesados el número dos de su conglomerado empresarial, Bartolomé Sbert, y otros tres trabajadores; 14 agentes y mandos de la Policía Local de Palma; tres funcionarios y un excargo público. Los enjuiciados están acusados de un abanico de delitos que va desde la pertenencia a organización criminal a la prevaricación pasando por amenazas o revelación de secretos.
La pieza matriz que ahora se enjuicia llevaba dos años en la Audiencia Provincial a la espera de juicio. A diez días del comienzo de la vista, los fiscales Juan Carrau y Tomás Herranz modificaron el escrito de acusación pidiendo el sobreseimiento de la causa para siete personas y variaron de forma relevante el relato de su acusación, de forma que han dejado fuera algunos episodios de los que se ocupó la investigación. La petición de condena para el principal imputado, Bartolomé Cursach, ha pasado de ocho años y medio a 18 meses. Miguel Ángel Subirán, el primer fiscal del caso, y el juez Manuel Penalva, que también arrancó las pesquisas, están pendientes de ser enjuiciados por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares por presuntas irregularidades en esa instrucción.
El juicio se centrará en los episodios que implican a los agentes de la llamada Patrulla Verde de la Policía Local, que se encargaba de vigilar zonas de ocio, y los supuestos episodios de inspecciones reiteradas a locales nocturnos sin motivación. “Dichas decisiones eran arbitrarias e injustificadas”, dicen los fiscales en el escrito, en el que desligan las actuaciones de los agentes de un intento de dañar a los empresarios con locales que eran competencia directa de Cursach.
La fiscalía ha enterrado una serie de sucesos al comprobar “una falta de verosimilitud” de los hechos, porque muchos de los testigos en los que se basaban los relatos han sido procesados por falso testimonio. Las acusaciones sobre las supuestas fiestas de policías con drogas y prostitutas en uno de los reservados de las discotecas de Cursach han quedado fuera del proceso. También la investigación que indagaba sobre una supuesta agilización de licencias para los negocios del empresario por parte de un alto cargo del Gobierno balear, al comprobarse que nunca dictó ninguna resolución al respecto.
Durante estos años, el empresario ha mantenido su característico perfil bajo de cara al público, salpicado con una comparecencia en una comisión parlamentaria en 2015 y con su procesamiento en un juzgado de instrucción por tener un arma sin licencia, delito por el que fue finalmente condenado a ocho meses de prisión.
En el transcurso de las investigaciones, Cursach pasó 13 meses de prisión provisional, que se restarían a una hipotética condena por el proceso que ahora se enjuicia. La Audiencia Provincial ha reservado alrededor de 150 sesiones desde ahora hasta abril del año que viene para el último asalto de Bartolomé Cursach.
Las diligencias arrancaron hace nueve años con la investigación sobre una serie de irregularidades en las oposiciones de ascenso en el seno de la Policía Local de Palma. Las indagaciones avanzaron y terminaron ciñéndose a un grupo de agentes que presuntamente se dedicaba a hostigar a locales de ocio nocturno de las zonas más turísticas de la ciudad. Redadas inesperadas, trabajos de vigilancia, amenazas e incluso exigencia de favores sexuales son algunas de las actuaciones que la fiscalía sostiene que llevó a cabo este grupo de agentes acusados.
Una instrucción llena de incidentes
El caso arrancó de la mano de una jueza instructora en 2009 y pasó a la mesa del juez Manuel Penalva y el fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán apenas un año después. Las investigaciones se precipitaron y de la causa matriz que ahora se somete a juicio nacieron varias piezas separadas que llegaron a implicar a políticos del Ayuntamiento de Palma, que después resultaron exonerados tras archivarse los procesos contra ellos.
Durante la instrucción desfilaron por el juzgado decenas de testigos e investigados, algunos de los cuales terminaron en prisión provisional. Tras las acusaciones de irregularidades contra el juez y el fiscal, el asunto pasó a ser competencia de un tercer magistrado, Miquel Florit, que terminó apartado meses después tras ordenar la intervención de los teléfonos móviles de dos periodistas para tratar de investigar las filtraciones del secreto de sumario.
