Justicia falla contra la medida de Almeida de retirar a martillazos la placa de Largo Caballero
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid da la razón al PSOE, que impugnó el acuerdo municipal de quitar los nombres de la avenida Francisco Largo Caballero y del bulevar de Indalecio Prieto, además de la placa dedicada al primero
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha fallado contra un acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid de 2020 en el que PP, Vox y Ciudadanos votaron a favor de retirar los nombres de dos avenidas de la capital y una placa en honor a dos socialistas y ministros de la Segunda República: Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto. El alcalde José Luis Martínez-Almeida, en su primera legislatura, decidió quitar del callejero de la capital unos símbolos que fueron colocados en los ochenta y los noventa, no durante la Guerra, y que incluso algunos fueron inaugurados por alcaldes populares, como José María Álvarez del Manzano. La placa de Largo Caballero colocada en Chamberí fue desmontada a martillazos y arrumbada en un almacén). Los concejales de Vox, que Almeida necesitaba para pactar acuerdos clave de gobierno, quedaron contentos. Lo más paradógico es que se valieron de la Ley de Memoria Histórica de 2007 (de José Luis Rodríguez Zapatero) para sus fines, mientras, se desgañitaban: “¿Queréis evitarlo? Derogad la ley de Memoria Histórica”.
La justicia este miércoles ha vuelto a darle la razón al grupo socialista que impugnó la decisión del Pleno y sobre la que el juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Madrid ya se había posicionado a su favor. El Ayuntamiento de Madrid, la Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces y el Grupo Municipal Vox presentaron recursos de apelación contra la sentencia inicial de ese juzgado, emitida en octubre de 2022. Ha sido el Tribunal Superior el que ha zanjado el asunto: la ley de 2007 obliga a las administraciones públicas a retirar del callejero aquellos nombres que exalten la sublevación franquista de 1936, la Guerra y la posterior represión de la dictadura. Pero no parece que los nombres de las calles y la placa de Largo Caballero se encontraran bajo estos preceptos. Los jueces imponen a los recurrentes las costas procesales de esta segunda instancia, un máximo de 3.000 euros.
El acuerdo para poner nombre a esas calles y la placa no fue adoptado “en absoluto” durante la Guerra o durante la dictadura, sino en los años ochenta, “una vez había sido ya plenamente reinstaurado el régimen democrático”, según detalla la sentencia del TSJM a la que ha tenido acceso EL PAÍS. La calle de Indalecio Prieto fue acordada por unanimidad del pleno del consistorio madrileño en 1995, cuando el alcalde era José María Álvarez del Manzano, del PP, han recordado los jueces. “Circunstancias que no se compadecen con el hecho de que el propósito de quienes adoptaron los acuerdos correspondientes fuera, en absoluto, enaltecer a estas personas”, concluyen.
El tribunal considera que tanto los nombres como la placa no suponen una “exaltación, enaltecimiento o ensalzamiento de esos concretos hechos acaecidos durante la Guerra Civil”, sino “una mención conmemorativa a quienes desempeñaron ciertos cargos de relevancia como son los de la Presidencia del Gobierno, Secretaría General de la Unión General de Trabajadores y Presidencia del PSOE en el caso de Don Francisco Largo Caballeo y diputado Socialista y presidente del referido Partido Político en el caso de Don Indalecio Prieto”, afirman en el texto.
El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, justificó en su momento la retirada de los reconocimientos a Largo Caballero, asegurando que el “Lenin español”, no debería ser “objeto de ningún homenaje” al tiempo que lo acusó de ser “uno de los grandes responsables de la represión y las matanzas que se produjeron en el Madrid republicano en los primeros meses de la Guerra Civil”. El acuerdo plenario también instaba a la retirada de las estatuas erigidas en Nuevos Ministerios en memoria de los dos dirigentes socialistas, aunque esta medida quedó paralizada por ser de propiedad estatal.
En un vídeo se observaba cómo unos operarios bajaban a golpe de martillo la placa de Largo Caballero de la plaza de Chamberí. Los miembros de Vox lo celebraban por Twitter. De poco importó que en la información del reconocimiento se explicara su contexto histórico: “Con el fin de recordar el lugar donde nació el político socialista madrileño Francisco Largo Caballero (1869 –1946), el Ayuntamiento de Madrid colocó en marzo de 1981 una placa en el inmueble que sustituye a la casa de origen del histórico dirigente defensor de las clases trabajadora”. Ahí se le citaba como “presidente de la Comisión Ejecutiva del PSOE entre 1932 y 1935, ministro de Trabajo entre 1931 y 1933, secretario general de la Unión General de Trabajadores entre 1918 y 1937, y presidente de este mismo sindicato en 1934, antes de alcanzar la presidencia del Gobierno de España al comienzo de la Guerra Civil, tras la que murió exiliado en París”. Una información que han reconocido los jueces este miércoles.
Desde prensa del PSOE cuentan que la placa se encuentra hecha añicos en el Almacén de Villa (Vicálvaro), tal y como se observa en la imagen principal de la noticia. “Es un conjunto de mármol y bronce. El mármol que tenía la inscripción está destrozado. El bronce estaba bien”, señalan.
La líder del PSOE en el ayuntamiento, Reyes Maroto, ha anunciado que se sienten “muy satisfechos” por la decisión judicial que les ha dado la razón, con la que, considera, “se restituye el honor y el nombre” de Largo Caballero e Indalecio Prieto. También, ha lanzado una advertencia al Gobierno municipal: “Vamos a exigir la reconstrucción de la placa de Largo Caballero destrozada a martillazos y también su recolocación del lugar del que nunca debió retirarse, la plaza de Chamberí”.
En la misma línea se ha pronunciado la líder de Más Madrid, segunda fuerza política en el Consistorio, Rita Maestre: “Destrozar la placa de Largo Caballero fue, además de terrible, ilegal. Las imágenes de cómo los operarios la destrozaban a martillazos fueron una vergüenza para la democracia y un retroceso enorme para la memoria democrática de Madrid, ya que formaba parte del catálogo de elementos protegidos del Ayuntamiento. Y ha lamentado que el Gobierno decidiera recurrir el fallo en octubre “con el dinero de los madrileños para sus fines partidistas”. “Ahora, por segunda vez, la justicia le ha quitado la razón. Así que pediremos de nuevo que se restituya la placa de Largo Caballero que nunca debió ser destrozada por el Gobierno de Almeida”.
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