Volver a empezar

Especial: El nuevo contrato social

España tiene una elevada tasa de paro desde hace 40 años. Además, el empleo temporal tiene un gran protagonismo. El Gobierno lleva en su agenda el cambio de la última reforma laboral. Además, quiere individualizar la atención a los parados para facilitar que encuentren trabajo y preparar el mercado a la revolución tecnológica

La pandemia ha pillado al mercado laboral en España en un cruce de caminos. Por un lado, las disfuncionalidades del pasado, por otro la megatendencias del futuro. Entre las primeras, el problema sempiterno: dualidad y baja productividad, producto de la especialización en sectores con escaso valor añadido como motores de la economía. Pese a la necesaria aparición en escena de los ERTE, el ajuste en esta fase no difiere del que tuvo lugar en la Gran Recesión: destrucción masiva de empleos temporales (un 70% de los 1,3 millones destruidos desde el segundo trimestre de 2019) y aumento del paro juvenil (un 40%). Entre las segundas, el avance de la automatización y el auge de la inteligencia artificial que, junto al envejecimiento de la población, son fenómenos imparables.

Pese a algunas deficiencias en su implementación, las medidas adoptadas hasta ahora (ERTE, ingreso mínimo vital, líneas de crédito a las empresas, bonificaciones en las cotizaciones, etcétera) han resultado acertadas ante el carácter transitorio de la crisis y la necesidad de sostener el consumo y proteger a empresas y trabajadores. Ahora bien, las regulaciones del mercado laboral no han variado sustancialmente desde la reforma de 2012 en plena Gran Recesión, con sus aciertos y sus errores. En concreto, no están preparadas para la “gran reasignación que seguirá al ‘gran contagio”. Sin duda habrá sectores pujantes, y otros inviables, irremediablemente afectados por los cambios de comportamiento producto de la covid-19 y su interacción con las tendencias seculares en marcha. Resulta perentorio abordar esta transición con urgencia, al tiempo que se cambian de una vez por todas aquellas regulaciones que nos han llevado a convertirnos en un país cuya tasa de paro trimestral ha superado 23 veces el 20% desde 2002.

Ello requiere medidas transversales. La dualidad podría reducirse reclasificando los contratos de obra y eventuales de la producción (60% de los temporales y 15,5% del total de asalariados en tiempos normales) a la categoría de contratos indefinidos. Dados estos pesos, una indemnización de entre 18 y 19 días de salario por año de servicio, frente a los 20 actuales, sería neutral, reduciendo la amplia tipología de contratos a tres: indefinido, temporal limitado a sustituciones, y formativo.

En la negociación colectiva, reforzada durante el fructífero dialogo social durante estos meses, debería eliminarse la cláusula sectorial de eficacia general (erga omnes), singularidad española en la UE, aumentando los requisitos de representatividad, especialmente de los empresarios. Respecto a lo primero, corregiría el persistente declive en la afiliación sindical acercando los intereses de los agentes sociales en la empresa. En cuanto al segundo, el actual sistema de umbral de un 15% en la ocupación y el reconocimiento mutuo de las partes negociadoras, otorga excesivo peso a las grandes empresas en los convenios y acuerdos colectivos, lo que perjudica a las pymes. A ello se une que la creciente demanda de tareas en vez de personas en un mundo cada vez más digitalizado necesariamente requerirá una reconfiguración de estos acuerdos, empezando por corregir la ineficiente regulación de los trabajadores autónomos dependientes (trade) y fomentar la negociación colectiva entre los autónomos dentro del respeto a las leyes de competencia.

Los trabajadores en el futuro han de tener unas competencias que aquellos que desgraciadamente han perdido o van a perder sus empleos no poseen. Con tasas de paro como las actuales, la financiación y eficacia de las políticas activas es muy limitada: las prestaciones y subsidios lo absorben casi todo. La innovación se resentirá por el envejecimiento progresivo. Las soluciones son lograr reformar las regulaciones laborales ineficientes, aumentar las cotizaciones empresariales en los ERTE para descubrir su viabilidad, la inmigración y aprovechar correctamente los fondos europeos.

Juan J. Dolado es catedrático de Economía en la Universidad Carlos III de Madrid.