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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid sentencia que el desalojo a la Ingobernable fue ilegal

Los jueces reconocen que el Ayuntamiento no tenía legitimidad para expulsar al colectivo

Lucía Franco
Intento de desalojo del centro social okupa La Ingobernable en 2019, antes de la expulsión definitiva en noviembre de ese año.
Intento de desalojo del centro social okupa La Ingobernable en 2019, antes de la expulsión definitiva en noviembre de ese año.Kike Para

Dos sentencias publicadas el mismo día dejan una amarga victoria para el colectivo La Ingobernable. En la primera, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha sentenciado que el Ayuntamiento de Madrid no tenía legitimidad para iniciar el procedimiento ni ejecutar el desalojo del centro social. Según la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico, “el Ayuntamiento de Madrid carece de legitimación” sobre el desalojo producido el 13 de noviembre 2019 en el edificio de la Calle Gobernador 39, esquina con Paseo del Prado número 30. La Ingobernable considera esta sentencia una victoria porque da la razón al recurso interpuesto por el centro social el pasado mes de julio de 2019, pero llega tarde. El desalojo se ejecutó hace siete meses.

Por otra parte, el TSJM ha resuelto al mismo tiempo otro recurso interpuesto en noviembre de 2019 por el centro social La Ingobernable y, en esta segunda sentencia, matiza que ese desalojo no genera daños irreversibles ni irreparables. En ella explica que “tampoco cabe apreciar que se produzcan perjuicios irreparables si no se adopta la medida, ya que como bien dice el auto apelado, esos perjuicios son indemnizables si se llegara a estimar la pretensión deducida por la parte recurrente”.

Según cuenta el colectivo a este periódico, esa segunda sentencia tiene trampa. “¿Cómo va a hacer la administración reversible esta situación y cómo va a indemnizar a todas las vecinas y vecinos que no han podido hacer uso del centro y sus actividades desde entonces?”.

El centro social okupado autogestionado estuvo durante tres años en un edificio de propiedad municipal, en el centro de Madrid. La historia de este edificio se remonta a 2015, cuando la entonces alcaldesa Ana Botella cedió el uso del inmueble por 75 años a la Fundación Ambasz para hacer un Museo de Arte, Arquitectura y Diseño.

Esto nunca se materializó y el edificio permaneció vacío hasta el 2017, cuando, después de una manifestación con el lema Madrid No se vende, un grupo de personas decidió okupar el edificio. Es por esta razón que El TSJM reconoce que el desalojo de la Ingobernable fue ilegal, porque debía ser la Fundación Ambasz quien lo solicitara. “La administración era perfectamente conocedora de que efectivamente no tenían legitimidad y aún así dictan el procedimiento de desalojo”, explica Naomi Abad, abogada de Red Jurídica que interpuso el recurso al TSJM en junio de 2019.

“Denunciamos en todo momento que el Ayuntamiento no tenía legitimidad de iniciar y tramitar el proceso de desalojo porque había una cesión vigente a la Fundación Ambasz y en todo caso ellos tendrían que haber iniciado el procedimiento por la vía de lo penal”, explica Abad.

Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid explica que hay dos sentencias del TSJM. Una de ellas avala la recuperación del edificio que el Consistorio ejecutó en octubre del año pasado con autorización judicial. “La otra sentencia no pone en cuestión ninguna actuación del actual equipo de gobierno, sino que anula dos resoluciones del consistorio de 2017 por un tema de legitimación a la hora de instar a recuperar de oficio el edificio”, afirma un portavoz de Ayuntamiento.

Esta segunda sentencia, que no es firme, está ahora mismo siendo estudiada por la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento, de cara a presentar un posible recurso de casación ante el Supremo. Mientras tanto, La Ingobernable ha aprovechado esta amarga victoria para recordar a los madrileños y a las instituciones que están preparando una vuelta “muy especial”.

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Sobre la firma

Lucía Franco
Es periodista de la edición de El PAÍS en Colombia. Anteriormente colaboró en EL PAÍS Madrid y El Confidencial en España. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Javeriana de Bogotá y máster de periodismo UAM-EL PAÍS. Ha recibido el Premio APM al Periodista Joven del Año 2021.

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