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El gobierno de Ayuso activa la contratación temporal de médicos extracomunitarios en hospitales y en todas las especialidades

Madrid, que aprobó el cambio en diciembre, abre la puerta al sistema público a estos profesionales cuando los comunitarios no cubran la oferta de empleo

La consejera de Sanidad de Madrid, Fátima Matute.
La consejera de Sanidad de Madrid, Fátima Matute.Javier Lizon (EFE)
Juan José Mateo

El gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, ha activado hace “unos diez días” la posibilidad de que los hospitales de la región puedan contratar temporalmente a médicos extracomunitarios de cualquier especialidad cuando las plazas que oferten no hayan sido cubiertas por profesionales de la Unión Europea, según dos fuentes de alto rango de la consejería de Sanidad. Esa opción estaba incluida en la polémica ley ómnibus, aprobada en diciembre por el PP en la Asamblea regional, y recurrida desde entonces por el PSOE ante el Tribunal Constitucional. De esta manera, la norma no solo supuso realizar una quincena de cambios legales en una sola votación para que así el Ejecutivo regional afianzara su control de Telemadrid, e influyera en el Consejo de Transparencia o la Cámara de Cuentas. También recogía esta modificación, cuya aplicación práctica en el sistema sanitario público está rodeada de preguntas.

“¿Que pasará con estos profesionales si las condiciones de “necesidad” de especialistas cambian? ¿se puede convertir en una plataforma de acceso a trabajo en otros países de la UE con mayores retribuciones?”, se pregunta Daniel Bernabéu, presidente del sindicato Amyts. “Por no hablar de que estos profesionales se forman en España por un convenio de colaboración para mejorar la formación médica de sus países, y que en vez de retornar esa mejora les quitamos a esos profesionales una vez formados”, continúa. “Nosotros no tenemos una oposición frontal a su incorporación, aunque hay algunos puntos oscuros que no sabemos cómo se van a resolver”, advierte. Y precisa: “Técnicamente son especialistas formados en los hospitales españoles, y que por tanto pueden ejercer con todas las garantías que ofrece nuestro sistema de formación”.

El efecto práctico de la medida es una incógnita: entre septiembre, cuando se activó restringidamente para los médicos de familia y pediatras, y diciembre, solo dos se incorporaron a los centros de salud, mientras que a las bolsas de trabajo correspondientes se inscribieron 227 médicos de familia y 12 pediatras extracomunitarios. De hecho, en Sanidad no se aventuran a hacer un cálculo de cuantos profesionales se podrían incorporar al sistema público por esta vía, entre otras cosas porque depende de las plazas que se oferten en cada especialidad. Que estas no sean cubiertas por médicos comunitarios servirá como prueba del déficit de efectivos que se exigía demostrar hasta ahora, complicando el proceso.

Todo empieza en diciembre, cuando este cambio legal pasa casi desapercibido entre el ruido que provoca que el PP se asegure el control de los organismos fiscalizadores de la región a través de la aprobación de la ley ómnibus.

“Las necesidades asistenciales y el déficit de profesionales en determinadas especialidades médicas tanto en los ámbitos de Atención Hospitalaria, Atención Primaria y SUMMA 112 del Servicio Madrileño de Salud, hacen necesario regular la posibilidad de permitir el acceso temporal a la condición de personal estatutario a los nacionales extracomunitarios, como medida para dotar a las Instituciones Sanitarias del Servicio Madrileño de Salud de todos los recursos humanos necesarios”, se lee en el texto de la norma. “Se ha considerado necesario para afrontar el problema del sistema sanitario modificar el artículo 37 de la Ley 11/2022 eximiendo, en los procesos selectivos de personal estatutario temporal, del cumplimiento del requisito de nacionalidad para las categorías de personal sanitario que requieran estar en posesión de una especialidad médica”.

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En el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (Icomem) había registrados a finales de 2023 49.394 médicos, de los cuales 7.133 eran extranjeros (un 14%). Entre ellos, la mayoría provenían de Cuba, Venezuela, Colombia y Argentina. De todos ellos, solo dos podían trabajar en la sanidad pública regional: Madrid ya había declarado a las especialidades de medicina familiar y comunitaria, y pediatría, más sus áreas específicas, como especialidades médicas deficitarias en los centros y organizaciones adscritos al Servicio Madrileño de Salud, por lo que las plazas podían ser ocupadas por profesionales extracomunitarios si los comunitarios no cubrían la oferta. Ahora esa previsión se extiende a todas las demás especialidades, según dos fuentes gubernamentales.

Centros de difícil cobertura

Así, los hospitales y centros de salud han sido informados por parte del departamento de recursos humanos de Sanidad de que podrán ofertar esas plazas a médicos extracomunitarios. Su ocupación, en todo caso, no podrá exceder los tres años.

“No pueden ser propietarios de la plaza”, recuerda una fuente gubernamental. Para trabajar en la Sanidad Pública estos profesionales deben tener permiso de residencia y trabajo, homologar su título, colegiarse en el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (Icomem) y obtener el reconocimiento de su especialidad médica en España. Este año, precisamente, se creó la Federación Española de Médicos Iberoamericanos para guiar a los médicos extracomunitarios cuando se presenten como candidatos a convocatorias como estas.

El ejecutivo autonómico espera abrir así una vía para paliar en parte la falta de profesionales que aqueja al sistema sanitario público en general, y al madrileño en particular. Sin embargo, otras iniciativas lanzadas con ese objetivo apenas han tenido éxito.

De esta manera, pese a que el gobierno ha comenzado a pagar 500 euros extra a los profesionales que ocupen plazas de difícil cobertura en centros de salud, solo un 25% de esas plazas se han cubierto, según una fuente gubernamental. Ese dato, unido a la jubilación de gran parte de la plantilla en el próximo decenio, fotografía parcialmente un problema de gran calado: el de dotar a la sanidad pública autonómica de los recursos humanos suficientes.

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Sobre la firma

Juan José Mateo
Es redactor de la sección de Madrid y está especializado en información política. Trabaja en el EL PAÍS desde 2005. Es licenciado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Periodismo por la Escuela UAM / EL PAÍS.
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