Los británicos ya han pagado 300.000 libras por la batalla legal del príncipe Enrique para obtener protección policial en Inglaterra

En enero de 2020, Enrique de Inglaterra y Meghan Markle anunciaron su decisión de abandonar la familia real británica y marcharse a vivir fuera del país. Algo que cayó como una bomba en el palacio de Buckingham, con una reina Isabel “furiosa” y un príncipe Carlos “incandescente de la rabia”. Con su marcha, los Windsor llegaron a un acuerdo: Enrique y Meghan renunciaron a su título (seguirían siendo los duques de Sussex, pero dejarían de participar en actos públicos en representación de la reina y ya no podrían encabezar sus nombres con las iniciales H. R. M., His o Her Royal Majesty, su alteza real) y a percibir financiación pública, continuando así con su deseo de alcanzar “de modo gradual una independencia económica”. Por esta razón, la escolta policial que velaba por su seguridad en Reino Unido también les fue retirada. Una decisión con la que el duque de Sussex nunca se ha mostrado conforme, motivo por el cual emprendió acciones legales ante un tribunal de Londres para solicitar protección policial cuando se encontrara en el Reino Unido. Una acción que, como revelan hoy los medios británicos, ya ha costado a los contribuyentes británicos un total de 296.882 libras (unos 334.129 euros al cambio actual) según datos obtenidos a través de la Ley de libertad de información, una ley del Parlamento del Reino Unido que crea un derecho de acceso público a la información en poder de las autoridades públicas.

El caso judicial lleva en curso desde otoño de 2021: después de que el tabloide The Mail On Sunday publicase una noticia sobre una posible batalla legal, siendo esta la primera vez que un miembro de la Familia Real presentase un caso contra el Gobierno británico, un representante del príncipe Enrique emitió un comunicado aclarando la situación. Según esa nota, el objetivo del duque de Sussex era “garantizar su seguridad y la de su familia mientras se encuentra en el Reino Unido para que sus hijos puedan conocer su país de origen”. A pesar de que durante sus viajes a Inglaterra los duques de Sussex contasen con su cuerpo estadounidense de seguridad privada, sus representantes legales apuntaron que ese equipo no tenía jurisdicción en el extranjero ni acceso a la información de inteligencia del Reino Unido, necesaria para mantenerlos a salvo.

En el comunicado se hacía referencia al deseo del príncipe de financiar él mismo dicha seguridad, evitando que fueran los contribuyentes quienes pagasen la factura, aunque también indicase que existían otras personas que habían dejado un cargo público y mantenían la protección policial sin coste alguno. Esta oferta fue denegada por el ministerio del Interior acusando, además, al príncipe de que la cantidad que ofrecía era muy pequeña. El escrito continuaba asegurando que “el príncipe Enrique heredó un riesgo de seguridad al nacer, de por vida. Sigue siendo el sexto en la línea de sucesión al trono, cumplió dos períodos de servicio de combate en Afganistán y, en los últimos años, su familia ha sido objeto de amenazas neonazis y extremistas bien documentadas. Si bien su rol dentro de la institución ha cambiado, su perfil como miembro de la familia real no lo ha hecho. Tampoco la amenaza para él y su familia”.

En febrero de 2022 se celebró la primera audiencia en el Alto Tribunal de Justicia de Londres, donde los abogados del príncipe aseguraron que Enrique y su familia eran “incapaces de volver a su hogar” a causa de la falta de seguridad. También aseguraron que el hijo menor de Carlos de Inglaterra y la difunta Lady Di ansiaba llevar a sus dos hijos, Archie y Lilibet, al Reino Unido de visita desde EE UU, pero afirmaba que no podía hacerlo. Shaheed Fatima, la representante legal del príncipe, aseguró ante la corte: “Esta queja trata sobre el hecho de que el duque no se siente seguro cuando está en el Reino Unido a causa de los acuerdos acerca de su seguridad que comenzaron a aplicarse en junio de 2021 y que seguirán aplicándose si se decide a volver”. Según la revista Hello!, la letrada continuó explicando ante el tribunal británico: “Ni que decir tiene que él quiere regresar a su hogar para ver a su familia y amigos y para seguir apoyando a las causas benéficas que tanto le importan. Este es y siempre será su hogar”.

Por su parte, los abogados del ministerio del Interior británico alegaron durante la vista que la cantidad que Enrique estaba dispuesto a pagar por esa seguridad era “irrelevante”. “El personal de seguridad proporcionado por la policía no está disponible a través de una financiación privada”, afirmaron. También explicaron que el comité encargado de decidir acerca de la protección de figuras públicas y miembros de la familia real ya le otorgó a Enrique un “estatus excepcional” en las ocasiones en las que viajó a Gran Bretaña “según las funciones que lleva a cabo cuando está presente”, y que ese comité “implementará un enfoque particular a cada caso según las circunstancias”. Además, esos mismos abogados afirmaron por escrito que Enrique no brindó el debido respeto al ministro del Interior y a ese comité de expertos encargados de la toma de decisiones en materia de seguridad y riesgos. Y, por tanto, el Ministerio iba a examinar a fondo los costes de este proceso legal.

La batalla legal entre Enrique de Inglaterra y el ministerio del Interior británico continuará el próximo mes de abril. Los expertos desconocen si llegará a su fin antes del 6 de mayo, día de la coronación de Carlos III de Inglaterra.