Los reveses judiciales al PP del abogado del Estado Martínez-Almeida

Suenan varios bocinazos. Y un grito: “¡Peperos, trileros, devolved el dinero! ¡Cumplid la sentencia! ¡Se acabó el Madrid central! ¡Se acabó el chollo!”. Quien habla, sentado en una furgoneta que se ha parado ante la sede central del PP, es Javier Ortega Smith, concejal de Vox. Solo han pasado unos días desde la anulación por la justicia de las tres Zonas de Bajas Emisiones de Madrid a petición de su partido. Y mientras la oposición aprieta las clavijas de las críticas, ninguno de sus portavoces se extraña del varapalo judicial. Hay una razón: desde que el abogado del Estado José Luis Martínez-Almeida (PP) llegó al poder por primera vez, en el verano de 2019, su equipo ha cosechado una cascada de sentencias en contra, aunque no todas son firmes. Un balance sin casi precedentes que afecta a asuntos de todo tipo, desde la calidad del aire a la memoria histórica, pasando por las cocinas fantasma o la normativa de terrazas, y que hasta ahora no parece haber hecho mella en el tirón de un político que gobierna con mayoría absoluta.

“Esto es excepcional”, resume Rita Maestre, portavoz municipal de Más Madrid, el partido que lidera la oposición. “Nunca había habido tantas sentencias contrarias a lo que defendía el gobierno”, afirma la edil, que tuvo responsabilidades de gestión durante la etapa de Manuela Carmena como alcaldesa (2015-2019). “Pero no es inesperado, en la medida que muchas de esas decisiones ya venían con informes contrarios del propio Ayuntamiento o de otras administraciones que nos permitían suponer que iban a acabar así en los tribunales”, argumenta.

“Pese a ello, han seguido adelante, a sabiendas de que iban en la dirección incorrecta, hasta que los tribunales les han quitado la razón del todo”, añade Maestre, para diagnosticar: “Hay una arrogancia propia de un gobierno que cree que la judicatura le es favorable y que con la mayoría absoluta ya va de sobrado por la vida. Y en algunos casos tiene que ver con que me quiten lo bailao”.

Lo mismo piensa Enma López, del PSOE. “Van de que son buenos gestores, y cada vez que algo llega a los tribunales, pierden”, analiza López. “Son sentencias muy duras, porque todo se lo tumban por lo mismo, por falta de informes que son preceptivos”, describe la edil. “Y es que por mucho que tengan mayoría absoluta, la legalidad la tienen que cumplir, el procedimiento lo tienen que cumplir, y no lo están haciendo”, añade. “Sumen a la ciudad en la inseguridad jurídica”.

Desde 2019, los juzgados se han pronunciado en contra de la prohibición de instalar estufas de gas en las terrazas de los bares, y de la ordenanza de terrazas del Ayuntamiento; de la de las zonas de bajas emisiones; del primer plan para el desarrollo urbanístico proyectado en las antiguas cocheras del Metro en Cuatro Caminos (aprobado con el apoyo de Más Madrid y que venía coleando de la legislatura de Carmena); o de la legitimidad del consistorio para desalojar La Ingobernable.

Los tribunales también han ordenado la paralización de las obras de los parkings del estadio Santiago Bernabéu, la anulación de cientos de multas de tráfico, y el freno a la actividad de decenas de cocinas fantasma, que contaban con licencia municipal. O han mandado reponer la placa a Largo Caballero, retirada y rota a martillazos, y los nombres de dos calles de la capital designadas en recuerdo de dos socialistas y ministros de la Segunda República: Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto.

Sin embargo, para entender la última reflexión de Maestre, ese “que me quiten lo bailao”, hay que retrotraerse a 2021. Corre el mes de marzo, y el gobierno de coalición formado por el PP y Ciudadanos está en una situación precaria: para aprobar cualquier medida de calado necesita de los votos de Vox, es decir, sumar apoyos de tres partidos distintos. En esa fecha, cuatro concejales de Más Madrid deciden abandonar el partido y reclaman constituirse como grupo mixto, con las correspondientes ventajas económicas y organizativas.

Su partido original los considera “tránsfugas” y, por lo tanto, concejales no adscritos. Pero el Ayuntamiento les permite formar un grupo propio con el visto bueno del secretario del pleno. En 2022, una sentencia mandata su disolución. En 2023, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ratifica esa orden. Y este 2024, el Supremo confirma lo mismo.

Pero, para entonces, ya da igual. El grupo ni existe, ya han pasado las elecciones, y el PP ha conseguido lo que probablemente quería: un inesperado socio en la izquierda para, por ejemplo, aprobar los Presupuestos sin depender de una negociación a cara de perro con Vox. “Martínez-Almeida es abogado del Estado, y por eso sabía que el grupo mixto iba a perderlo en los tribunales, porque era una cacicada”, describe Maestre. “Pero, para cuando llegó la sentencia, había acabado la legislatura, y ya se había aprovechado de los beneficios de una decisión que sabía incorrecta”, sigue. “Ahora, ¿quién nos devuelve eso?”.

Esto opina López, del PSOE: “Aquí lo que querían era ganarse el favor político de estas personas a base de darles medios materiales y personales, que es la diferencia entre tener un grupo y no tenerlo. De ahí salieron unos Presupuestos, la ordenanza de terrazas, también ilegal”.

Vistos los precedentes, la oposición afronta lo que queda de legislatura vigilante, y presta para acudir a los tribunales en cuanto ve cualquier posibilidad de victoria. El Ayuntamiento está optando como norma por recurrir las sentencias en contra, entre otras cosas, porque eso le permite ganar tiempo para elaborar nuevas ordenanzas que sustituyan a las que han tumbado los tribunales.

Mientras tanto, lamentan en Más Madrid y PSOE, hay ciudadanos que conducen sin tener claro sin ser multados, o si les devolverán el dinero pagado por incumplir las normas de Madrid 360; vecinos pendientes de lo que ocurre con las obras del parking del Bernabéu, o del ruido de sus conciertos; y propietarios que han vivido con incertidumbre las idas y venidas de la normativa de terrazas.

Este diario solicitó al Ayuntamiento una cita con un portavoz para analizar estos casos, así como la confirmación de cuántos cuentan con sentencia firme y cuántos ha recurrido, o cuántos considera atribuibles a la Administración de Almeida, sin obtener respuesta.