La pareja de Ayuso admitió ante la Fiscalía los delitos tributarios que la presidenta negó en público, y se ofreció a pagar lo defraudado

El abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, envió el 2 de febrero un correo electrónico a la Fiscalía Provincial de Madrid en el que reconocía la comisión de “dos delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto de Sociedades, 2020 y 2021″, según informan a EL PAÍS fuentes próximas al ministerio público. Su objetivo era llegar a un acuerdo para pagar la cantidad adeudada (350.951 euros más los intereses de demora) y así reducir la posibilidad de acabar en la cárcel y de pagar una sanción hasta siete veces mayor que la cantidad defraudada. Sin embargo, más de un mes después, cuando ya había trascendido que el empresario había sido acusado de dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental, Ayuso defendió la inocencia del intermediario y denunció la supuesta alianza “de todos los poderes del Estado” contra el comisionista. La Fiscalía de Madrid ha divulgado esta mañana un comunicado oficial en el que confirma que el abogado del novio de Ayuso ofreció “un pacto de conformidad” al ministerio público, en el que reconocía la autoría “de dos delitos” fiscales, aceptaba pagar las cantidades defraudadas, así como una “sanción penal”.

“No hay trama de facturas, no hay sociedades pantalla”, dijo este mismo miércoles la presidenta regional durante una durísima comparecencia en la que acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haber orquestado una investigación sin fundamento alguno para tapar el caso Koldo y la aprobación de la ley de amnistía, así como para destruirla políticamente. No obstante, para cuando Ayuso habló en defensa del hombre con el que convive, hacía semanas que este había admitido a través de su abogado los delitos que ella negaba.

Esta es la secuencia de hechos, según el relato de las fuentes consultadas por EL PAÍS, que rechazan la versión de los hechos que difundió el entorno de Ayuso, poniendo en cuestión la independencia del ministerio público en sus actuaciones.

El 2 de febrero, el abogado de González envió a las 12.45 un email, adelantado el miércoles por la Cadena SER, en el que proponía un pacto al ministerio fiscal, reconociendo los hechos delictivos y su voluntad de conformarse con una determinada sanción penal, menor en dos grados a la que le correspondería. “Ciertamente, se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”, se leía en el correo.

El 12 de febrero, según la reconstrucción de hechos de fuentes conocedoras de la investigación, el fiscal contestó al letrado para confirmar que tomaba nota “de la voluntad de su cliente de reconocer los hechos y satisfacer las cantidades presuntamente defraudadas”, que alcanzan los 350.951 euros, según los inspectores de Hacienda que denunciaron el caso.

Un mes después, el 12 de marzo, el fiscal contestó por correo electrónico la denuncia registrada el 5 de ese mes al abogado de González Amador “para facilitarle el derecho de defensa” y le reiteró, pues ya se lo había comunicado el 12 de febrero, que la existencia de otras cuatro personas denunciadas en este procedimiento no constituye un obstáculo para que se pueda alcanzar una conformidad penal.

La nota que ha difundido esta mañana de la Fiscalía Provincial de Madrid, titulada Aclaraciones sobre la denuncia contra Alberto González Amador por delitos de defraudación tributaria y falsedad documental, confirma el ofrecimiento de un pacto por parte del abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso. “El único pacto de conformidad, con reconocimiento de hechos delictivos y aceptación de una sanción penal, que ha existido hasta la fecha es el propuesto por el letrado de D. Alberto González Amador al fiscal encargado del asunto en fecha 2 de febrero de 2024″, dice el comunicado, en el que se detallan cronológicamente las comunicaciones entre el letrado de la pareja de Ayuso y el ministerio público.

Según el artículo 305.6 del Código Penal, “los jueces y tribunales podrán imponer al obligado tributario o al autor del delito la pena inferior en uno o dos grados, siempre que, antes de que transcurran dos meses desde la citación judicial como imputado satisfaga la deuda tributaria y reconozca judicialmente los hechos”. Es decir, aunque el ofrecimiento de alcanzar un acuerdo (2 de febrero) fue previo a la interposición de la denuncia por la Fiscalía (13 de febrero, con registro de 5 de marzo), el pacto no se podía alcanzar entonces, pues primero González tiene que ser citado como investigado. En el momento de la publicación de este artículo, el juzgado en el que ha recaído el caso aún no se había pronunciado al respecto.

¿Cómo se llegó hasta ese punto? Entre 2019 y 2020, Maxwell Cremona, la empresa sin empleados de González, multiplicó por seis sus ganancias. Al calor de la pandemia, el comisionista firmó cuantiosos contratos para poner en contacto a empresas capaces de conseguir mascarillas o guantes con compañías que deseaban comprarlos. Así, por ejemplo, ingresó casi dos millones en comisiones cobradas a FCS Select Products S. L., una empresa a la que luego acabaría denunciando el PP de Madrid, que preside Díaz Ayuso, por sus contratos con la Administración central (que superaron los 263 millones).

Para disfrutar de esos ingresos, según los investigadores de Hacienda, las compañías relacionadas con el empresario habrían presentado 15 facturas falsas por gastos ficticios que suman 1,7 millones de euros. Dos de ellas llamaron especialmente la atención de los inspectores, por tener sede en México y Costa de Marfil.

Así, la investigación recoge que la empresa de González, Maxwell Cremona, se dedujo en 2020 una “factura por importe de 620.000 euros emitida por la sociedad mexicana Mke Manufacturing SA (...) empresa que no realizó ningún servicio o trabajo”. En 2021, Gayani Ltd, con sede en Costa de Marfil, permitió a la empresa del investigado deducirse “indebidamente” 922.585,63 euros. Esas dos entidades estarían administradas por el mismo empresario de origen mexicano y no tendrían personal para ejecutar los trabajos facturados.

En consecuencia, los investigadores consideran que las facturas se emitieron “con la única finalidad de reducir la tributación, deduciéndose indebidamente gastos en virtud de facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados”.

Algo parecido vino a reconocer el empresario a través de su abogado cuando envió el email del 2 de febrero admitiendo la autoría de “dos delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto sobre Sociedades, 2020 y 2021″. Un presunto intento de defraudar al erario público que Díaz Ayuso seguía negando más de un mes después.

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