Electricidad limpia y al precio justo

Los objetivos de descarbonización acucian. Si la transición energética fuese un verbo, habría que conjugarlo en presente, no en futuro. Con la Unión Europea apretando el acelerador con su programa Fit for 55 —reducir las emisiones de gases contaminantes un 55% en 2030—, la demanda eléctrica necesaria para lograrlo se antoja inalcanzable. Si España aspira a un parque de cinco millones de vehículos eléctricos a finales de la década, y a electrificar los muelles de sus grandes puertos —­el de Barcelona, que inició el proceso en 2020, reducirá un 38% las toneladas de óxido de nitrógeno y CO2 emitidas durante los atraques—, la generación de energía limpia debe apuntar en todas las direcciones posibles. “Todo a la vez en todas partes”, resume Pedro Fresco, ex director general de Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana. “Lo que hay que hacer es tan imponente, tan poderoso, que no se puede perder a ningún actor”, explica. Y el elenco del mercado eléctrico comienza a ampliarse; ya no es un monólogo de grandes plantas productoras.

El impulso del autoconsumo energético en España dibuja un futuro de generación distribuida. En 2022, el aumento de instalaciones fotovoltaicas para este uso fue de un 108% —más de 2,5 gigavatios (GW)—, del que un 32% corresponde al segmento doméstico (hasta 10 kilovatios). “Muchísimo”, según Paula Santos, directora de Autoconsumo y Comunidades Energéticas de la Unión Española Fotovoltaica (Unef), pues supone la mitad del acumulado desde 2014 (5,2 GW), pero apenas una gota en el océano que urge a dar el salto a su modalidad colectiva. Que la energía generada por una instalación renovable se distribuya entre un grupo de beneficiarios ubicados cerca de esta, ya sea mediante una colectividad de titularidad única (empresarial o municipal) o de propiedad, gobernanza y uso cooperativo, las comunidades energéticas.

“Debemos tener claro que en España no todos tenemos un tejado propio, casi el 70% de la población vivimos en bloques de pisos [dos terceras partes en edificios de 10 o más viviendas]”, advierte Julieta Maresca, subdirectora de Generación Distribuida de Repsol, pionera entre las grandes energéticas en este modelo. A través de su proyecto Solmatch ofrece “una solución energética 100% renovable basada en el autoconsumo colectivo como un servicio”, explica Maresca. Cualquier hogar o pequeño comercio a menos de dos kilómetros (distancia máxima que permite la normativa) del punto de generación de alguna de sus 360 comunidades solares (ubicadas en estaciones de servicio, colegios, iglesias) puede solicitar conectarse y lograr un ahorro medio de un 20% en su factura (se paga una cuota mensual de 2,99 euros más una tarifa de consumo de 1 céntimo de euro por kW/hora).

“Está pensado para que cualquier cliente, por pequeño que sea, sin dinero y sin tejado propio, tenga acceso a la energía solar”, ahonda Isabel Reija, presidenta de Barter Energy, empresa con un modelo similar que articula una red de 100 proyectos solares (30 ya operativos) para una potencia acumulada de 5 megavatios (MW). Dispuestos en cubiertas arrendadas a terceros por la compañía (escuelas, edificios administrativos, comunidades de propietarios), que “sean solarizables, técnicamente, y óptimas desde un punto de vista de mercado”, evitan al usuario un segundo handicap, explica Reija: la inversión inicial que requiere la instalación. Y añade un tercer factor, la conexión local. “Al final, estás consumiendo la energía de tu pueblo o de tu colegio, hay un vínculo emocional que funciona muy bien”.

Valor social

Un paso más allá de este autoconsumo colectivo, regulado por real decreto desde 2019, se encuentran las llamadas comunidades energéticas, cuya normativa específica está todavía en fase de consulta y presentación de alegaciones. Se trata de entidades jurídicas, generalmente en forma de cooperativa, formadas por ciudadanía, pymes y administraciones locales que se unen para gestionar, de forma democrática, una serie de recursos energéticos renovables, principalmente de autoconsumo fotovoltaico. “Tiene más valor en sentido global un proyecto colectivo que otro individual de una empresa”, opina Pedro Fresco, miembro del consejo asesor de L’Energètica (energética pública de Cataluña), “porque es bueno que la gente sea copropietaria, y que la energía sirva para reducir costes de pymes y de particulares, y paliar la pobreza energética. Es un valor social y un valor industrial en sí mismo”.

En la práctica, abren una vía alternativa que permite a cualquier ciudadano formar parte del mercado energético, pues entre sus requisitos figura la libre adscripción y participación (cualquier persona puede formar parte, y salir cuando quiera), y aunque son entidades sin ánimo de lucro, pueden generar actividad económica que, en lugar de repartirse como dividendos, se reinvierte en la propia cooperativa, explica Emmanuel Silva, de la Oficina de Transición Energética. Las comunidades energéticas “aportan inclusión y participación de la ciudadanía; eficiencia por la proximidad entre la demanda y la producción de energía, y también economía local”, amplía Juan Sancri, presidente de Sapiens Energía, cooperativa dedicada al asesoramiento y desarrollo de este tipo de proyectos en un radio de 50 kilómetros desde su sede en Canet d’en Berenguer (Valencia). Y añade otra clave: fomentan una transición energética más justa, en la que “aquel ciudadano, pyme o autónomo que quiera participar de la rentabilidad económica que tiene el sector energético, tenga la posibilidad de hacerlo. Hasta ahora no se podía; hemos sido meros pagadores de facturas”.

