Ayuso veta recordar con una placa que la sede del Gobierno madrileño fue un centro de detención y torturas franquista

Como si supiera que va a tener que hablar de Franco, Nino Olmeda atiende la llamada de este diario mientras come en la Hospedería de la Santa Cruz del Valle de Cuelgamuros, donde el dictador estuvo enterrado durante más de 40 años. Este periodista, que fue detenido durante la dictadura, registró el lunes en la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid una petición para que el Gobierno colocara en su sede una placa que recuerde que ese mismo edificio fue en su día un lugar terrorífico, lleno de dolor y gritos, con celdas y torturadores, como base de la Dirección General de Seguridad del régimen. “Sin memoria, los recuerdos se nublan y corremos el riesgo de repetir errores sangrientos del pasado”, argumenta sobre una solicitud que también hicieron hace un mes Sumar en el Congreso de los diputados y Más Madrid en el Parlamento regional. Pero no hace falta que pasen ni 72 horas para que Olmeda sepa que su petición no tiene futuro: el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, con la presidenta a la cabeza, se opone.

“Por dejar esta cuestión zanjada, o eso espero, puedo decir que la sede del Gobierno es la sede de la Presidencia y es, por tanto, la casa de todos los madrileños, y que ese es el único uso que tiene y que tendrá”, dijo el miércoles, tajante, el portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel García Martín, durante una comparecencia. “Para aquellos que están constantemente revisando la historia, recordar que este edificio es un edificio con muchísima historia”, siguió, recordando, entre otras cosas, que en el mismo lugar se situó el Ministerio de la Gobernación de la Segunda República, “cuando también se persiguió por sus ideas a muchos madrileños”. Y remató: “Sobre las placas instaladas o que se puedan instalar, en este momento hay tres, y son las únicas que habrán (...) porque unen y no dividen”.

Una honra a los héroes del Dos de mayo. Otra recuerda a las víctimas del 11-M y a quienes las auxiliaron. Y la última, a los fallecidos durante la pandemia de la covid. Así lo subraya la propia Díaz Ayuso a través de un mensaje en sus redes sociales, en el que pone su sello personal al veto a la memoria de los represaliados.

“La Real Casa de Correos fue el centro de detención principal y de represión del poder franquista”, recuerda Mario Martínez Zauner, autor de Presos contra Franco (Galaxia Gutenberg, 2019). “En las torturas había arbitrariedad: no sabían cuánto tiempo iban a estar en el calabozo; cuándo iban a comer; cuándo se apagaría la luz; cuándo podrían descansar”, describe este antropólogo tras recoger una cincuentena de testimonios de militantes comunistas y anarquistas.

“A eso se unían largos interrogatorios con amenazas a familiares, palizas... no era una tortura sofisticada, pero sí un duro castigo físico y psicológico por causas políticas”, añade. Y plantea: “El sentido de la memoria en este edificio [a través de la placa] sería ejemplarizante, para que nada así se repita, y a modo de recordatorio de la lucha por conquistar las libertades y la democracia”.

Porque lo que no está, ni se ve, ni se recuerda, coincide el periodista Olmeda. Sin un hito que sirva de apoyo a la memoria, ¿Cuántos visitantes recordarán en unos años que tras esos mismos muros hoy investidos de la solemnidad gubernamental operó la Brigada Político Social de Roberto Conesa y Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño? ¿Que hubo un presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón, cuyo padre fue encarcelado por la dictadura en ese mismo edificio? ¿O que otro, el primero, Joaquín Leguina, ya en democracia, tuvo que esperar años para que se marchara la policía y desaparecieran las celdas, mientras bromeaba para espantar al fantasma de sus compañeros socialistas detenidos con la frase “espero que se lleven de aquí las mazmorras antes de que me metan en ellas”?

“Por eso esto no es una cuestión ideológica, ni de confrontación política, no es algo ni de derechas ni de izquierdas”, defiende Olmeda. “Se trata de ponerle al edificio el nombre de lo que fue”, argumenta. “Era un centro de detención y tortura, ahí estuve yo detenido varias veces, como otras 200.000 personas”, recuerda. “Solo pido el reconocimiento de la memoria: que cuando no quedemos ninguno de los que lo vivimos, no se olvide”.

En la misma línea, Más Madrid, el partido de la ministra Mónica García, llevaba en su programa electoral que la Real Casa de Correos, que albergó la Dirección General de Seguridad hasta 1979, se adecúe para recordar a los represaliados por el franquismo. Por su parte, Sumar, la plataforma de la vicepresidenta Yolanda Díaz, registró a finales de marzo una proposición no de ley en el Congreso para que la actual sede del gobierno regional se convierta en un lugar de Memoria Democrática.

Son propuestas más ambiciosas que la de Olmeda: por ejemplo, incluyen instalar una placa con los nombres de los represaliados y reproducir un calabozo a modo de centro de recuerdo sobre lo ocurrido.

“Madrid y España, como sociedades democráticas que son, merecen conocer su pasado para mirarse críticamente”, sostiene Manuela Bergerot, la portavoz de Más Madrid; “para garantizar el derecho a la memoria, no es una cuestión ideológica, sino de cultura democrática”. Pero ninguno de esos proyectos se harán realidad. Al menos, mientras Ayuso y el PP ocupen la presidencia.

Suscríbete aquí a nuestra newsletter diaria sobre Madrid.