La justicia archiva la única causa por torturas en el franquismo al considerar que es un delito prescrito

La justicia acaba de archivar la única causa abierta por un delito de torturas cometido durante la dictadura franquista al considerar que ha prescrito. La magistrada del juzgado número 50 de Madrid alega que, siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional, no es posible investigar este tipo de denuncias sobre hechos acaecidos en el franquismo. La causa la había iniciado el activista Julio Pacheco, que estaba apoyado por la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra los crímenes del franquismo (Ceaqua). La entidad ya ha anunciado que recurrirá el archivo.

Se trataba de la primera vez que la justicia admitía a trámite una querella criminal en la que se denunciaban crímenes franquistas tras más de un centenar de rechazos en distintos tribunales españoles, los dos últimos en juzgados de instrucción de Ferrol y Pamplona. Julio Pacheco acusaba de torturas a cuatro policías de la Brigada Político Social, entre ellos, el comisario jubilado José Manuel Villarejo. Los otros tres policías denunciados son Álvaro Valdemoro, José Luis Montero Muñoz y José María González Reglero.

El pasado julio, la jueza tomó declaración al querellante y a la testigo Rosa María García Alcón. La magistrada también solicitó al Archivo Histórico Nacional “la totalidad de los documentos existentes en sus fondos” relativos a Pacheco, y en concreto, “a su detención el 24 de agosto de 1975, las resoluciones judiciales dictadas por la jurisdicción de Orden Público y estancias en prisión”. También encargó a la Dirección General de la Policía el expediente policial completo de Pacheco.

Ceaqua ha lamentado este nuevo revés judicial y ha aprovechado para exigir un cambio en la legislación para poder perseguir los posibles delitos cometidos durante la dictadura franquista. “Es indudable que resulta más necesario que nunca que tanto el poder ejecutivo como el legislativo se pongan de inmediato manos a la obra para impulsar todas aquellas medidas legislativas adecuadas para revertir la impunidad de los crímenes franquistas, habiendo quedado de manifiesto la insuficiencia a estos efectos de la Ley de Memoria Democrática aprobada en el año 2022. Con el archivo de la causa instada por Julio Pacheco, todas las querellas presentadas con posterioridad a la entrada en vigor de dicha norma han sido inadmitidas y/o archivadas”, señalan en un comunicado.

A su juicio, “la responsabilidad en cuanto al mantenimiento de este marco de impunidad es compartida por los tres poderes del Estado y de nada sirve poner el foco, única y exclusivamente, en el poder judicial”. Pacheco era un estudiante, militante del Partido Comunista y miembro de la Federación Universitaria Democrática de España (FUDE) cuando fue detenido por la policía franquista el 24 de agosto de 1975, tras el asesinato del teniente de la Guardia Civil Antonio Pose. Según denuncia, le llevaron a la Dirección General de Seguridad, donde estuvo retenido durante siete días y fue sometido a “continuas torturas durante los interrogatorios”.

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