Pero el impulso que registra el autoconsumo (individual) en España no empuja igual en su modalidad colectiva, aun cuando se han multiplicado las ayudas públicas destinadas a ella, incluidas líneas de promoción específicas para comunidades energéticas. Aunque no disponen de cifras concretas, desde la Unef “sí intuimos que el autoconsumo colectivo representa menos del 1% del sector”, estima Paula Santos, cuyo trabajo se centra en detectar y abordar aquellas dificultades y barreras que lastran su desarrollo a mayor escala. Una de ellas, advierte, “es la falta de información por parte de la ciudadanía”. En España ha calado la idea de que el autoconsumo es para gente que vive en un chalé, una industria o un comercio, pero “falta profundizar en un segundo concepto: que el autoconsumo se puede instalar en un bloque de edificios”. Eso sí, reconoce Santos, siempre será mucho más difícil convencer a un grupo de personas que a una sola, sobre todo cuando además hay que formalizar una cooperativa para iniciar el proyecto.

“Para que una comunidad energética pueda prosperar hace falta un actor de confianza”, aconseja Pedro Fresco, “especialmente en estos momentos en los que todavía no hay un número de referencias lo suficientemente importante” en España. Por ejemplo, explica, la proyección del párroco de una iglesia hacia su comunidad de feligreses o, sobre todo, la de un Ayuntamiento entre los vecinos de un municipio. La comunidad energética de El Prat de Llobregat, población de 65.000 habitantes a las afueras de Barcelona, es un claro ejemplo.

“Nosotros hemos tenido vocación de una comunidad para toda la ciudad, donde introducimos a la industria, logística, comercio y sector doméstico”, explica Joan Herrera, director de Acción Ambiental y Energía en El Prat. “También de una comunidad energética donde hubiese participación privada, pero a su vez con liderazgo público y ciudadano”, aclara, lo que ha cristalizado en un modelo de gobernanza que reparte la cuota democrática entre Ayuntamiento (40%), pequeños inversores y empresas locales (40%) y una asociación de usuarios (20%) con derecho a veto sobre grandes decisiones, cuyos miembros (unos 500 ya en lista de espera) no tienen que aportar capital inicial para participar, garantizando así “el mando y la participación abierta y voluntaria”, afirma Herrera. “Como las comunidades energéticas no deben tener como objetivo el ánimo de lucro, cuando está el Ayuntamiento dentro la gente se fía”, puntualiza.

Agilizar procesos

Esta comunidad energética visibiliza también el gran obstáculo que frena actualmente el desarrollo de estos proyectos: la certificación que requiere su puesta en marcha. “Aún no tenemos procesos estandarizados ni ágiles para legalizar las instalaciones de autoconsumo compartido, y esto es muy desincentivador para los socios”, lamenta Juan Sacri, de Sapiens Energía, a quien le llevó 16 meses activar su primer proyecto colectivo allá en 2020, cuando una instalación de autoconsumo individual puede estar operativa en cuestión de dos o tres semanas. “En El Prat ya estamos preparados para ofrecer electricidad, pero no estamos pudiendo legalizar un megavatio de autoconsumo compartido, que es mucho”, denuncia Joan Herrera, quien apunta al papel de algunas distribuidoras eléctricas, responsables de integrar estas instalaciones en el sistema energético mediante la activación de los puntos de conexión, proceso que suele demorarse un año. “Las distribuidoras deben cumplir su función porque, si no, no habrá modelo distribuido y participado, y el autoconsumo será solo para quien tenga un tejado en su casa”, advierte.

Hay brotes verdes. Desde la Consejería de Economía Sostenible de la Generalitat Valenciana se ha impulsado un convenio con i-DE (empresa de distribución de Iberdrola) para agilizar estos trámites, que incluye a la Consejería de Industria —competente en la autorización de instalaciones—, así como a Grupo Enercoop y Sapiens Energía, principales promotores de comunidades energéticas en la región, “para sentar en una misma mesa a los cuatro actores que participan en el proceso y poner en común la problemática”, explica Juan Sacri. Por ejemplo, la necesidad de crear la figura del gestor del autoconsumo compartido (ya existe en Portugal), que como representante de los autoconsumidores asociados acelere la toma de decisiones dentro de las cooperativas, agilizando la fase de legalización. En los últimos proyectos desarrollados por Sapiens, “nos está llevando entre cuatro y seis meses, que es un gran avance”, asegura Sacri. Desde la Asociación Valenciana de Comunidades Energéticas se tiene constancia de unos 90 proyectos en desarrollo en la región, lo que implica que en torno a un 20% de sus 542 municipios ya contaría con uno de ellos.

“Quien piense que las distribuidoras están frenando esto porque se sientan amenazadas por las comunidades energéticas está entrando en un pensamiento conspiranoico”, avisa Pedro Fresco. “Viendo la dimensión de un proyecto de este tipo [cuya potencia media es de 100 kilovatios], no le supone nada a una gran empresa”. Incluso si se activasen de golpe los más de 400 proyectos de comunidades energéticas en desarrollo que recoge el mapa de la Oficina de Transición Energética, esto supondría una cuota de 40 megavatios de energía solar, “que es lo que genera una sola central hidroeléctrica durante una hora”, asegura, haciendo números rápidamente. Para Fresco, que sí coincide en que las distribuidoras son el cuello de botella principal en la legalización de proyectos de autoconsumo colectivo, la cuestión estriba en que no es una prioridad para estas corporaciones, “en las que hemos encontrado, por ejemplo, sistemas informáticos y toda una burocracia para activar estos autoconsumos compartidos todavía muy manual; un proceso que no estaba suficientemente actualizado”. Hay mercado de sobra para todos, grandes y pequeños, apostilla. Todo a la vez en todas partes.