El Estado maltrata a los discapacitados

El maltrato activo, deliberado y persistente de las personas discapacitadas en Gran Bretaña ha superado los niveles críticos. En el curso de una década, las personas con discapacidades, enfermedades crónicas y problemas de salud mental se han visto empujadas a la indigencia, expulsadas de los lugares de trabajo y privadas del derecho a vivir en sus propias casas. Las conquistas por las que lucharon generaciones de activistas de la discapacidad han sufrido un rápido retroceso, mientras que la promesa de que el gran Estado del bienestar británico siempre protegería a las personas discapacitadas se ha demostrado que es poco más que una fantasía.

Por regla general, las sociedades aceptan que tienen la obligación colectiva de proporcionar una red de protección a los ciudadanos en periodos de mala salud o discapacidad —por ese motivo tenemos el NHS, las prestaciones por discapacidad y las leyes de igualdad—. No solo se trata de que Gran Bretaña está eludiendo esas responsabilidades. Se trata además de que hemos alcanzado un punto en el que prácticamente estamos disfrutando con ello, en el que un cóctel de austeridad y un prejuicio arraigado hacia las personas discapacitadas han conducido a esa especie de negligencia a gran escala que, en sus formas extremas, equivale al maltrato. A todos los efectos, el Estado británico se ha vuelto precisamente contra las personas que más necesitan su ayuda.

El aumento de delitos de odio contra las personas discapacitadas en los últimos años —de los que no se han librado ni siquiera las niñas y niños discapacitados— muestra, en sus aspectos más extremos, las actitudes tóxicas que brindan su apoyo a tales recortes sin precedentes. Las personas que ocupan los últimos peldaños del escalafón social han sido sagazmente engañadas por quienes ocupan los más altos. Denigrar a las personas discapacitadas como vagas, farsantes y anormales dificulta empatizar con ellas (...)

Los ministros se preparan para demoler aún más la red de protección de la que dependen millones de familias de personas discapacitadas de clase trabajadora y, por añadidura, en el momento del descomunal cambio del Brexit. Nunca el momento fue tan propicio para un nuevo tipo de política de la solidaridad, una que reconozca la humanidad y la aportación de las personas discapacitadas y reconstruya la confianza de la ciudadanía en un Estado del bienestar próspero.

Al fin y al cabo, algunas de las principales cuestiones a las que se enfrentarán las políticas domésticas en los años venideros tendrán un impacto excepcional sobre las personas discapacitadas, que repercutirá en la sociedad en su conjunto. Los ayuntamientos al borde de la bancarrota incluso están incumpliendo sus obligaciones legales, dejando por los suelos el sistema de atención social a las personas discapacitadas y las personas mayores. La escasez de viviendas sociales, unida a unas condiciones de vida sangrantes, ha creado una epidemia moderna de personas sin hogar y de inseguridad, donde los pensionistas discapacitados ocupan el extremo más desfavorecido. La implantación masiva del programa de crédito universal, dotado de un presupuesto de miles de millones de libras, traerá consigo una indigencia generalizada e incluso un riesgo adicional de suicidio a medida que los recortes continuos de las prestaciones de la seguridad social y una atmósfera cada vez más hostil dejan abandonadas a las personas enfermas y discapacitadas.

Hay algo desolador y al mismo tiempo esperanzador, y es que Gran Bretaña está en perfectas condiciones de arreglar esta situación. Lejos de ser algo ineludible, la desigualdad para las personas discapacitadas es evitable. La transformación en los derechos de la discapacidad durante la segunda mitad del siglo XX fue resultado de una acción concertada para mejorar la vida de las personas discapacitadas. La otra cara de la moneda, el aumento de las dificultades para las personas discapacitadas durante la pasada década, es resultado directo de decisiones políticas. Gran Bretaña puede impedir que las personas discapacitadas terminen pasando hambre, solo hace falta que tengamos voluntad de hacerlo.

Esa voluntad se está formando. Aunque en Gran Bretaña, inmediatamente después del crac económico global, el discurso sobre la austeridad como algo necesario e incluso moralmente justo obtuvo una aceptación general (que, desgraciadamente, el Partido Laborista fue incapaz de desmontar), en los últimos años hemos visto que este dogma empieza a perder fuerza. Si bien es cierto que la declaración de Theresa May en la conferencia del Partido Conservador de 2018 en la que afirmaba que “la austeridad ha terminado” fue en buena medida un despropósito —en los próximos años se prevén más recortes en profundidad—, el hecho de que sintiera la necesidad de expresarlo es indicativo de algo. Los sondeos de opinión muestran reiteradamente que la ciudadanía está cansada de la austeridad. Por ejemplo, el estudio sobre las actitudes sociales de las y los británicos de 2017 mostraba que la tolerancia ciudadana hacia los recortes gubernamentales se estaba desplomando: un 48% de las personas entrevistadas estaba a favor de una subida de impuestos y un mayor gasto social, por encima del 32% al comienzo de la austeridad, en 2010. Se registraba en particular un fuerte aumento del apoyo al gasto público en favor de las personas discapacitadas: un 67% estaba a favor de la financiación de las prestaciones por discapacidad, en comparación con un 53% en 2010. Hubo también una moderación de las actitudes hacia las personas beneficiarias de prestaciones: la proporción de las personas que creían que los solicitantes estaban “defraudando” al sistema cayó entre 2015 y 2017 desde el 35 al 22% —su nivel más bajo en treinta años—.

Ha llegado el momento de aprovechar ese cambio para promover una red de protección social rejuvenecida para el siglo XXI y, con esta, unos derechos de la discapacidad reforzados. La manera más eficaz de abordar la desigualdad de las personas discapacitadas es considerarla en todos sus aspectos, atendiendo a las cuestiones de vivienda, empleo, seguridad social y atención social, así como proponiendo una estrategia coordinada que no solo es justa moralmente, sino que al mismo tiempo responde al más elemental sentido común. Se suele criticar a la izquierda por hacer promesas supuestamente extravagantes, mientras que los conservadores se presentan a sí mismos como los árbitros de la prudencia económica. Este mito no ha gozado de una difusión tan eficaz como en la era de la austeridad, cuando la eliminación a gran escala de las ayudas públicas se vendió a la ciudadanía como una especie de gestión económica inteligente. De hecho, aunque sostenían que “no había dinero” para atender las necesidades de las personas discapacitadas, los sucesivos ministros de Hacienda británicos encontraron dinero para bajar los impuestos a las corporaciones y los ricos: las medidas de austeridad desde 2010 habrán terminado recortando 35.000 millones de libras anuales en prestaciones de la seguridad social para principios de la década de los veinte.

Frances Ryan es periodista, locutora y activista discapacitada. Este extracto pertenece a su libro ‘Tullidos, austeridad y demonización de las personas discapacitadas’, que la editorial Capitán Swing publica este lunes 23 de noviembre.