Shakira cambia de estrategia para evitar el juicio por fraude fiscal tras separarse de Gerard Piqué

Shakira ya no quiere seguir librando el pulso que mantiene con la justicia por el presunto fraude en el pago de impuestos. La cantante colombiana ha decidido cambiar de estrategia. Su objetivo ahora es evitar a toda costa someterse a un juicio que supondría una enorme exposición pública en un momento en que pretende pasar desapercibida. Por eso ha encargado a su equipo de abogados que busque un pacto con la Abogacía del Estado —que defiende los intereses de Hacienda— y con la Fiscalía, que le permita evitar la cárcel a cambio de aceptar que defraudó y de pagar una multa millonaria. Las circunstancias personales y jurídicas han llevado a Shakira Isabel Mebarak Ripoll a dar el paso y bajar los brazos.

La Audiencia de Barcelona asestó el pasado mayo un golpe definitivo a la vía del enfrentamiento al tumbar el último recurso de la cantante. Los magistrados concluyeron que, entre 2012 y 2014, Shakira pasó la mayor parte de su tiempo en España y, por tanto, debió pagar aquí sus impuestos. Los pagos con tarjeta de crédito, la visita a establecimientos o las fotos que ella misma colgó en redes sociales lo demuestran. En 2012, además, compró una casa, alquiló un estudio de grabación y siguió el embarazo de su primer hijo, Milan, en una clínica de Barcelona. Los magistrados la dejaron así a un paso del banquillo de los acusados por un fraude de 14,5 millones de euros. Está previsto que la Fiscalía presente su escrito de acusación antes de agosto, según fuentes judiciales.

La ruptura de su relación con Gerard Piqué es el otro factor que ha desencadenado el giro. El futbolista del Barça era el principal valedor de la línea dura, o sea, de mantener la pugna hasta el final porque creía que podía ganar el caso. Él mismo peleó hasta las últimas consecuencias en su litigio con la Agencia Tributaria, que le impuso una multa de 2,1 millones de euros por la cesión de sus derechos de imagen a una empresa para pagar menos impuestos. Ganó. En diciembre de 2021, el Tribunal Supremo le dio la razón y anuló la multa.

Sin Piqué, y con otros planes para su futuro —que, según algunos medios, pasan por fijar su residencia en Miami (EE UU)—, Shakira pretende cerrar un capítulo judicial que “le afecta mucho emocionalmente”, precisan fuentes cercanas a la artista. La separación del jugador, que era “su principal punto de apoyo en este tema”, ha hecho que la prioridad de la cantante sea evitar someterse a un juicio que podría durar días o semanas, que es público y que implicaría una gran presión mediática. Por la sala de vistas, además, desfilarían multitud de testigos que airearían circunstancias de su vida privada (a qué peluquería iba, qué visitas médicas hizo, a qué actos asistió) por la simple razón de que el núcleo del proceso judicial es, precisamente, demostrar si vivió más de la mitad del año en España y, por tanto, debía ser considerada residente fiscal en este país. La defensa ha esgrimido, sin éxito, un certificado de residencia fiscal en Bahamas, donde, según la inspectora que llevó el caso, no iba nunca.

No será fácil llegar a un acuerdo. Las llamadas sentencias de conformidad —en las que el acusado acepta la pena, por lo general a cambio de una rebaja que le evite ingresar en prisión— son la fórmula habitual con la que se resuelven los casos de fraude fiscal, especialmente cuando afectan a personalidades públicas. Hay excepciones, como la del escritor Ildefonso Falcones, pero es la vía general. Hace unos días, sin ir más lejos, el exdelantero del Barça Samuel Eto’o aceptó una pena de menos de dos años de cárcel cuando la Fiscalía solicitaba inicialmente más de 10. El problema de Shakira es que la Fiscalía la acusará por seis delitos fiscales porque defraudó en dos impuestos (IRPF y patrimonio) en cada uno de los tres ejercicios.

Rebajar la pena hasta llegar a una menor de dos años —que permita solicitar la suspensión de su ejecución, o sea, evitar el ingreso en prisión— será más complicado. Por lo general, las acusaciones aplican circunstancias atenuantes (reconocimiento de los hechos, reparación del daño y otras) para hacerlo posible, puesto que el objetivo fundamental no es encarcelar al famoso, sino cobrar lo defraudado (Shakira ya ha consignado los 14,5 millones de euros en el juzgado) e imponer una multa cuantiosa que genere ingresos a las arcas públicas.

A esa misión de llegar a un buen acuerdo, o al menos uno aceptable para Shakira, se está volcando ahora su defensa. El cambio de estrategia ha provocado también un baile de nombres, de modo que unos letrados —los más proclives a la negociación— han ganado peso y otros lo han perdido. La posibilidad de un pacto siempre estuvo presente, desde el primer minuto, pero ella decidió dar la batalla consciente de que en cualquier momento podía bajarse del carro: la mayoría de estos pactos, de hecho, se cierran en el último minuto, justo antes de enfilar la sala de vistas.

La estrategia de pelear permite ganar tiempo y explorar la posibilidad de una victoria rápida, pero también somete al protagonista a más desgaste: la artista tuvo que ir a declarar hace tres años. Ante la jueza, se ciñó al guion y aseguró que hasta 2015 no vivió de forma permanente en España porque, por su trabajo, era “una nómada sin raíces”. La defensa de Shakira está empezando a llamar ya a la puerta de las acusaciones. Lo hace con la máxima reserva y discreción para que el proceso no descarrile. Si hay pacto, irá igualmente a juicio, pero será un abrir y cerrar de ojos, lo justo para decir en voz alta que acepta los hechos y, tal vez, escuchar de boca del juez que no deberá entrar en la cárcel.