¿Alumnos de 1º y 2º de la ESO en colegios de Primaria? Los padres dicen sí, los sindicatos no

Pasan las semanas y el ambiente es cada vez más tenso entre la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y los sindicatos. Esta vez las organizaciones sindicales han cuestionado la legalidad del anuncio del Gobierno regional de incorporar desde el próximo curso 2025/26 las enseñanzas de 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) a colegios públicos de Infantil y Primaria de toda la región. En principio, era solo en los de nueva creación, pero ahora se ha extendido a todos los que puedan adaptar sus instalaciones. Lo consideran un experimento de “dudosa legalidad” y aseguran que pondrá “patas arriba” todo el sistema educativo. Comisiones Obreras (CC OO), la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) y el sindicato ANPE-Madrid critican que no se les ha informado de como será la implementación, la falta de un estudio para tomar la decisión y que no se sepa cuánto costará hacerlo. La Comunidad aún no ha respondido a ninguna de estas preguntas.

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, hizo el primer anuncio de la medida durante el Debate sobre el Estado de la Región del pasado 12 de septiembre. En ese momento, indicó que sería únicamente para los colegios de nueva creación. Un mes después, el consejero, Emilio Viciana, cambió las reglas del juego. “Ahora estamos trabajando para extender también este modelo, que ha tenido muy buena acogida entre las familias de la región, a colegios públicos de todas las direcciones de área territorial que ya estén funcionando”, explicó el 14 de octubre en una nota de prensa. A esos colegios también se les exigirá tener jornada partida. La propuesta se basa en que ayudará a “combatir el abandono escolar, mejorar el rendimiento de los alumnos, su descanso o sus hábitos de alimentación, así como luchar contra la soledad, las adicciones o la posible influencia de las bandas juveniles”. El anuncio tomó por sorpresa a los sindicatos, quienes critican duramente la “irresponsabilidad” de la administración al proponer algo que, consideran, va en contra de la ley.

El artículo 13.2 del Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, recoge que “en los centros de educación secundaria que ofrezcan las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria se deberán impartir los cuatro cursos de que consta esta etapa educativa con sujeción a la ordenación académica en vigor”. Actualmente, estas etapas pueden impartirse en un mismo centro, como en los Colegios de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria (Ceipso), sin embargo, la ley no contempla separar los cursos de una misma etapa. Isabel Galvín, secretaria de Educación de CC OO Madrid, ha recogido esta información en una carta enviada al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. En esta, exigen que se le aclare e informe a la Comunidad de Madrid sobre el marco legal de esta decisión. “A juicio de nuestro equipo jurídico, esta medida es de dudosa legalidad. Se anticipan denuncias, recursos y judicialización (...). Este experimento puede causar graves daños al alumnado y profesorado afectado”, ha manifestado Galvín.

Tampoco, critican los representantes sindicales, han sido consultados sobre la medida. “No resulta comprensible que las comunidades educativas se enteren por una nota de prensa del Gobierno regional de que este quiere impulsar un cambio”, reclama Teresa Jusdado, responsable de Enseñanza de UGT Madrid. Desde las organizaciones aseguran desconocer de la existencia de un escrito que detalle la manera práctica en la que se implementará, ni un estudio que lo respalde. La consejería tampoco ha informado cuánto dinero costará el cambio. Andrés Cebrián, presidente de ANPE-Madrid, coincide en que, hasta ahora, existen muchas más preguntas que respuestas. “Hay muchas cuestiones que tienen que abordarse, que tienen que hablar con nosotros, negociar, y tampoco sabemos bien a qué responde esta medida”, afirma.

Esta decisión vulnera los derechos laborales de los docentes de los institutos, según Miguel Ángel González Martínez, responsable de CSIF Educación Madrid. Principalmente, afectará a los de los institutos, quienes, en ocasiones, tendrían que trasladarse de un lugar a otro el mismo día para completar sus horas laborales. “Habrá compañeros que, por ejemplo, estarán un día de 8.30 a 10.00 en el instituto y en el recreo se tendrán que ir al colegio a impartir un curso de 1º de la ESO y luego regresar al instituto a impartir un 4º de la ESO. Es una locura”, explica a EL PAÍS en una llamada telefónica. González Martínez también critica que el paso de 2º de la ESO, impartido en un colegio, a 3º, en un instituto, también será complicado para los estudiantes y que incluso el aprendizaje puede ser “más abrupto”.

La información que manejan los sindicatos apunta a que el proceso va a toda marcha. Según CC OO, la semana pasada la consejería se dedicó a realizar llamadas de manera intensiva a centros de Infantil y de Primaria de todas las zonas, especialmente “en Getafe, Valdemoro y Madrid capital”.

Beneficios para el alumnado

Pero no todo son críticas. En el ámbito académico, la propuesta ha sido bien recibida. Ana Roa, docente y coordinadora de pedagogía del Colegio Oficial de Docentes de Madrid, sostiene que la medida es “bastante acertada”, ya que permitirá a los alumnos consolidar su adolescencia de una manera “más tranquila”. “Cuando los niños terminan Primaria todavía les falta cierta madurez y cuando pasan al instituto se junta toda la ebullición de la adolescencia en un sitio muy diferente. Se pueden perder mucho”. Roa es consciente de que, en algunos casos particulares, al estudiante sí le viene bien cambiar de ambiente, pero en líneas generales apoya la medida de la consejería.

Los padres y madres también la ven con buenos ojos. Sin embargo, reconocen que no hay suficiente información para apoyar totalmente la medida. “Entre las familias que nos han ido comunicando sus opiniones, hay una mayoría que prefieren que se queden en los colegios, pero esto requiere un análisis. Estamos esperando a ver al detalle lo que se quiere hacer”, señala María Carmen Morillas, portavoz de la Federación de Asociaciones de Padres del Alumnado (FAPA) Francisco Giner de los Ríos. Dice desconocer también la inversión en contratación y en infraestructura que esto supone, por lo que han solicitado al Consejo Escolar convocar un debate cuando se publiquen los detalles del anuncio.

Este martes, el consejero Viciana ha expresado su intención de reunirse con los sindicatos antes de la huelga y la manifestación programadas para el martes 29 de octubre. Es el primer contacto de la consejería con las organizaciones desde la suspensión de una reunión pactada para el 12 de septiembre anterior.