Una jueza de Madrid admite una querella por crímenes de lesa humanidad durante el franquismo

La magistrada Ana María Iguacel, del Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid, ha admitido a trámite una querella “por un supuesto delito de crímenes de lesa humanidad y torturas” durante el franquismo presentada por Julio Pacheco contra cuatro miembros de la Brigada Político Social franquista, entre ellos, el comisario jubilado José Manuel Villarejo. La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra los crímenes del franquismo (Ceaqua) celebra “la primera admisión a trámite de una querella criminal en la que se denuncian crímenes franquistas” tras más de un centenar de rechazos en distintos tribunales españoles, los dos últimos en juzgados de instrucción de Ferrol y Pamplona.

En su auto, fechado el día 12, la jueza acuerda tomar declaración al querellante y a la testigo Rosa María García Alcón el 14 de julio. Asimismo, solicita al Archivo Histórico Nacional que envíe a su juzgado “la totalidad de los documentos existentes en sus fondos” relativos al denunciante, Julio Pacheco, y en concreto, “los relativos a su detención el 24 de agosto de 1975, las resoluciones judiciales dictadas por la jurisdicción de Orden Público y estancias en prisión”. También solicita la magistrada a la Dirección General de la Policía el expediente policial completo de Pacheco. Contra el auto cabe recurso. Los otros tres policías denunciados son Álvaro Valdemoro, José Luis Montero Muñoz y José María González Reglero.

Si la denuncia prospera, celebran en Ceaqua, “sería la primera vez que un juzgado español, en el orden jurisdiccional penal, toma declaración a un querellante que sufrió graves violaciones de derechos humanos durante la dictadura franquista”. Víctimas de torturas y otros crímenes relacionados con la Guerra Civil y la dictadura han declarado con anterioridad en el consulado argentino y ante la jueza María Servía de Cubría, que instruye desde Buenos Aires y desde hace una década una causa contra los crímenes del franquismo. Víctimas de estos crímenes también declararon ante el Supremo, en 2012, como testigos solicitados por la defensa del juez Baltasar Garzón, acusado de prevaricación por abrir una causa contra los crímenes del franquismo y de la que resultó absuelto.

Julio Pacheco era un estudiante, militante del Partido Comunista y miembro de la Federación Universitaria Democrática de España (FUDE) cuando fue detenido por la policía franquista el 24 de agosto de 1975, tras el asesinato del teniente de la Guardia Civil Antonio Pose. Según denuncia, le llevaron a la Dirección General de Seguridad, donde estuvo retenido durante siete días y fue sometido a “continuas torturas durante los interrogatorios”.