Neutralidad no es censura: lo que Gaza ha puesto en evidencia en las aulas

En estos meses hemos visto cómo desde algunos centros educativos públicos de la Comunidad de Madrid se ha intentado expresar solidaridad con el pueblo palestino, visibilizar el horror del genocidio en Gaza o promover actividades de reflexión en el aula. Y hemos visto también cómo desde la Administración educativa —en concreto desde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso— se ha intentado silenciar, confundir o incluso amenazar esas expresiones. La razón alegada: la neutralidad ideológica de los centros públicos.

La cuestión es grave. No solo por el contexto humanitario de extrema urgencia, sino porque señala un problema más profundo: el intento de hacer pasar por adoctrinamiento cualquier expresión de compromiso que no coincida con la ideología del gobierno autonómico.

Conozco bien el funcionamiento de los centros públicos. Fui presidente de la Asociación de Directores de Institutos Públicos de Madrid, que agrupa a más del 80 % de esos centros de Secundaria. Lo era también en 2022, cuando se produjeron iniciativas promovidas incluso desde la Consejería de Educación para mostrar apoyo al pueblo ucraniano frente a la invasión rusa. Participamos. Colgamos pancartas. Se organizaron actos. Y nadie nos acusó entonces de adoctrinar ni de romper la neutralidad. Al contrario: se consideró una muestra de valores, de empatía, de educación para la ciudadanía.

¿Y ahora? Ahora que estamos presenciando un exterminio masivo retransmitido en directo, con informes de la ONU y denuncias en la Corte Penal Internacional, se nos exige silencio. Se nos advierte contra el uso de banderas, se desaconsejan actividades, se recurre a llamadas verbales, nunca escritas, para “no entrar en política”. Ahora, resulta que lo que hace tres años era solidaridad, hoy es ideología. ¿Qué ha cambiado?

Lo que dice la ley (y lo que no dice)

La Constitución Española (artículos 20 y 27) reconoce la libertad de expresión, la libertad de cátedra y el derecho a una educación basada en los principios democráticos y en los derechos fundamentales. La ley educativa vigente, la Lomloe, es aún más explícita. En su Disposición Adicional 41.ª, establece: “El sistema educativo español promoverá el aprendizaje de los derechos humanos y las libertades fundamentales, la paz, la justicia, la igualdad y la solidaridad entre los pueblos”.

¿Dónde está, entonces, la ilegalidad en que un centro hable de Palestina, de Gaza, de los crímenes de guerra, de los miles de menores asesinados? No está. Lo que ocurre es que a este gobierno no le gusta, y en lugar de reconocer que se trata de una diferencia ideológica, se lanza la acusación más grave y difusa: adoctrinamiento.

Pero adoctrinar no es educar en derechos humanos. Adoctrinar sería imponer una ideología partidista, negar la realidad, excluir el pensamiento crítico. ¿De verdad es adoctrinar poner en valor la vida de todos los pueblos, hablar de empatía, pedir el fin de una masacre?

El Tribunal Constitucional, en sus sentencias 34/2023 y 49/2023, desestimó los recursos del PP y VOX contra la Lomloe. En ellas, dejó claro que educar en igualdad, en derechos humanos y en ciudadanía democrática no es adoctrinamiento, sino mandato legal.

Y en cuanto a símbolos, la Ley 39/1981, sobre el uso de la bandera, regula su utilización institucional, no la simbólica, educativa o pacífica en contextos de reflexión. Los actos de solidaridad que hemos visto —como los que antes hicimos con Ucrania o ante tragedias naturales como la dana— caben plenamente en el marco legal, porque los centros no viven de espaldas a la realidad.

¿Neutralidad? ¿O silencio impuesto?

La neutralidad exigible a los centros públicos no impide que se hable de Palestina, del genocidio o de la catástrofe humanitaria en curso. Impide que se imponga una ideología concreta. Pero permitir que el alumnado se exprese, que los docentes organicen actividades desde su autonomía pedagógica, que se reflexione desde la perspectiva de los derechos humanos, no vulnera esa neutralidad. La desarrolla.

Una interpretación estrecha, según la cual la neutralidad consiste en no molestar al poder, contradice tanto la ley como la práctica habitual en los centros educativos públicos. La prueba está en que nadie se alarmó cuando lo hicimos por Ucrania. Pero ahora, con Palestina, sí.

No es neutralidad. Es censura selectiva.

¿Y ahora qué?

En lugar de lanzar sospechas sobre el profesorado o de enviar inspectores por colocar una bandera palestina, el Gobierno de Ayuso debería respetar la legalidad y dejar de utilizar la educación como campo de batalla ideológico.

No se puede afirmar que todo aquello con lo que no se está de acuerdo es ideología, mientras lo propio se presenta como objetividad. Eso es sectarismo. No se puede llamar libertad a que otros solo digan lo que uno quiere oír. Y no se puede hablar de legalidad solo cuando coincide con mis ideas, y de adoctrinamiento cuando me incomoda.

Los centros educativos no son trincheras ideológicas. Son espacios de pensamiento, de diálogo, de compromiso con el presente. Lo eran en 2022, cuando apoyamos a Ucrania. Lo siguen siendo ahora, cuando defendemos que se hable de Gaza.

Quien pretenda imponer el silencio a cambio de neutralidad, no entiende lo que es educar. Y mucho menos lo que significa ser demócrata.