Un refuerzo de la industria de la UE para retener inversiones

El reciente debate sobre el estado de la UE, celebrado el pasado 13 de septiembre, viene a corroborar la falta de confianza en los sistemas de libre mercado. Y es que no parece que sus reglas puedan ayudar a la industria a responder a los desafíos actuales, con las apremiantes demandas de la transición energética.

Lo cierto es que la lucha contra el cambio climático y las consecutivas crisis causadas por la pandemia y la guerra en Ucrania han llevado a los países de la eurozona y a EE UU a aplicar políticas más propias de China. Esto es, a que los Gobiernos tomen medidas “que han supuesto grandes paquetes de gasto y suspensión de las reglas del pacto de estabilidad, al igual que ha ocurrido a causa de los recientes problemas inflacionistas, como el ajuste del IVA”, explica María Jesús Valdemoros, docente de IESE Business School.

El 9 de marzo, la Comisión Europea adoptó el Marco Temporal de Crisis y Transición (TCTF). Se trata de una medida que, en la teoría, flexibiliza las reglas que rigen los subsidios que pueden ofrecer los estados miembros para —a saber— acelerar la implementación de energía renovable, la descarbonización de procesos de producción industrial y las inversiones en sectores estratégicos.

“Durante los últimos meses, la diplomacia de los países europeos ha trabajado para que se eliminen diferentes partidas del cálculo de la deuda y del déficit de los países relacionadas con dichas circunstancias”, indica Massimo Cermelli, profesor de Economía de Deusto Business School. Para quien “2024 se caracterizará por la búsqueda de maneras flexibles que reconduzcan a cada país hacia la senda de un mayor orden fiscal”.

Iniciativas probadas

Así, el objetivo es establecer “un paraguas para que las compañías queden retenidas en Europa, facilitando un acceso más rápido a la financiación para la transición hacia una economía con cero emisiones netas de carbono”. Algo que forma parte del Plan Industrial del Pacto Verde, o Green Deal, puesto en marcha el pasado mes de febrero.

Sin ir más lejos, en España contamos con un ejemplo de los resultados de estas iniciativas: la aprobación de una ayuda de 450 millones de euros destinada a las industrias con un alto consumo de gas; y que fue anunciada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a finales de abril.

Si el origen de estos movimientos lo encontramos en la guerra rusa y el intento de reducir la dependencia de los combustibles fósiles, en la práctica se trata de la respuesta del Viejo Continente a Estados Unidos a raíz de su Ley de Reducción de la Inflación (IRA). Que, tras su puesta en marcha en 2022, supone una inyección de más de 350.000 millones de dólares en ayudas gubernamentales destinadas a “inversiones verdes”.

“Desde la energía eólica hasta el acero, desde las baterías hasta los vehículos eléctricos, nuestra ambición es clara: el futuro de nuestra industria con tecnologías limpias debe ser fabricado en Europa”, manifestaba Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, durante el mencionado debate. Una declaración de intenciones respaldada por el anuncio de múltiples medidas encaminadas a complementar el Pacto Verde.

En particular, la aplicación de la Ley de la Industria de Cero Emisiones (Net Zero Industry Act) y de la Ley de Materias Primas Críticas (Critical Raw Materials Act) —propuestas también en marzo—, así como un paquete de medidas para la producción de energía eólica. La primera tiene como objetivo asegurar el despliegue y la competitividad de las tecnologías asociadas a la descarbonización, mientras que la segunda busca garantizar el suministro de las materias primas necesarias para lo anterior.

“La propuesta de la Unión Europea es de claro carácter reactivo, ante los programas de corte similar de China y EE UU. Es lo que hay que hacer, aunque vamos tarde”, apunta María Jesús Valdemoros. El ejemplo de ambos países es “una prueba más de que los incentivos funcionan; ahora bien, Europa debe crear un marco atractivo para los planes de industrialización, que además de ayudas precisan de un entorno empresarial e institucional adecuado. Por ejemplo, es difícil atraer planes de inversión ante la escasez de proveedores o tecnologías. Por eso no solo hay que buscar eficiencia, también seguridad y resiliencia”.