Ayuso legisla sobre la marcha en Madrid para neutralizar iniciativas de Pedro Sánchez y la oposición

El Gobierno de la Comunidad de Madrid está empleando la mayoría absoluta que logró Isabel Díaz Ayuso (PP) en las elecciones autonómicas de mayo de 2023 para decidir sobre la marcha propuestas legislativas que no estaban originalmente en su hoja de ruta, y que buscan neutralizar iniciativas de la oposición de izquierdas o del Ejecutivo de España. Así, el Gobierno regional anunció el lunes que introduciría una enmienda en una ley que ya está en tramitación en el Parlamento regional para dificultar el proyecto estatal de declarar la Real Casa de Correos como lugar de memoria democrática, en recuerdo de su pasado como escenario de torturas en el franquismo. Y antes, viendo que podían prosperar los dos recursos impulsados ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno central y otro del Defensor del Pueblo (a iniciativa de Más Madrid), contra las leyes Lgtbi regionales, el PP de Madrid se avino a rectificar a toda prisa sus propias normas, aprobadas hace menos de un año. Una estrategia que solivianta a la oposición de izquierdas.

“Parece que hay similitudes entre el nacionalismo catalán más extremo del lado del nacionalismo español más extremo”, critica Sara Bonmati, del PSOE, sobre cómo habría protestado el PP si políticos independentistas hubieran pergeñado una enmienda únicamente para entorpecer una iniciativa del Gobierno central, en este caso relacionada con la memoria histórica. Para la representante del grupo de Juan Lobato, esto demuestra los problemas de los conservadores “pare desvincularse de la dictadura franquista”, su “equidistancia”, y su deseo de hacer una interpretación de la historia “interesada y partidista”.

En Más Madrid, como ha pasado en el grupo socialista, esa estrategia de prolongar el choque con el Gobierno de Pedro Sánchez a través de iniciativas legislativas tampoco ha pasado desapercibida. Vox, por su parte, avala con matices la apuesta del PP. “Durante la legislatura surgen temas sobre los que, en ocasiones, entendemos que se debe legislar sobre la marcha”, explica el partido de Isabel Pérez Moñino. “Lo que nos preocupa es la estafa permanente del Partido Popular a los madrileños y a sus propios votantes”.

Así justifica el Gobierno regional su decisión sobre la Real Casa de Correos: “En este caso hemos presentado alegaciones a algo del Estado que ha sucedido ahora”. Y así explicó el PP su decisión de rectificar las leyes trans, pese a que apenas tuvieran 10 meses de vigencia: “Son mejoras técnicas”.

Dicen los manuales de comunicación política que, si no quieres que algo se sepa, lo hagas el viernes por la tarde. Hacia esas horas se enfila la jornada del 11 de octubre cuando el PP de Díaz Ayuso registra la modificación de las dos leyes trans regionales, que había retocado hacía menos de un año. Inmediatamente, el PP niega que el objetivo de la iniciativa sea evitar una posible derrota en el Constitucional, donde estaban recurridos distintos puntos clave de ambas normas autonómicas.

Pero que esa era la verdadera meta queda claro apenas 10 días después, cuando se conoce que el tribunal ha decidido aplazar la sentencia sobre una de ellas, después de que lo solicitaran tres magistrados del bloque conservador. El proyecto de resolución ya estaba redactado y había sido distribuido entre los miembros del tribunal, ante lo que tres de ellos, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y José María Macías, dirigieron una carta al presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido, para pedir que retrasara la deliberación, ya que el PP ha iniciado los trámites para que la Asamblea de Madrid modificara las normas. Es decir, el PP regional legisló sobre la marcha para evitar la derrota.

Lo mismo ocurre este lunes 25 de noviembre, en este caso para intentar eludir una derrota simbólica. “Intentar vincular este edificio histórico con el franquismo es una auténtica barbaridad”, dice el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, para argumentar que el Ejecutivo regional vaya a emplear “todos los resortes legales” a su alcance para evitar que el Gobierno central culmine su proyecto de declarar como lugar de memoria democrática la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo madrileño, y antes de las torturas y encarcelamientos que se ejecutaban al amparo de la dirección general de seguridad (DGS) de la dictadura franquista.

Para ello, el PP madrileño registra una enmienda a una ley que ya se tramitaba en la Asamblea y que nada tiene que ver con este tema. Al aprobarse la instalación “con carácter permanente de cualquier placa o distintivo” en la Real Casa de Correos requiera de “la previa autorización del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid”. Es decir, se pretende aprobar una ley para que Ayuso pueda vetar su instalación.

Preguntado por este diario, el Gobierno no ha aclado si esa iniciativa está recogida en el plan normativo con el que arrancó el Ejecutivo la legislatura, y que recoge sus proyectos para el periodo 2023-2027. Al menos en el documento publicado en el portal de transparencia, no aparece la previsión de que vaya a modificarse la ley correspondiente.

Hay un cuarto ejemplo de esta política reactiva, y diseñada en función del choque con La Moncloa. Pero es en sentido contrario: descartar la reforma del estatuto de autonomía, que sí estaba en el plan normativo, para eliminar el término “minusválido” con el argumento de que su tramitación culminaría en el Congreso, donde Pedro Sánchez podría introducir otros cambios.